Las corporaciones viven y luchan

Dediqué, en todo o en parte, tres de las últimas cuatro columnas del año pasado al tema de la enseñanza, tras haberse conocido los frustrantes resultados de las pruebas PISA para nuestro país. Después de enviada a imprenta la última de ellas, El País publicó el miércoles 22 una nota titulada "Secundaria quiere `ajustar` pruebas PISA a la región", en la que se recogen declaraciones de un consejero de Secundaria, que luego recibieron una merecida andanada de críticas.

En mi columna del lunes 20 de diciembre, expresaba: "Al igual que en otros indicadores sociales y económicos, Uruguay se encuentra entre los primeros lugares en América Latina (segundo detrás de Chile), pero como el continente registra resultados malos, venimos a ser algo así como vicecampeones de segunda o tercera división. Uruguay quedó ubicado en el puesto 47 entre los 65 países participantes de la evaluación, es decir en el tercio inferior de la tabla de posiciones". Bueno, ahora resulta que hay autoridades de la enseñanza que quieren concretar precisamente eso, que nos limitemos a compararnos o a competir en segunda o tercera división. Vaya sentido de la excelencia.

Voy a limitarme a dar un argumento adicional a los muchos que he leído desde entonces en oposición a tamaña mediocridad. Dice el consejero de Secundaria, que es nada menos que el representante de los docentes en el Consejo: "Compararnos por ejemplo con Finlandia, que hace 12 años que destina el 8% del Producto Bruto Interno para la educación, es imposible. ¿Qué vamos a comparar? Un niño que tiene mucho dinero con otro que es muy pobre". Seguramente el consejero y su gremio, que lo respaldó, tienen en sus cabezas el famoso 4,5% del PIB destinado a la enseñanza pública, pero ese número es apenas una parte de lo que el país destina a la enseñanza. En nuestro país, social estatista desde hace un siglo, sólo parece ser relevante para muchos lo que sucede en el ámbito estatal. Pero, ¿cuánto se destina en el ámbito privado a la enseñanza? ¿Qué otro porcentaje del PIB? Es evidente que los pesos insumidos por la enseñanza privada rinden más (el gasto por alumno en el sector estatal es mayor al costo del colegio más caro del país) y que a ella asiste una proporción menor del estudiantado que a la pública, pero es posible que si se considera todo el gasto en enseñanza estemos mucho más cerca de Finlandia de lo que piensa el consejero.

Como ha quedado demostrado, no es tanto una cuestión de dinero como de modelo de gestión, pero estas cosas son incomprensibles para muchos. Precisamente, una de las conclusiones de las pruebas PISA a nivel mundial consiste en la falta de correlación entre la riqueza del país y sus resultados en materia de enseñanza. Con un mejor modelo de gestión, los pobres (países y personas) pueden tener mejores resultados que los ricos. Por el bien de todos, y especialmente de los más pobres en nuestro país, esperemos que sigamos participando de las pruebas PISA y que la enseñanza pública cambie su mentalidad porque de lo contrario vamos a estar cada vez más lejos de Finlandia y más cerca de Angola, o al menos esa va a ser la situación de los más rezagados que a su vez serán cada vez más.

Otro tema que estuvo en el tapete en el tramo final del año pasado es lindero con el anterior, y también muestra al país anclado en una mentalidad no competitiva y cerrada. En este caso, situaciones referidas a varios sectores dejaron en evidencia la existencia de prácticas poco competitivas, muchas veces vigentes desde tiempo inmemorial. Así, volvió a estar en el tapete la restricción de ingreso al mercado de anestesistas, lo mismo que al de taxis. También, trascendió un informe de una dependencia del MEF, la Comisión de Defensa de la Competencia, sobre los aranceles existentes en varias profesiones.

Que quede claro que no se trata de los únicos mercados en los que hay problemas de competencia. Me refiero exclusivamente a ellos como muestra de un universo enorme, tomada de las noticias más relevantes en la recta final de 2010. Son numerosos los sectores en los que la competencia está seriamente afectada, ya sea por sus mismos participantes o incluso por regulaciones estatales.

La realidad es bien sencilla, ¿a quién no le gusta un coto de caza privado? La restricción al ingreso en un mercado limita la oferta, incluso a veces los oferentes actúan de manera colusoria, y pueden fijar el precio que les plazca, o al menos por encima del de equilibrio si hubiera competencia. Claro, hay casos en los que el dirigismo se exacerba y se llega a intentar fijar al mismo tiempo cantidad y precio y el resultado es caótico, no le sirve a nadie, como en el caso de los taxis.

Por otro lado, está el caso de los aranceles profesionales que, según nota en El País del martes 21 de diciembre, están en vías de ser derogados por la referida Comisión de Defensa de la Competencia. Los aranceles profesionales son una vieja práctica que ha venido quedando sin efecto por la vía de los hechos, cayendo en desuso, por lo cual su derogación no debería tener mayores consecuencias. Sin embargo, hay algunos casos en los que sí son relevantes y justamente en ellos no se derogarían. Según la nota referida, en los casos de escribanos, abogados y contadores, se proyecta "mantener tablas de honorarios para ser utilizados por el Poder Judicial para la fijación de honorarios no concertados en la actividad judicial, así como para el caso de los peritajes judiciales o de regulación en caso de condenas procesales y similares", y "además, en relación al caso específico de los escribanos, se permitirá mantener una tabla de remuneraciones fictas con el único y explícito objetivo de ser utilizada para los aportes a la Caja Notarial". Si entiendo bien se va a derogar algo que es inocuo y de hecho no rige y se va a mantener justamente lo que sí está vigente. Mucho ruido y pocas nueces. De todos modos, no deja de ser bienvenido el proyecto del MEF como señal hacia prácticas más competitivas.

Yo soy de los que cree que nuestro país ha avanzado significativamente en los últimos 30 a 40 años en el camino de desmantelar protecciones, privilegios y canonjías. La apertura comercial de mitad de los setenta fue un paso sustancial en ese sentido, como lo fue la derogación de algunos monopolios en los noventa. También coadyuvó, a lo largo de las últimas tres o cuatro décadas, la transformación de un sistema tributario opaco por uno de normas generales y menos excepciones y perforaciones.

Sin embargo, aún resta desmontar prácticas poco competitivas en numerosos sectores de actividad. Prácticas cuyo origen es equívoco, no sabiéndose hasta qué punto provienen de errores de política (quizá no tanto en su origen, cuando este tipo de práctica era más extendida y aceptada) y hasta qué punto son causadas por corporaciones, con poder de lobby al momento de dictarse la regulación respectiva. Prácticas que han trascendido en el tiempo y persisten porque esos lobbies conservan un cierto poder o al menos porque hay gobernantes que no se animan a ponerle el cascabel al gato porque siguen creyendo que, como otrora, los votos se consiguen de ese modo, atendiendo reclamos sectoriales y corporativos.

Pero como expresa el dicho popular, la culpa no la tiene el chancho sino quien le rasca el lomo. Gusten o no, los lobbies y las corporaciones defienden sus intereses particulares, pero es el gobernante el que debe arbitrar esos intereses con los del conjunto de la sociedad. Y los tres millones y pico sin lobby, dispersos, son los que terminan pagando la cuenta de los beneficios concentrados en grupos más audibles. Falta mucho camino aún por recorrer para cambiar esta situación, más allá de los avances de las décadas recientes.