El Estado, policía de suelos

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JULIO PREVE FOLLE

Ya en la administración anterior, y contaminadas con consideraciones políticas que nada tienen que ver con el suelo, se difundieron algunas ideas y prácticas acerca de su conservación, que contenían agravios que finalmente no fueron serios a la libertad económica y al derecho de propiedad.

Comenzando esta administración se empiezan a sentir algunas voces, por el momento totalmente compartibles, de funcionarios con responsabilidad de gobierno acerca del cuidado que hay que tener de los recursos naturales, en este momento de explosiva expansión agrícola. El problema empieza cuando se intenta establecer de quién es la responsabilidad primera de hacerlo; y luego sigue cuando se quieren imponer prácticas obligatorias, por encima de la voluntad del dueño.

EL DERECHO. Tenemos un problema que viene de una ley de 1982 que establece una obligación que colide con el derecho de propiedad y que, muy probablemente, sea inconstitucional. Dice la Ley de Suelos 15.239 en su artículo 2: "Los habitantes de la República deberán colaborar con el Estado en la conservación, uso y manejo adecuado de los suelos y de las aguas". Esta redacción establece que es el Estado el responsable, y los ciudadanos simples colaboradores, lo que es un error de principio. La única forma según la cual pacíficamente el Estado puede asumir alguna responsabilidad por el cuidado del suelo es apenas en aplicación del principio de subsidiariedad. En definitiva, si el particular no lo hace, el Estado podría de alguna forma colaborar con él, no más.

LA ECONOMÍA. Los precios de la tierra en la actualidad vuelven completamente irrelevante el peligro -llamémosle así- de que algún productor a sabiendas desee dañar irreversiblemente su suelo. Es más; si un propietario de hectáreas que valen 5 mil dólares las castiga, o no cuida que su arrendatario lo haga, el tema es más para la siquiatría que para las políticas públicas. Creo que hay quienes razonan hoy como si el campo valiera 100 dólares o menos, y ya no es más así. Tampoco es cierto que un arrendatario que paga 300 dólares de renta desee esquilmar el campo para luego irse dejando un yermo. Se trata de otra caricatura: el arrendatario, si ha encontrado un buen campo que lo arrienda por tres o cuatro años, no solo querrá quedarse en él con el consentimiento del arrendador, sino que no deseará que le hagan fama de mal cumplidor, ya que en ese caso otro ocupará su lugar, porque afortunadamente cada vez son más los interesados en tierras para agricultura.

La dificultad mayor que se plantean algunos colegas es que siempre se nos inculcó la idea de la rotación de cultivos con pasturas como algo mejor o más deseable, y eso hoy está en duda. En efecto, gracias a la siembra directa es posible desarrollar agricultura continua bajo ciertas condiciones, no solo sin desmejorar el suelo sino incrementando su productividad. Requiere algunos cuidados, una selección de cultivos apropiada, pero se puede realizar agricultura de modo casi permanente.

El problema es cuando la discusión técnica se carga de contenido emocional político y se asocia la agricultura continua a categorías en general molestas para la izquierda: el glifosato y las multinacionales, la soja y los transgénicos, la soja y los pools de siembra, la agricultura de gran porte y las sociedades anónimas, los extranjeros y la tierra, etc.

POLÍTICA AGRÍCOLA. Entonces sí aparecen los problemas. No es verdad, no está demostrado, que pueda ser el Estado un mejor cuidador del suelo que su titular, que no sólo sabe que de él depende, sino que con seguridad tiene en principio la voluntad de trasmitirlo a sus hijos. Salvo patologías que siempre hay, no se puede presumir, no hay ningún elemento para hacerlo, que el Estado cuidará mejor el suelo que el interesado. Más aún; los desastres edafológicos que tenemos en Canelones y en algunas zonas agrícolas provienen de políticas públicas que convirtieron en rentables producciones imposibles de sostener en el tiempo sin apoyos de los gobiernos: este es el caso de la remolacha, de la granja; sus suelos están deteriorados no por falta de cuidado del dueño sino por políticas equivocadas insostenibles en el tiempo. A este respecto, no sé qué puede estar pasando con el suelo en el que se planta caña de azúcar por varios años sin rotar, y en el que se quema el rastrojo y se cosecha toda la planta. Si hubiera deterioro éste derivaría no de la falta de cuidado del suelo de su titular sino del impulso voluntarista de una política azucarera sin el menor sentido económico, que digiere recursos de la sociedad.

Con todas las salvedades anteriores es bueno que el Estado colabore en la difusión de prácticas de conservación sobre las que exista unanimidad absoluta o, humildemente, con las dudas del caso. Lo que debe rechazarse absolutamente es la condición del Estado como policía de suelos, capaz de imponer prácticas de conservación y aún cultivos, más allá de la decisión de los productores en su predio. Porque más importante es la libertad que la materia orgánica; el derecho de propiedad que los catones.

Rechazo enfáticamente pues el concepto que establece que el Estado debe cuidar el suelo por encima de la voluntad de su dueño porque de alguna manera la tierra es de todos: no lo es y de ninguna manera. El suelo es de su propietario, y a través de él lo será para las generaciones futuras. No conozco otra manera de ejercer ese derecho y menos llegando a desplazar a su titular en decisiones cruciales. Hay que tener una jerarquía de valores y no confundirse; porque si aceptamos que el MGAP puede ser policía de suelos, estaríamos dando al gobierno un papel de intérprete y aún creador de éticas de garabato para las que nadie lo eligió. Peor aún sería si el Estado quisiera erigirse en censor de qué producir, qué cultivos, o bajo qué forma hacerlo. Hay quienes quieren prohibir la soja, o el glifosato, y obligar a rotar con leguminosas o gramíneas de verano, como si ello no violentara decisiones libres y como si fueran temas inobjetablemente laudados por la ciencia, que en el fondo no es lo más relevante.

De manera pues que información, discusión, concientización oficiales, todo lo que esto signifique es bienvenido. Todo lo que suponga en cambio policía de suelos, entrar a los campos, sancionar, imponer, no puede aceptarse.