Un temblor tributario en Chile

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FRANCISCO ROSENDE | DESDE SANTIAGO DE CHILE

El presidente Piñera anunció a fines de abril una reforma tributaria en Chile, con la que se espera recaudar alrededor de US$ 800 millones, algo así como un 0,25% del PIB. Con posterioridad a esta propuesta se inició un intenso debate económico y político, el que continuará en las próximas semanas en el Congreso, donde el Gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, lo que otorga un importante grado de incertidumbre a la reforma tributaria que finalmente se apruebe.

El proyecto presentado por el Gobierno plantea esencialmente: un aumento en la tasa del impuesto a las ganancias de las empresas de 17 a 20%; algunos "impuestos verdes", que apuntan a los productos que generan un alto volumen de desechos en vertederos y rellenos sanitarios, como neumáticos, aceites y lubricantes, pilas y baterías; una mayor tasa de impuesto a las bebidas con mayor contenido de alcohol; una baja del impuesto al crédito -denominado en Chile "impuesto de timbres y estampillas"- de 0,6 a 0,2%; una reducción de la tasa de arancel a las importaciones procedentes desde países con los cuales no existe acuerdo de libre comercio, de 6 a 0%, proceso que se completa el año 2015; una reducción de la tasa marginal de impuesto al ingreso de las personas del orden de 10 a 15%, dependiendo del tramo de ingreso y; un descuento de la carga (un crédito tributario) de los gastos en educación que realicen las familias de ingreso medio, cuyo techo es de un ingreso del hogar de $ 1.500.000, lo que equivale a alrededor de US$ 3.000.

A ello se añade el establecimiento de un sistema de impuestos variables a los combustibles, de modo de atenuar las fluctuaciones de los precios a los consumidores. Cabe mencionar que no obstante los amplios cuestionamientos técnicos a la idea de rebajar los impuestos a los combustibles -por las externalidades asociadas a su consumo- la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido más importante de la coalición gobernante, logró imponer su planteamiento de introducir algún tipo de ajuste en el impuesto a los combustible de modo de contener el alto costo para la comunidad asociado al uso de transporte privado con los actuales precios internacionales del petróleo.

A priori se puede anticipar un intenso debate en torno a la mencionada iniciativa del Gobierno, siendo difícil su aprobación parlamentaria, al menos en los términos de su planteamiento original. Cabe señalar que la oposición presentó días atrás una propuesta tributaria que apuntaba a recaudar exactamente ¡diez veces más que la del gobierno! Ello a través de un programa de subas de impuestos que se completaría el año 2020.

DEMANDA ESTUDIANTIL. Es difícil entender el actual debate en torno a la magnitud que debería alcanzar el alza de la carga tributaria en Chile sin referirse a los movimientos estudiantiles del año pasado. Como se recordará, las demandas de los estudiantes universitarios a favor de una baja del costo de sus estudios, entre otras peticiones, concitó un importante grado de aprobación ciudadana, forzando al Gobierno a reaccionar a éstas con diversos ajustes en las condiciones de crédito y becas para los estudiantes de menor ingreso. En el caso del crédito universitario se redujo drásticamente la tasa de interés asociada a éste, quedando fija en un 2% real al año. Por otro lado se estableció un mecanismo de recuperación de los créditos contratados para financiar los estudios universitarios que impide que el pago por estos supere al 10% de los ingresos del individuo en su inserción al mercado laboral.

Por otro lado, en el debate técnico acerca de los requerimientos de una efectiva estrategia de mejoramiento en la calidad de la educación destacó la idea de fortalecer la calidad y cobertura de la educación preescolar, lo que desde luego involucra comprometer una cuantía no despreciable de recursos fiscales a esta tarea.

Para el Gobierno la propuesta tributaria anunciada representa un equilibrio razonable entre las amplias demandas por recursos fiscales, la eficiencia dinámica de la economía -esto es, su capacidad de sostener altas tasa de crecimiento en el mediano plazo- y la viabilidad política de tales ajustes.

DEBATE PELIGROSO. La discusión de ajustes tributarios involucra el inevitable riesgo de quedar entrampada en divagaciones filosóficas en torno a la deseabilidad de un Estado grande versus uno pequeño. Una ilustración de este tipo de discusiones la hemos visto en el marco de las disputas presupuestarias y posteriormente de la contienda presidencial, en los Estados Unidos. La primera víctima de este tipo de enfoque es el rigor económico.

Un camino más fructífero de debate pasa por: enfocarlo en la rentabilidad social de los proyectos que se recomienda añadir al programa de gastos del Gobierno; evaluar la posibilidad de realizar reasignaciones de recursos dentro del conjunto de programas en curso y; el efecto de los ajustes tributarios propuestos sobre la capacidad de crecimiento de la economía. En particular, sobre la inversión, el ahorro y la disposición a innovar.

Así, al momento de discutir propuestas de alzas de impuestos no se puede soslayar que el gasto fiscal como porcentaje del PIB creció fuertemente -cerca de seis puntos porcentuales- entre los años 2005 y 2009. Dado ello, la primera reacción de las políticas públicas debería apuntar al análisis de la eficiencia de dicho gasto, el que se elevó fuertemente en poco tiempo, lo que hace razonable sospechar que existe espacio para reasignaciones eficientes. Por otro lado, un análisis del sistema tributario y en particular, del nivel de la carga fiscal, no puede soslayar el deterioro que ha experimentado la capacidad de crecimiento de la economía por algo más de una década. De hecho, actualmente las estimaciones de "crecimiento potencial" se sitúan mayoritariamente en torno a 4,5%, muy lejos de las expectativas de sostener tasas de entre 6 y 7% a las que se aspiró en algún momento. Más aún, la tasa de ahorro -en torno a 23%, en un contexto de bonanza de términos de intercambio- parece modesta para financiar los niveles de inversión requeridos por un alto crecimiento.

Es cierto que el sistema tributario actualmente vigente contiene una serie de incentivos al ahorro de las empresas y personas, no obstante lo cual, los actuales niveles de ahorro sugieren ponderar muy fuertemente los costos de su eliminación -como han propuesto algunos economistas de la oposición- lo que podría redundar en mayores niveles de endeudamiento agregado. La trágica experiencia actual de las economías de la Zona Euro hace recomendable vigilar muy atentamente los efectos de las políticas que inciden sobre los niveles de ahorro e inversión de las economías, lo que parece haber sido desestimado por algunas propuestas radicales de subas de impuestos.

El cuadro político que enfrentará la discusión tributaria será sin duda complejo, considerando la mencionada minoría parlamentaria del Gobierno y el próximo inicio del ciclo de elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales. Todo indica que la expectativa del Gobierno del presidente Piñera es que finalmente reunirá los votos para aprobar una reforma tributaria esencialmente parecida a la propuesta y con ello cerrar el capítulo de impuestos. De resultar errado este cálculo la economía chilena puede verse sumida en un prolongado debate tributario, que muy probablemente dañará las decisiones de inversión y empleo. Es más, si de esto resulta un alza importante del gasto del Estado para hacer frente a las intensas expectativas e impaciencia por el progreso, se corre el riesgo de caer en "la trampa de los países de ingreso medio", justo cuando el objetivo del desarrollo parece más cercano.