En contra del empleo rural

En su momento escribí sobre el nuevo impuesto a la tierra, caracterizándolo como un producto de la vejez ideológica, del resentimiento y de la improvisación. Mencioné de qué forma se constituye en un nuevo agravio al sistema de reglas del funcionamiento económico, que va dejando cada vez más lejos el efecto Conrad. Se resquebraja así el clima de negocios y se detiene el agro en momentos como los que hemos vivido de notables precios y tasas de interés cercanas a cero. En esta línea cabe señalar de paso que, si este acto delictivo de la ocupación de tierras en Bella Unión termina siendo premiado o no suficientemente castigado, el daño que se hará a la confianza por deterioro del derecho de propiedad y rajaduras en la independencia de la Justicia, será tremendo.

Pero he señalado que este impuesto es también el producto de la improvisación, del desprecio por el uso de información confiable, clara. Por eso he escrito que no se ha demostrado hasta ahora que hay concentración, en caso de haberla no se ha demostrado que sea mala, y en caso de ser mala, no saben qué efectos sobre ella produce este impuesto: un área del Gobierno cree que la agrava y otro al revés. Improvisación pura. Pese a todo esto, ha operado el brazo de yeso, también para la actuación del ministro del ramo, quien estaba en contra del tributo pero luego firmó el proyecto. Es justamente a propósito de cifras poco utilizadas acerca de la concentración de la tierra, que quiero detenerme hoy.

LAS EMPRESAS. Comentaré dos buenos trabajos aparecidos en anuarios consecutivos de Opypa que comentan la información aportada por ATYR (Asesoría Tributaria y Recaudación) del BPS, sobre lo ocurrido en diez años entre el 2000 y el 2009, con la evolución tanto de las empresas agropecuarias como de sus trabajadores. Lo primero que salta a la vista es la evolución del número de esas empresas rurales, definidas como aquellas que realizan una explotación agropecuaria, entendida ésta como una actividad productiva relacionada con plantas y/o animales, con base en la tierra y persiguiendo un fin económico; por eso se incluye en el número total a las contratistas que son una realidad muy notoria en el campo actual. Sin perjuicio de que quizás influye en el número reciente una mejor fiscalización del BPS, salta a la vista que el número total de empresas creció en la década, de 53.772 a 55.500. Solo este número debió ilustrar la discusión del impuesto. En cuanto a las llamadas rurales propiamente dichas, es decir excluyendo las contratistas, pasan de 52.298 a 51.503. Destaca, asimismo, la ligera caída de las rurales que no son sociedades anónimas (S.A.) (1.800 menos), compensada por un incremento a casi el doble de las S.A., que pasan de 1.100 a 2.200.

Por su parte, las contratistas que integran la cuenta de las 55.500 empresas rurales, se multiplican como hongos; las comunes -no S.A.- se triplican desde 1.097 a 2.704, y las contratistas S.A. pasan de 13 a 240. En definitiva, para un universo de empresas definido como lo hace el BPS, no se puede hablar de concentración. Como es notorio que hay una nueva generación de empresas grandes, esto debe compensarse con otras más chicas que dan en promedio esta situación de estabilidad.

LOS TRABAJADORES. El número de patrones en la definición del BPS se mantiene básicamente constante en la década, multiplicándose en cambio el de trabajadores, que aumentan un 42%, generándose 28.575 nuevos puestos de trabajo directo y formal (registrado). De entre estos, como señalan los autores del trabajo (Ings. Agrs. Humberto Tommasino y Yanil Bruno), lo más significativo es que los 8.664 trabajadores calificados más que se ocuparon representan un incremento porcentual mucho mayor que el correspondiente a los no calificados: 52% contra 39%. El análisis se divide luego en cuatro rubros: granja, lechería, ganadería y agricultura (lamentablemente no se divide entre estas dos), y forestación. En la granja y la lechería se da el menor incremento porcentual en el total de mano de obra, con el incremento más modesto en la calificada en la granja (8%), contra el 52% general, 38% en lechería, ganadería y agricultura, y 912% en forestación. Salvo en la granja y no es casualidad, en todos los rubros es mayor el incremento en la mano de obra de calidad que en la total.

Los datos de empleo general del INE entre 2000 y 2007 muestran un incremento del 38,8% del número de personas ocupadas, por lo que se puede señalar que el aumento en el campo en la década es similar al de la economía, poniendo en duda la afirmación de que el campo no genera empleo. Pero además hay que señalar que este empleo es genuino, entendiendo por tal el que deriva de actividades económicas a la intemperie, autosustentables, sin ayudas, como las hay en múltiples actividades industriales tales como la automotriz, la textil, la azucarera, y tantas otras.

CONTRA EL EMPLEO. Las cifras anteriores muestran estabilidad en el número de empresas, con un importante crecimiento de los contratistas, supongo que esencialmente de maquinaria. Muestran, asimismo, el vigor de las sociedades anónimas no solo como titulares de campos sino de servicios. Se evidencia también el impacto de la ganadería y la agricultura para generar empleos, y especialmente se destaca la creación de puestos de trabajo de calidad en todos los rubros, particularmente en la forestación, y con la excepción de la granja. Por eso duele que el gobierno, más allá del deterioro que promueve en el clima general de negocios, golpee precisa y directamente en los focos más dinámicos de generación de trabajo rural. Así por ejemplo, si las S.A. son dinámicas, las castiga primero en sus impuestos y luego las prohíbe; en cuanto a la agricultura, gran generadora de empleo, tan relevante en departamentos sin tradición agrícola, la ataca con el intervencionismo de la política de suelos, que la va a reducir más en las zonas que socialmente más desarrollo aporta. En cuanto a la ganadería, ya sobre fin de año se anunció desde INAC la necesidad de cambiar de política e intervenir en el precio de la carne. Y en cuanto a la forestación ya detallé en otro artículo el cúmulo de ataques a la actividad, tributarios, regulatorios y otros, que derivan de la inquina de un sector del gobierno.

Así pues, el agravio al clima de negocios no puede considerarse algo lejano, esotérico; es precisa y directamente ir contra el empleo, en especial el de calidad y en las zonas que más se han visto beneficiadas por las actividades que el gobierno combate: contratistas, sociedades anónimas, agricultura en zonas no tradicionales, forestación, empresas grandes. Con estos datos los reflejos ideológicos de algunos deberían moderarse.