La granja en las rutas

JULIO PREVE FOLLE

En un hecho inusitado, representantes de la producción granjera expresaron su disconformidad con el gobierno, distribuyendo gratuitamente frutas y hortalizas en la ruta 5. Varios de estos productos vienen alcanzando según parece precios que no compensan su producción, razón por la cual los productores acusan al gobierno de permitir importaciones que los obligan a vender más barato, cuando en realidad se trata de operaciones que, según declaran, no hacen falta. Debo señalar que tengo una primera reacción de simpatía respecto de los granjeros, engañados sistemáticamente por políticas equivocadas como se verá, y desde hace ya muchos años, por lo menos desde 1995, sin una estrategia específica de desarrollo que aborde un problema complejo, que afecta a un número muy grande de productores que conforman predominantemente el entramado social de varias zonas del país.

POLÍTICA EQUIVOCADA. Es lo del gobierno actual y el anterior, que continúan así la política de la administración Batlle. Lo único que hace el gobierno supuestamente a favor de la granja es encerrarla totalmente, utilizando medios ilegítimos y excepcionales, reñidos incluso con elementales conceptos de igualdad ante la ley. Efectivamente a partir del año 2000 se resolvió encerrar la granja del todo, y se lo hizo utilizando no solo instrumentos ilegales sino del peor corporativismo. Se creó por ley un IVA solo a los productos importados, implementando así un arancel disfrazado, pero eso no fue lo único. En paralelo se utilizó hasta el paroxismo la expedición de un certificado sanitario, no solo para liberarlo conforme a la voluntad discrecional del gobernante de turno, sino aprobándolo previa conformidad de un comité de importaciones, integrado por los mismos granjeros. Así las cosas los certificados solo se liberaban si los eventuales perjudicados por la competencia externa -no importa a qué precio para el consumidor- no se oponían. Este horror corporativo no tiene comparación con ninguna otra actividad económica: supone que los eventuales perjudicados por la competencia externa, sean los que manejan la decisión de las importaciones.

El problema se ha hecho ahora más grave porque los granjeros reclaman, lo consideran su derecho, el restablecimiento de este comité que supone una degradación institucional. No tienen la culpa los granjeros, sino los que les hicieron creer que podía revivir el Control de Importaciones y Exportaciones que murió en 1959, y recrearlo en base a una predominante participación gremial. Bien les contestó el ministro actual cuando declaró que... "debe entenderse que las políticas públicas de un sector no pueden tomarse exclusivamente sobre la base de la opinión de un sector". El gobierno socialista moderó esta influencia corporativa pero convirtió el certificado sanitario en un arma más poderosa, ahora de su propia discrecionalidad. En efecto el gobierno expide certificados, que deberían indicar solo las exigencias sanitarias para importar de cualquier país, pero lo hace conforme a una cantidad de kilos y por determinados períodos del año. Es un abuso total, consistente en el uso de un trámite sanitario con un propósito de protección, que es lo mismo de lo que nos quejamos con otros países del mundo, y ni hablar del acuerdo correspondiente de la Organización Mundial del Comercio que lo prohibe a texto expreso. La política oficial es equivocada además porque establece privilegios que no hay en otras actividades económicas, porque hace trampas en el comercio exterior, porque no considera al consumidor, y porque no es transparente, dado que nadie sabe de antemano a qué rubros alcanzará la protección, en qué fecha, por cuál cantidad, hasta qué nivel de precio interno. Se trata de la política de la improvisación, de lo fácil que es siempre proteger, y no trabajar en lo que es más difícil y lento, o sea en desarrollar rubros que alguna vez sean autosustentables. Es a la vez una política de claro perjuicio del consumidor, que no puede aspirar a mejores precios y calidades derivados de la competencia, pero sobre todo letal para el propio productor. Una granja encerrada, si desea crecer, solo puede aspirar a abarrotar el mercado doméstico y fundirse, no por la existencia de importaciones sino por su producción excedentaria que, cuando ocurre, es inexportable por no ser competitiva, razón por la que se la protegió.

POLÍTICA ALTERNATIVA. Primero lo primero: no puede continuar bajo ningún concepto el abuso de derecho, el privilegio institucional, como instrumentos de protección. El certificado sanitario debe ser solo eso, y como instrumento de protección transparente se debe usar el arancel ad valorem, en este caso el arancel externo común, que sin dificultad habría que negociar su aceptación en el Mercosur para ser usado en el comercio intrazona por un tiempo. Este arancel no debería alcanzar a todos los productos, porque no puedo creer que en ninguno tengamos chance de competir, o que en ninguno exista suficiente protección natural, o que no existan rubros desarrollados mayormente por productores que no son precisamente vulnerables como quizás sean los fruticultores. Acotada en los rubros y en los instrumentos, la protección ahora transparente, debería complementarse con mecanismos de subsidio perfectamente acotados en el espacio y el tiempo, con financiamiento transparente, para lograr algo parecido a la política forestal derivada de un plan maestro que definió sus principales objetivos e instrumentos, con estímulos que, cumplidas determinadas etapas, murieron. No encuentro ninguna razón institucional válida para que la granja disponga de privilegios sin término, como cerrarse cada vez que a alguno se le ocurre. Sí en cambio tiene mérito suficiente como para reclamar recursos públicos para encarar transformaciones en rubros con esperanza de crecimiento. Disfrutando entretanto de la protección que haga falta, pero nunca discrecional, ni corporativa, ni ilimitada, ni eterna.

PROTESTA. La granja tiene pues sobrado derecho a protestar. Es atravesada por una política para salir del paso -el encierro- cuyo destino natural es la desaparición de los productores más vulnerables, los que con más dificultad disputen nuestro escaso mercado interno. Es una política de espaldas al consumidor, sin futuro para nadie, injusta, arbitraria. Peor aún: basada en la expedición arbitraria de permisos, algún día será acusada también de otros males que aún no han ocurrido. El ministerio debería elegir rubros a proteger pero de modo acotado y -sobre todo- transparente. Y en paralelo trabajar para desarrollar con los subsidios adecuados, las producciones que ofrezcan esperanza de competitividad. Así era el Programa de Reconversión de la Granja establecido en 1995, que lo mató la administración Batlle primero y la siguiente después, cuando convencieron a los granjeros que el mejor negocio no era reconvertirse sino volver al encierro influyendo en el gobierno de turno. Sin duda, si no viene algo de esto, los cortes de ruta proliferarán cada vez más.