En mi columna de la semana anterior intenté poner en evidencia lo que los precios elevados no dejan ver, que es que la producción de carne se viene cayendo desde hace años, formulando a la vez la hipótesis de que el clima de intranquilidad, el riesgo político, está influyendo en el desempeño de la cadena.
En la agricultura la caída parece no ser tan marcada por ahora ya que se trata de un fenómeno de apenas dos años. No obstante, podría ser mucho más grave que en la pecuaria de confirmarse esta tendencia, porque la agricultura tenía muchísimo espacio geográfico para crecer. En efecto y según el MGAP, entre tierras "muy aptas" y "aptas" para la agricultura, el país dispone de 4 millones de hectáreas, más del doble del máximo de hace tres años. Y si incluimos razonablemente las que el MGAP calificaba como "medianamente aptas", aquella cifra se incrementa en 2,5 millones de hectáreas más.
CIFRAS. En las cuentas nacionales se muestra que la producción agrícola del año 2010 no crece; y en lo que va del año 2011 tampoco. Hay que meterse un poco dentro de los números para quitar efectos anuales, para dejar afuera del análisis al arroz que tiene una peripecia diferente, y para no mirar solo la producción, que me parece un indicador menos adecuado para visualizar la propensión de los empresarios hacia la actividad. En efecto, esta parece mejor retratada siguiendo las áreas sembradas y entonces sí las pistas son más claras. Por ejemplo, en el año agrícola 2009/2010, el total de agricultura de secano fue de 1,7 millones de hectáreas plantadas, destacando el trigo con 553 mil y la soja con 863 mil. En el siguiente año agrícola el área es 1.538.000, cayendo cien mil hectáreas el trigo y manteniéndose la soja, los dos rubros relevantes. Finalmente, en el año agrícola en curso se recupera el área de trigo pero con una esperada caída en la soja, aún difícil de estimar en cuántas hectáreas, tal vez un 10, quizás un 15%. La caída general es, por tanto, por ahora menor pero la detención del proceso espectacular de crecimiento parece notoria.
RAZONES ECONÓMICAS. Al igual que en la pecuaria, el freno a una actividad que estaba muy lejos del techo no puede atribuirse a un problema de precios de productos. Esto aún no ha ocurrido y se definirá según la suerte del mundo y en especial de China e India, responsables de que las importaciones mundiales de grano de soja hayan crecido 77% en los dos últimos años. La razón nuevamente es la confusión entre precios altos y rentabilidad elevada. Los costos de producción han subido como producto del tema cambiario, los niveles de productividad en la soja -principal cultivo- están estancados hace muchos años, y las empresas han visto ajustadas sus cuentas en forma muy notoria. Cabe recordar también que desarrollan esta actividad -las 4 o 5 grandes que explican la mayor parte del área- a través de modalidades societarias con muy poco aporte de capital ya que no poseen casi tierra en propiedad ni maquinaria, lo que les da una cierta flexibilidad para aumentar su actividad en un país y reducirla en otro. Por otra parte, Uruguay viene colapsando en materia de infraestructura, lo que va agregando muchos costos de logística y transporte, fenómeno que ha reducido notoriamente, según dicen los interesados, las ventajas de ubicación geográfica de los cultivos uruguayos. Uruguay disponía de estas y otras ventajas que se van terminando o que, al menos, ya no lucen demasiado dado el incremento de costos y el clima cada vez más adverso a las empresas agrícolas de porte.
RAZONES POLÍTICAS. Siendo nuestro país el de menor productividad agrícola del Mercosur en soja, compensaba esta dificultad con una buena ubicación geográfica respecto de los puertos, ausencia de detracciones, marco estable de políticas públicas, respeto a la inversión extranjera, y la posibilidad de crecer fuertemente en área. Buena parte de estas ventajas se viene terminando por culpas propias. Es verdad que hay problemas de precios relativos como ya referí, y que el colapso de infraestructura acorta costos por ejemplo con Paraguay. Pero se debe subrayar que una cierta incertidumbre en el sistema de reglas se ha instalado entre las principales empresas, producto de una sucesión de continuos agravios a su actividad. Hay algunos sustantivos que convocan reacciones adversas en la izquierda regresista, hoy casi dominante en el gobierno: soja, agricultura continua, transgénicos, grandes, exitosos, extranjeros. Una sucesión de pequeñas medidas contrarias a esta gente, sumada a la permanente agresión verbal así como al anuncio de nuevas medidas, todo alienta una incertidumbre interna que se suma a la externa y a la mejora de condiciones en otros países de la región. Empezó todo con las declaraciones de José Mujica cuando estuvo al frente del MGAP y señalaba que había que poner un palo en la rueda a este proceso de crecimiento de la agricultura con este modelo de empresarios. Vino luego toda la zarabanda de su sucesor en el MGAP que se agraviaba de lo que llamaba la agricultura sin agricultores, sin campesinos quería decir. Se estableció luego la moratoria en el uso de transgénicos que atacó el avance científico; se establecieron registros de existencias de granos; se prohibieron las sociedades anónimas no solo expresamente, sino a través de la reforma tributaria haciéndolas pagar solo a ellas, a las que consiguen el permiso para permanecer así, el impuesto al Patrimonio y a razón de 40 dólares por hectárea; no se les devuelve el IVA compras que es muy significativo, ya que contratan todos los servicios de maquinaria y venden productos no gravados. Se amenaza todos los días con detracciones, con limitaciones a los extranjeros, al tamaño de las explotaciones. Y por si fuera poco tenemos ahora los planes obligatorios de uso y manejo del suelo que se hacen más exigentes con estas empresas, a las que se limitará, por razones cada vez menos defendibles, la expansión hacia áreas no tradicionales donde es más necesaria la agricultura como dinamizadora. Precisamente, los primeros lugares que aquellas abandonan no se sitúan ni en Mercedes ni Young, sino en Vichadero y Treinta y Tres, donde son más necesarias desde el punto de vista socioeconómico. Por fin, en actitud que aunque tardía hay que destacar, el MGAP está postergando el tema de la obligatoriedad de sus planes, para evaluar impactos económicos y sociales de esta política.
En definitiva, en la agricultura hay una nueva situación, derivada de varias razones entre las que resulta insoslayable el clima finalmente instalado de animosidad oficial contra el tipo de empresas que hicieron la expansión, que suman a la incertidumbre externa, la nacional; y que nos comparan con otros países de la región. Ojalá sea apenas una adversidad pasajera, a lo que contribuirá el gobierno si puede recomponer la confianza o al menos no agraviarla más.