El gran ausente de siempre

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Economía & mercado

El pasado viernes dos de septiembre se desarrolló una nueva instancia del buen ciclo de conferencias titulado "Políticas de Estado. El agro en los tiempos que vienen". El evento en esta ocasión convocó a diversos analistas del tema agrícola, quienes plantearon opiniones sobre las perspectivas globales de esta rama de la actividad agropecuaria. Hubo enfoques económicos, productivos, de infraestructura, pero esta vez los organizadores nos dejaron a todos con las ganas de profundizar en los temas polémicos de política que están afectando el desempeño del sector. Ausente la polémica por la forma en que se organizó el evento, los panelistas solo respondieron a preguntas de los organizadores, que en este caso no fueron al hueso de los problemas.

Nos quedamos sin saber qué opinan acerca de por qué cae el área agrícola en un contexto de buenos precios, o por qué el accionar de ALUR destruye toda posibilidad de accionar privado en áreas agroindustriales. Se salva el Ing. Nin de Copagran que dejó algunas afirmaciones contundentes.

PROPIEDAD. Pero sobre todo el gran ausente fue como siempre, como ocurre cada vez que se habla de conservación de suelos, el respeto de los derechos de propiedad. No me llama la atención que representantes de un gobierno socialista opinen sobre lo que hay que hacer, lo que se puede y lo que no, aun dentro del ámbito de la empresa de cada uno; es lo suyo sustituir sin pudor las decisiones individuales por las del Estado, haciendo entretanto trizas la libertad individual. Pero sí me llama la atención desde siempre que, cuando se habla de conservación del suelo, muchos se sientan con derecho de opinar acerca de cómo deben hacer los demás para cuidar sus campos, como si estos fueran propiedad de todos, algo que notoriamente no es así al menos hasta que reformemos la Constitución, y traspasemos al Estado todos los medios de producción. Pero mientras esto no sea así, y mientras lo que un productor cualquiera haga en su propiedad no afecte directamente a otro, no hay por qué tolerar que se junten tres o cuatro semi expertos en la ciencia del suelo y, poniendo su cuidado por encima de todo derecho individual, discutan ideas de contenido imperativo acerca de qué, cuánto y cómo producir en el campo de otro.

El tema del cuidado de los recursos naturales posee una magia increíble que hace que muchos lo pongan por encima del cuidado de cualquier derecho individual. Y de esta forma se escuchan planteos como los del ministro actual cuando señala que hay obligación de dejar el suelo como lo recibimos a nuestros hijos. Puede ser este un buen consejo, una sugerencia técnica, pero nunca un imperativo de política porque así se avasallan muchos principios más importantes. Un productor cualquiera no debe perder el derecho de correr el riesgo de sobreexplotar su campo alguna vez, a lo mejor para pagar un posgrado a un hijo, o tal vez para costearle un tratamiento oncológico en otro país; y resultaría absurdo que el MGAP le prohibiera ejercer su opción por evitar la posibilidad, solo la posibilidad, de perder unas toneladas de suelo. Qué dejar a un hijo, si alguna tonelada más de suelo, un posgrado o un auto, todas son decisiones libres de cada uno y jamás del gobierno. Este puede -de hecho lo está haciendo muy bien- difundir buenas prácticas, hacer pensar a la gente sobre lo que implica para el suelo una forma u otra de cultivarlo, etc. Pero entrometerse dentro de su casa para obligarlo a hacer o no hacer lo que tiene derecho, imperativamente, esto es un reflejo totalitario propio de ideologías que no son democráticas. Y en muchos casos una evidente expropiación indirecta sin indemnización.

INNECESARIO. Más absurdo es todavía este imperativo plan de suelos del MGAP, de discutible base científica, si uno lo sitúa en el contexto nacional, caracterizado por una conciencia muy extendida sobre el cuidado del suelo. Rotaciones de cultivos, laboreo en franjas, todas son prácticas que fueron muy difundidas en el país. Puede haber alguna excepción, pero no por ella hay que meter más policía en un país pasado de intervencionismo. Y puede haber también desde el sistema de precios alguna vez, algún estímulo a la sobreexplotación, como pasó hace un tiempo y ya se viene corrigiendo solo. Por otra parte y como lo recordó el llamado "rey de la soja" en el seminario, el Ing. Gustavo Grobbocopatel, profesor él mismo de edafología, las empresas grandes están interesadas en sostener en el tiempo su negocio y no destrozar la fuente del mismo. De manera que el clima es el ideal para continuar con una política de concientización en el cuidado del recurso. Sin embargo, cuando el MGAP en vez de aconsejar no hacer agricultura en un suelo, afirma que en el mismo se prohíbe plantar, desde el punto de vista edafológico quizás cometa un error; pero desde el punto de vista del derecho es seguro que lo comete. Más aún cuando la tecnología puede ir cambiando las cosas, y la economía poniendo un precio interesante al riesgo de sobreexplotar el suelo.

MGAP IRRESPONSABLE. La directora del MGAP encargada de estos temas, que ha colaborado mucho en su difusión, adelantó que posiblemente la obligatoriedad de los famosos planes, que este año se iba a hacer efectiva solo en las empresas grandes -extranjeras, sojeras, de glifosato y transgénicos, etc.- se va a postergar. Afirmó que no quería establecer una asimetría en la competencia entre empresas obligadas y de las otras; y está bien, pero resulta casi candoroso que algo tan obvio el MGAP lo perciba dos o tres años después de amenazar con su obligación intervencionista, totalitaria. Y es ya no candoroso sino irresponsable, que el MGAP no tenga evaluada desde el punto de vista económico y social la pérdida de área agrícola que supondría aplicar sus planes estrictamente, para lo que no tiene ni capacidad técnica para laudar en temas opinables, ni policíaca para llevar a cabo sus ideas y terminar por ejemplo con el monocultivo de caña de azúcar... Algunos analistas creen que si estas ideas se llevaran a cabo el área agrícola podría caer un 40%. Aún si fuera solo un 20%, el país perdería anualmente en gastos directos no menos de 350 millones de dólares, concentrados en las zonas más pobres y alejadas que son las que, más allá de la erosión, están más necesitadas del efecto dinamizador de la agricultura.

En definitiva, el tema del cuidado del suelo no puede plantearse excluyendo análisis de impactos económicos y sociales como irresponsablemente lo plantea el MGAP, ni, mucho menos, divorciado de toda consideración de los derechos que no son solo de los productores. Porque cada vez que dejamos que el Estado se meta en la casa de algunos, en este caso los agricultores, en realidad hemos corrido otro cerrojo para que cada vez se meta más en la de todos.