El contrato social roto

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A veces me pongo a pensar que hay indicios fuertes de una cierta fractura del contrato social, de esa especie de asentimiento general a cumplir determinadas reglas, escritas o no, que todos apreciamos en una suerte de plebiscito implícito y permanente. Por ejemplo, empieza a ser costumbre que jerarcas de la administración se quejen de disposiciones constitucionales, o que presionen a la justicia, como lo hacían por ejemplo en ocasión de algún procesamiento, o de la aprobación de alguna norma tributaria. Del mismo modo empiezan a proliferar expresiones políticas que, lejos de la tolerancia tradicional, empiezan a calificar de enemigos a los que piensan diferente en materia política. Y pasa también con los desbordes sindicales que no pueden ser reprimidos por autoridad alguna, perdiendo así legitimidad. El respeto a la Constitución, la independencia de la Justicia, el respeto por la opinión ajena, el rechazo a cualquier autoritarismo, la austeridad en la administración tanto pública como privada, un cierto rechazo a los extremos que es más bien una aprobación a todo lo medio y gris, una valoración especial al "naides es más que naide" que a mí no me entusiasma nada; estos y otros tantos son pincelazos de la uruguayidad.

MENTIR POR MIEDO. En este sentido, no puede pasar desapercibida una noticia recientemente divulgada por Búsqueda que a la vez es expresión clara de una desbordada presión fiscal, de un resentimiento creciente, y de la fractura de un tradicional modo de ser: los productores rurales uruguayos, en lo que implica una ruptura del contrato social implícito, han empezado a mentir descaradamente acerca de la tierra que poseen. El director del Censo Agropecuario declaró que los productores fueron inducidos a pensar que el censo agropecuario era para poner impuestos, declarando menos hectáreas de las que en verdad poseen. En realidad los productores tenían razón. Mientras se desarrollaba el Censo, se discutía a la vez no solo un nuevo impuesto, el ICIR, sino que se anunciaba y se sigue anunciando que es éste el comienzo de una nueva forma de tributar. No han mentido pues los de 2.000 hectáreas sino que, como señaló el director del Censo, se trata de un fenómeno general. No estamos entonces frente a un episodio de viveza criolla sino de una manifestación no organizada de desobediencia civil que irá creciendo en el tiempo. Y es muy lógico que sea así. En plena discusión parlamentaria del inconstitucional ICIR, el Cr. Astori proclamaba a los cuatro vientos que el Censo sería el instrumento para tomar decisiones. Y el ex ministro Agazzi también señalaba lo mismo. Por otra parte, diputados buenaletristas cuyos apellidos no retengo, afirmaban y lo siguen haciendo que ahora vendrán más impuestos sobre la tierra.

Frente a estas manifestaciones es obvio que el secreto estadístico no da tranquilidad a nadie. Es lógico por tanto que todos los productores se quieran proteger de la administración, porque se ha roto el contrato social implícito que obligaba a los gobernantes y funcionarios públicos a ser celosos custodios de la reserva, del secreto profesional, del deseo tan uruguayo de pasar desapercibidos frente a cualquiera, y más aún en la referencia a nuestras expresiones de riqueza. Hoy ni el secreto estadístico, ni el secreto tributario, ni el secreto bancario, todas expresiones del legítimo secreto de oficio, se respetan como antes aunque sigan en las leyes. Hay como una promoción del destape, para saber quién tiene cuánto; y ello deriva de un resentimiento que se extiende hasta con límites geográficos en la ciudad, por ejemplo al norte y al sur de Avenida Italia.

RESENTIMIENTO. Desde el gobierno, más todavía desde la administración tributaria que es la gran responsable de esta fractura, se promueve el conocimiento, el cruzamiento de información de todo lo que hacemos, tenemos o decimos. Es más; cuando el gobierno acuerda con Argentina entregar información, más allá de exigencias internacionales o técnicas, en el fondo hace lo que le gusta, es parte de su modo de ver la sociedad: poder conocer todo de todos, lo que en algunos solo sirve para alentar el resentimiento, la fractura. El productor rural siempre confió en la administración, siendo que está sometido a demandas de información como no existen en otras actividades, ello debido a la confianza en su uso y en la utilidad para todos luego de su procesamiento. Este ha sido el caso por ejemplo de la declaración jurada anual de semovientes, que es un atropello exclusivo para con la ganadería, pero que se tolera por alguna utilidad de información que todavía tiene. Pero todos los productores declaran de buena fe, ya que saben que el control es imposible: no hay forma de que el gobierno salga a tomar recuento en los campos. Mucho me temo que por iguales razones que en el Censo, la gente empiece a ocultar también ganado, es lógico. Y más todavía, cuando se sabe que las bases de datos del censo, de Dicose y otras, se pueden cruzar por ahora por razones estadísticas. Y supongo también que la encuesta de hogares va a tener problemas por las mismas razones, en este caso vinculadas al IRPF.

Este censo que es el del año 2010 atrasado, seguirá dando que hablar. Hasta ahora era una expresión más de la inoperancia oficial, de la incompetencia del MGAP que, teniendo los mejores funcionarios para hacerlo, no fue capaz de cumplir en tiempo y forma con una regla que se cumplía desde hace décadas, consistente en censar el agro en todos los años terminados en cero como demanda de FAO. Con plata, poder y ley, no lo han logrado aún por incompetencia, y ahora por quiebre del pacto social implícito que cuestionará definitivamente su veracidad.

ENFRENTADOS. En su columna del domingo pasado, Juan Martín Posadas con singular acierto escribe sobre la fractura que deja en lugares opuestos, enfrentados, a todos los uruguayos. Señala textualmente: "La vieja y noble tradición de la Paz de Abril se nos extravió en los setenta y no la hemos podido recuperar; su lógica era el reconocimiento de que el adversario tenía derecho a un lugar bajo el sol. Más aún: que sin él ese lugar es solo una obstinación sin posibilidades".

Mentirle a una administración siempre dispuesta a perfeccionar su policía tributaria es un acto de legítima defensa pero que rompe aquel pacto del principio. Es una pena además, porque nuestro sistema estadístico, era muy bueno y respetuoso del secreto profesional que la administración ve como un privilegio, no como un derecho que sin duda lo es.