Estamos en pleno retroceso

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Algunos episodios recientes aparentemente desconectados entre sí me permiten reflexionar sobre los reflejos, o más bien sobre los fundamentos conceptuales del gobierno socialista iniciado en el 2005; ellos recogen el principal retroceso que es en mi opinión el institucional.

RETROCESO. Tomo algunos hechos recientes que en realidad son apenas una muestra de ese retroceso. Uno de ellos lo constituyen las expresiones de los directores oficiales de la enseñanza, cuando defienden el monopolio de los contenidos a comunicar, o plantean una interpretación de la historia mentirosa como instrumento para alcanzar un supuesto "hombre nuevo", que incluso no precisa saber inglés, ni matemáticas, ni idioma español. Otro episodio muy grave lo constituye -no es nuevo- la prohibición a una entidad de la salud de importar la mejor tecnología, lo que fue divulgado el mismo día de las declaraciones de la presidente de Antel luego de haber gastado 220 mil dólares para promover la cultura nacional encarnada en Los Olimareños, algo para lo que obviamente no tiene ninguna facultad. Podríamos citar también la derogación de la ley de caducidad luego de tres instancias ratificatorias, o las recomendaciones morales del presidente de la DGI. O quizás la diferente forma de sancionar la corrupción dependiendo de dónde venga, como ocurre con la tolerancia en el caso Schoklender por comentar algo fuera del país. Pasando al más conocido ámbito agropecuario, allí tenemos la prohibición totalitaria de hacer agricultura sin pedir permiso, o la violación sistemática de la ley para autorizar caso a caso las importaciones de frutas y verduras.

¿Qué tienen en común estas referencias? Todas ellas exhiben un trasfondo de resentimiento, de revancha. Muestran también un dirigismo extremo, que supone el agravio a las decisiones libres de los ciudadanos en todos los terrenos, tanto el económico como el político. Cabe señalar al pasar que la libertad es limitación del accionar del Estado, de su arbitrio. Como enseña la ciencia política, son las llamadas libertades resistencia, ejercidas precisamente contra el Estado, las que originan los derechos individuales, diferentes de las llamadas libertades participación que se vinculan más bien con la acción política. Es obvio que cada vez que el Estado incorpora campos a su decisión, lo hace reduciendo el ámbito cada vez más angosto de la libertad individual. Es un peligro no siempre evidente.

RELATIVISMO TOTAL. Pero vamos un poco más allá. Estos avances del poder político sobre el ámbito privado, consciente o inconscientemente son tributarios de un relativismo filosófico muy marcado. ¿En qué consiste este relativismo? En esencia supone la inexistencia de principios fundantes, ni en la norma jurídica, ni -menos aún- en el derecho natural. En otras palabras supone que para un gobernante, no hay ningún principio que le es dado, sino que puede él mismo generar nuevos. La Constitución, por ejemplo, puede suponer apenas un conjunto de normas menores, violables, tanto como otras normas jurídicas. Frente a ellas levantan categorías como el bien de la sociedad, el hombre nuevo, los objetivos de la revolución, o de la revolución productiva, o el interés general. En nombre de estas categorías, interpretadas por cualquiera, se plantea violentar derechos. Es así que para los que plantean todas estas barbaridades que describí más arriba, la libertad de educar, de importar, de comprar, de vender, son apenas facultades que el Estado concede a su arbitrio a los particulares. Nada más lejos de la realidad: todos los derechos humanos preceden a cualquier jurisdicción estatal, en tanto la dignidad humana es previa a toda decisión política.

El reflejo ecológico, actualmente muy desarrollado, nos señala que la naturaleza no es solo un material para nuestro uso, y que corresponde al hombre escuchar y respetar su lenguaje, sus reglas; en esto parece haber consenso. Pero hay asimismo una ecología del hombre que también es parte de la naturaleza, que no se puede manipular al antojo de nadie. En otras palabras, que no es el Estado el que construye sus reglas, no es el que crea al hombre o el que le da sus derechos y su dignidad, sino que éste ya tiene unos derechos que son inherentes a él, que vienen en su ADN y se recogen en el manual de operaciones proporcionado por su fabricante, quienquiera que sea éste.

Por eso, solo a partir de la razón objetiva, derivada de la misma naturaleza humana tal como fue concebida y diseñada, pueden consensuarse valores universales como la igualdad de todos ante la ley, la inviolabilidad de la dignidad de cada hombre, etc. En cambio si todo es relativo, si se puede sacrificar cualquier cosa para alcanzar el socialismo o fundar el hombre nuevo, entonces vale todo, la moral es producto de las circunstancias y se define y practica según los objetivos de la sociedad en cada época. Si deja de haber valores independientes de la peripecia de cada momento de cada sociedad, todo puede permitirse e incluso resultar necesario. Es más; cada hombre puede llegar a ser apenas un instrumento, y su libertad solo una concesión. Solo así se comprende el absurdo de querer prohibir tecnología médica porque no se pidió permiso, porque se puede equivocar el Hospital Británico, o porque pretende legítimamente ganar dinero, todos horrores expresados por gobernantes al explicar lo inexplicable.

AL REVÉS. Los socialistas vernáculos de hecho encuentran que el fin al que más o menos van, justifica los medios. Y para llegar a ese fin aceptan que pueda retacearse la libertad individual, las "libertades formales", o imponer el monopolio de la verdad propia en la educación, que es muy grave, o en la salud, o en múltiples actividades económicas, o en las conciencias, como ocurre cuando se retacean la libertad de expresión, o el derecho de propiedad, la libertad de prensa o la libertad de cátedra. Más aún; hay quienes pretenden imponernos un modo de ser éticamente solidario, disfrazando la política fiscal de justicia. En lugar de tener la humildad de señalar que los impuestos son cargas, males necesarios para cumplir con algunos fines básicos delegados por los individuos a la sociedad organizada políticamente, en lugar de eso el director de la DGI y otros miembros del gobierno pretenden señalarnos que la caridad como virtud en lugar de ser privada, libre, también se estatiza, decidiendo por los ciudadanos todos cómo organizar la solidaridad, haciendo trizas tantas veces la justicia.

Por todo lo anterior, se entiende que no hay una materia menor cuando a alguien se le ocurre intervenir en lo que un ciudadano puede sembrar, o importar o consumir. Y se entenderá mejor hasta qué punto me molestan los innumerables permisos que hay que pedir al Estado, como si este fuera el que concede los derechos cuando solo le toca reconocerlos y a lo sumo organizar su pleno ejercicio.