Comprender no da para justificar

JORGE CAUMONT

Reconozco que lo que sé de la educación en Uruguay es lo que leo en la prensa y, esporádicamente, en publicaciones que generalmente esquivan el núcleo de lo que más agrada saber a un economista. Éste, como todos, es contribuyente de impuestos pero no como todos, y por naturaleza, gusta hurgar en los efectos que los esfuerzos distributivos fiscales tienen en la vida presente y futura de la sociedad.

COSTO-BENEFICIO. ¿Cuál sería, entonces, un tema vinculado a la educación, que un economista reconocería como muy oportuno y apropiado saber en estos tiempos de discusión presupuestal? Naturalmente, uno que vincule un eventual mayor trasiego de recursos de la sociedad hacia la educación con el beneficio adicional que se obtiene por ello. Más precisamente, cuánto aporta al bienestar social o cuánto retorna a la sociedad, un cambio dado en el gasto en educación. No he visto trabajo alguno que vincule ambas cosas: costo para la sociedad y beneficios que se obtienen por ello en el bienestar social, no solamente en el de quienes reciben la transferencia. Todos asistimos durante la administración pasada al significativo aumento del gasto en educación. Estamos ahora, frente a una renovada demanda por un nuevo aumento. Nada sabemos, sin embargo, y deberíamos conocer para evaluar la nueva solicitud, acerca del beneficio marginal obtenido por el incremento del gasto pasado. Si ello no es conocido, ¿cómo se puede evaluar el nuevo pedido de llevar el gasto público en educación a una nueva relación, más alta con la producción de bienes y de servicios de la economía uruguaya, lo que se conoce como PIB? Para muchos, la evaluación es sencilla y la demanda se justifica porque los maestros, los profesores y los empleados administrativos del sector educativo ganan poco o porque los locales que existen no son buenos o adecuados y se deberían mejorar o aumentar en número. Para esos muchos, ello es suficiente para exigir un mayor gasto en educación. Pero es obvio que ese mayor gasto debe provenir de alguna fuente: más o más altos impuestos del resto de la población, mayor endeudamiento público a pagar por ésta y sobre todo por las futuras generaciones, una mayor inflación, una disminución del gasto en otros programas del sector público o una combinación de todas esas alternativas de financiamiento. Pero también para muchos y, ciertamente para muchísimas más personas que las destinatarias de la transferencia de ingresos, es pertinente la necesidad de una explicación cuantitativa. De ahí que un economista desee siempre evaluar el aumento en el gasto con respecto al retorno social a que da lugar, con la contribución marginal que ese aumento provoca en el bienestar general, presente o futuro. Y eso no lo conocemos.

Todos asistimos a los forcejeos y demandas presupuestales de los funcionarios públicos en general y de los vinculados a la educación en particular cuando se discute, al comienzo de cada período de administración de gobierno, la asignación que la Tesorería debe hacer de sus fondos durante los cinco años que rige esa administración. Justo es reconocer que es derecho de quienes reclaman, hacerlo en una democracia representativa. Pero también es justo reconocer que el contribuyente tiene el derecho de saber el retorno que tiene el reclamo de un mayor gasto en educación y no solamente conocer y soportar el costo por ello. Sin esa información otros pueden tener más interés en un mayor gasto en infraestructura, o en salud, o en vivienda o en seguridad o en cosas por el estilo. Y es seguro que, sin la justificación del retorno social del aumento del gasto para cada programa, cada uno encontrará su razón para el reclamo. Pero, lamentablemente, el problema económico existe: los recursos son escasos, hay que satisfacer demandas infinitas y el óptimo es contemplar aquellos programas de gastos que son los más beneficiosos para el conjunto de la sociedad.

CONSECUENCIAS. Es imposible, con los recursos disponibles y aún con su crecimiento esperado a partir de lo que crezca la actividad económica, satisfacer a todos los interesados en aumentar el gasto en las actividades en las que se desenvuelven. Si los recursos disponibles fuesen infinitos, no habría problemas para distribuirlos, pero son limitados y no todas las demandas pueden ser satisfechas. Es el gran problema del Ministerio de Economía: ¿cuáles satisfacer de modo que brinden el mayor beneficio posible a todos, y no solo a algunos, de los uruguayos?

El Ministerio de Economía debe cuidar el financiamiento de sus erogaciones, de su presupuesto. Si contemplara a todos, el resultado sería fuertemente negativo y todos los uruguayos tendríamos que soportar consecuencias desagradables. Si el resultado negativo de las finanzas públicas que se prevea por las erogaciones que se prometan en el presupuesto se financiara con mayor presión tributaria, quienes pasen a ser más gravados tienen el derecho de saber el beneficio que obtendrán por su mayor esfuerzo contributivo en términos de la mejora de los servicios que el Estado brinda. No debemos dejar de reconocer que más impuestos afectarán adversamente, sin lugar a duda alguna, a su gasto tanto en consumo como en inversión y el empleo general se resentiría, entonces, para todos. Si el financiamiento es con mayor endeudamiento, todos los uruguayos, la generación actual y la futura, deberán soportar el peso de la factura a pagar y seguramente más tarde o más temprano el servicio de la deuda por intereses retaceará su gasto y nuevamente ello repercutirá sobre el empleo y la producción. Si el financiamiento es con emisión de moneda, la inflación desdibujará una aparente mejoría inicial por el mayor gasto y las consecuencias mayores serán -más tarde o más temprano- sobre quienes tienen ingresos fijos y, otra vez sobre el empleo y sobre la producción. Si el financiamiento fuese con recortes de otros gastos, está el derecho de quienes ven restringidos sus ingresos a pedir explicaciones sobre las razones del corte si hasta ahora se suponía que el programa que les alcanzaba era más beneficioso socialmente que el nuevo al que se dirigen ahora los recursos.

Ante todo esto, es claro que la discusión presupuestal involucra al futuro de todos y no de algunos uruguayos. Por eso es preciso contar con una calificación de la calidad del gasto y de su aumento que muestre lo que más conviene a la sociedad en su conjunto y no simplemente repartir sin la contrapartida del retorno a que nos lleva ese reparto. La verdadera justicia social no está alejada del problema económico. La verdadera justicia social, en un contexto de limitados recursos fiscales, está en volcarlos hacia aquellos fines que satisfagan a toda nuestra sociedad y no simplemente a los receptores de esa traslación de ingresos. Este debe ser, sin dudas, el principio rector de la discusión presupuestal y ya no sólo para un economista sino para todo actor social.