Las dualidades en la política económica

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Las restricciones comerciales argentinas y la tendencia proteccionista que se proyecta a nivel de algunos mercados, desembocan en un esfuerzo compartible de diversificación de nuestras exportaciones. Afortunadamente, comienza a reconocerse la necesidad de abandonar conductas esquizofrénicas de antiguo cuño ideológico y que en algunos casos, parecen no comprender el mundo en que estamos viviendo.

Sin embargo, a pesar de la necesidad de promover una economía dinámica y abierta, los mensajes del Gobierno no son consistentes y, fundamentalmente, los que surgen del propio Presidente de la República. Esta dualidad de opciones se identifica fundamentalmente en cuatro temas.

En primer lugar, Uruguay hizo un gran esfuerzo por promover la inversión y recibió un volumen sin precedentes de Inversión Extranjera Directa. Y gracias a la prolongada condición externa favorable, recuperó el "grado inversor" que, entre otras cosas, mejora el acceso al crédito internacional y la posibilidad de captar inversiones. Sin embargo, el Presidente insta a los productores arroceros a apropiarse de la industrialización y comercialización de sus productos; concretamente, en un documento del MPP -sector mayoritario del FA- se plantea la autogestión en la industria como objetivo de gobierno.

Estamos enfrentando una utopía. La autogestión puede ser una solución para mantener activas con apoyo inicial del Estado a empresas que enfrentan la quiebra, evaluando en cada caso el costo social y la sustentabilidad de la actividad en las nuevas condiciones. Pero de allí a hacer de la autogestión la regla en la industria hay una diferencia sustancial, que desalienta la inversión y la iniciativa empresarial.

En segundo lugar, se aprobó un impuesto a la concentración de la propiedad de la tierra, y desde hace mucho tiempo se discute sobre la propiedad de la tierra por extranjeros. Sin embargo, se promovieron sectores -como el forestal- que se desarrollan en grandes superficies, y se aceptaron dos inversiones en fábricas de pasta de celulosa, que dependen de la disponibilidad de madera en bruto. Los cultivos que contribuyen significativamente a la exportación, como la soja o el trigo, se desarrollan en grandes superficies. No obstante, dentro del Gobierno se contraponen estas actividades con la defensa de la agricultura familiar y la producción granjera, que solo serían viables con un mayor trabajo cooperativo y subsidios que permitieran reducir el costo social.

En tercer lugar, los resultados económicos despiertan reclamos para profundizar la distribución y ello incide en una polarización de la lucha sindical, ya que algunos sectores piensan que el modelo actual es contradictorio con su ideología. Actualmente, estas tendencias se han exacerbado y se percibe un enfrentamiento entre distintas orientaciones económicas dentro del Poder Ejecutivo. De esta forma, la gestión del Gobierno crea incertidumbre, genera enfrentamientos y constituye un factor de vulnerabilidad, en un contexto en el cual el país debería transmitir estabilidad y seguridad. Nuestro principal activo es el cumplimiento de nuestras obligaciones, la estabilidad de las reglas y políticas, y la seriedad y consistencia de las decisiones en política exterior y en el tratamiento de temas relacionados con el interés de otros Estados.

El verdadero problema del Gobierno es la ineficacia de la gestión tanto en la ejecución de las políticas sociales como en la concreción de las obras relacionadas con la infraestructura física. Basta mencionar que a pesar de la reducción de la pobreza y la indigencia, la magnitud de los recursos asignados a las políticas sociales no muestra resultados en la solución a los problemas de distribución, violencia y de eficacia de los servicios públicos de seguridad, educación y salud. Por lo contrario, la inseguridad y el caos en la educación y la salud pública muestran una relación inversamente proporcional entre el monto de los recursos asignados y los resultados alcanzados. Por otro lado, las demoras en la construcción y mejora de la infraestructura física, transporte y comunicaciones, afectan a la producción nacional.

Lo anterior no significa que la gestión de la economía no necesite ajustes.

La inversión creció básicamente con capitales destinados a la producción de bienes y servicios con perspectivas de continuidad y capitales especulativos de mayor volatilidad. Las mayores inversiones productivas se han realizado por corporaciones transnacionales o por asociaciones entre éstas y empresas nacionales.

En tal sentido, la articulación equitativa entre las transnacionales y las Pymes nacionales es un fenómeno complejo, pero que debe promoverse para evitar la fragmentación de la economía.

En cuarto lugar, a nivel macroeconómico es necesario compatibilizar el control de la inflación con la preservación de la competitividad. El tipo de cambio no debe ser considerado normalmente como un factor de competitividad. Sin embargo, la persistencia de la apreciación de la moneda y de la brecha de evolución de precios de bienes y servicios transables y no transables, afectan a aquélla especialmente en los productos de mayor valor agregado, transformándose en un obstáculo para la diversificación de las exportaciones y la competencia de los industriales nacionales en el propio mercado doméstico.

En consecuencia, las dualidades que hemos venido marcando necesitan ser corregidas para rescatar la unidad de pensamiento del Gobierno en materia económica.

Y ellas son:

- La incertidumbre que crean las diferentes visiones en el Gobierno, sobre la sociedad y la economía, cuando se reflejan en decisiones políticas contradictorias.

- La ineficacia en el diseño institucional y la gestión de las políticas sociales, que han creado caos en las áreas de seguridad, educación y salud, y no resuelven el problema de la exclusión social, que es la generadora de violencia y desconocimiento de las normas y valores sociales.

- La ausencia de una articulación entre las empresas transnacionales y las Pymes, en lo que hace al respeto al medio ambiente y los intereses sociales y locales involucrados.

La necesidad de compatibilizar el control de la inflación con los costos de la producción de bienes y servicios.