Aportes a los Departamentos

BERNARDO PORRAS | COLUMNISTA INVITADO

En estos días estamos conociendo la impronta del nuevo gobierno, en sus múltiples aspectos. Pero en lo que tiene que ver específicamente con la economía y con las prioridades para estos cinco años nada sustituirá al proyecto de presupuesto nacional como revelador de esos propósitos.

El plazo para la presentación del mismo por parte del Poder Ejecutivo comenzó ya el 1º de marzo y vencerá el 1º de septiembre de 2010 (inciso primero del artículo 214 de la Constitución).

Paralelamente, se discute hoy sobre la implementación de la ley de alcaldías, la descentralización y estamos ya en plena campaña electoral para las elecciones departamentales.

Qué mejor entonces que revisar cómo habrán de fijarse los aportes que recibirán los Gobiernos Departamentales del presupuesto nacional. Veámoslo en las siguientes líneas.

De acuerdo al inciso 2 del artículo 214 de la Constitución el Presupuesto Nacional se proyectará y aprobará con una estructura que contendrá: c) "Los recursos y la estimación de su producido, así como el porcentaje que, sobre el monto total de recursos, corresponderá a los Gobiernos Departamentales. A este efecto, la Comisión Sectorial referida en el artículo 230 asesorará sobre el porcentaje a fijarse con treinta días de anticipación al vencimiento del plazo establecido en el inciso primero…" (el destacado es nuestro).

Lo anterior significa entonces que antes de proyectar el porcentaje que corresponda destinar a los Gobiernos Departamentales, el Poder Ejecutivo debe asesorarse con dicha Comisión Sectorial, y significa también que dicho asesoramiento debe estar completo antes del 1º de agosto de 2010.

COMISIÓN SECTORIAL. De conformidad al artículo 230 de la Carta, la Comisión Sectorial se integra exclusivamente con delegados del Congreso de Intendentes y Ministerios competentes.

En cuanto a los representantes del Poder Ejecutivo en dicha Comisión Sectorial, la situación es normal ya que se tratará de personas que integran el actual gobierno y que estarán simplemente ayudando a definir el porcentaje a destinarse a los Gobiernos Departamentales como parte de una estrategia mayor, con más componentes y que les servirá de guía hasta completar el período de gobierno.

Sin embargo, otra cosa muy diferente ocurre con los delegados del Congreso de Intendentes.

Así, de acuerdo a la reforma constitucional de 1997, al separarse las elecciones nacionales de las departamentales, las últimas tendrán lugar recién el segundo domingo de mayo de 2010 (inciso tercero del numeral 9) del artículo 77 de la Constitución). Y quienes resulten electos Intendentes en dicha elección no ocuparán sus cargos sino hasta cumplidos sesenta días de su elección (artículo 262 de la Constitución).

Este año el sistema determinará que los nuevos Intendentes asuman sus cargos el 8 de julio de 2010.

De acuerdo a lo anterior, quedarían solo dos opciones:

i) La Comisión Sectorial -que informará sobre los aportes deseables para los Gobiernos Departamentales- se integraría por delegados de un Congreso de Intendentes mayormente salientes y ergo, sin mayor preocupación por los aportes que habrán de obtenerse del Gobierno Central; o

ii) La Comisión Sectorial se integrará a los efectos mencionados con delegados de un Congreso de Intendentes mayormente entrantes, y que por ese motivo habrán estado solo 23 días en posesión de sus cargos al momento en que finalice el plazo para haberse reunido en el Congreso de Intendentes, discutido los aportes, designado sus representantes en la Comisión Sectorial y que, esta última, haya elevado su propuesta al Poder Ejecutivo.

ALGUNAS CONCLUSIONES. En ciertas oportunidades nos preguntamos: ¿por qué a los uruguayos nos salen las cosas mal? Y lo que se viene de relatar es seguramente una buena explicación.

Véase que: primero, los uruguayos nos hemos planteado como objetivo algo que no está claramente definido en qué consiste, como lo es la "descentralización", concepto al cual cada uno le imputa lo que le parece.

Luego, le hemos encargado a un órgano pluripersonal, como el Congreso de Intendentes, formado por diecinueve personas que están cada uno al frente de ejecutivos departamentales con realidades todas diferentes, que nombren delegados para integrar un tercer órgano, la Comisión Sectorial.

En tercer lugar, a la Comisión Sectorial se le ha encargado asesorar al Poder Ejecutivo en relación al porcentaje del presupuesto nacional que se sugiere se aporte a los Gobiernos Departamentales. Pero, para ello, se le ha puesto en una encrucijada, o se integra con Intendentes salientes lo que no es recomendable o lo hace con los nuevos Intendentes electos pero, en este caso, contando con un tiempo harto insuficiente para trabajar.

Para peor, la "solución" es inmodificable si no se adecua el texto constitucional.

Y último, pero no menos importante, a la fecha, ya entrada la campaña por los Gobiernos Departamentales nadie pregunta siquiera sobre este tema, lo que, obviamente, termina de configurar un panorama bastante desalentador.

Insisto, después nos preguntamos: ¿por qué nos salen las cosas mal?