Chile: modelo económico bajo fuego

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El violento terremoto que azotó Chile el 27 de febrero del 2010 provocó un cambio sustancial en el escenario económico y político que debió enfrentar el entonces Presidente electo, Sebastián Piñera.

En efecto, la magnitud de la destrucción hizo necesario modificar las prioridades de cada ministerio con el propósito de resolver, a la brevedad posible, las carencias de infraestructura pública y vivienda de los sectores de menores ingresos. Ello dentro del marco presupuestario de las finanzas públicas que había sido planteado por el gobierno anterior y luego aprobado por el Congreso.

En el ámbito político, la coalición de centro izquierda -conocida como la Concertación- no solo debía asumir el alejamiento del gobierno tras veinte años, para adoptar el desconocido papel de "oposición", sino que además, debían encuadrar sus diferencias con el nuevo gobierno dentro de un escenario donde el interés mayoritario era ayudar a los damnificados por el terremoto y reparar los daños ocasionados por éste. Desde luego, la opinión pública esperaba un apoyo generalizado a las tareas que el nuevo gobierno debía liderar en esta tarea. Una realidad parecida enfrentaban los grupos de presión no articulados dentro de los partidos de la Concertación.

Por otro lado, el terremoto ofreció al nuevo gobierno no solo la posibilidad de mostrar sus cualidades ejecutivas, sino además, de desmarcarse del estigma de ser "el gobierno de los empresarios", como algunos líderes de la izquierda habían planteado. Así, rápidamente el gobierno del presidente Piñera planteó la necesidad de aumentar la carga tributaria para hacer frente a los requerimientos del proceso de reconstrucción. Para ello se elevó -transitoriamente- el impuesto a las utilidades de las empresas, desde un 17% a un 20%, y el impuesto a las propiedades.

Transcurrido algo más de un año desde la aprobación de los ajustes mencionados de impuestos, en las últimas semanas se ha intensificado la presión para impedir que estos se reviertan, particularmente el alza de los impuestos de las empresas. Ello sobre la base que son necesarios más recursos públicos para sostener mejoramientos duraderos en la calidad de la educación, a lo que habría que añadir otras acciones de política dirigidas a reducir las desigualdades que subsisten en la sociedad chilena.

Es interesante señalar que durante el presente año se ha reiterado insistentemente dentro del debate público la hipótesis de que la sociedad chilena se encuentra tensionada por las desigualdades, lo que hace imprescindible acciones más decididas para corregir y eventualmente reemplazar, el modelo de desarrollo vigente. Cabe señalar que este diagnóstico no solo cuenta con la adhesión de un porcentaje importante de los opositores al actual gobierno, sino que también por un número no despreciable de adherentes a éste.

LA OTRA PERSPECTIVA. El tema es ciertamente complejo y su análisis es difícil de elaborar en pocas páginas, sin embargo es necesario establecer un conjunto de precisiones, las que permiten dar una mirada diferente a la realidad económico-política chilena actual. Para comenzar, cabe hacer presente un dato tan básico como ignorado dentro del debate actual: hace poco más de un año ganó la elección presidencial el candidato que mostraba una mayor adhesión al modelo de economía de mercado, al tiempo que los críticos más severos de este modelo alcanzaron porcentajes de votación muy bajos. Si bien el candidato de la Concertación, el ex Presidente Eduardo Frei, planteaba ciertas correcciones al modelo económico, parece incorrecto señalar su postura como "rupturista" con el mismo, considerando que su coalición mantuvo por veinte años los lineamientos esenciales de éste, incluyendo -por cierto- los seis años que le correspondió ejercer la presidencia. En ese sentido es dudosa la validez empírica de la hipótesis de un rechazo al sistema económico vigente.

Es incuestionable que la sociedad chilena muestra importantes desigualdades, las que en buena medida se resumen en la distribución del ingreso. Sin embargo, no se puede soslayar que tales diferencias de ingresos entre los diferentes sectores se han ido reduciendo -como lo ha demostrado el economista Claudio Sapelli de la Universidad Católica- a medida que se han incorporado al mercado laboral nuevas generaciones, cuyas diferencias en niveles de educación son sustancialmente menores que las que tuvieron sus padres y abuelos. Por otro lado, existe una amplia coincidencia en cuanto a que la combinación de un crecimiento sostenido con una adecuada focalización de las políticas sociales ha permitido reducir drásticamente los niveles de pobreza en los últimos treinta años. Además, es importante mencionar que una de las diferencias más importantes que muestra aún la sociedad chilena, se encuentra en la calidad de la educación escolar, lo que en buena medida se explica por regulaciones establecidas en el pasado bajo la presión del Colegio de Profesores, las que han dificultado la evaluación y mejoramiento de los profesores del sistema de educación municipalizada, al que accede una fracción significativa de los niños provenientes de familias de menores recursos.

¿Qué pasa entonces en el debate público chileno de los últimos meses? En mi opinión se ha conjugado una serie de factores para configurar un cuadro algo confuso. En primer lugar ha adquirido cierta notoriedad en los medios de comunicación y a partir de allí, en la agenda política, un conjunto de situaciones de poca información y/o falta de competencia en ciertos mercados, lo que se ha denunciado como fallas del sistema, en vez de advertir la necesidad de profundizar la competencia y para ello estimular una mayor información y transparencia. Ejemplos emblemáticos han sido situaciones vinculadas a la complejidad y eventual falta de transparencia en los contratos de servicios bancarios o de crédito de las casas comerciales.

Con respecto al tema universitario, que han ocupado un importante espacio dentro del debate reciente, es importante señalar que más allá de un conjunto de planteamientos políticos que poco tienen que ver con el problema universitario propiamente tal, lo que se observa es un enorme interés de los jóvenes por ser parte de un sistema económico que otorga un alto premio a la educación universitaria de calidad, lo que está llevando a un porcentaje importante de ellos a las universidades privadas. Desde luego ello no implica que no existan problemas pendientes en la organización de este sector. En absoluto, sin embargo cuando se trata -por ejemplo- de perfeccionar el sistema de financiamiento, a través de becas y créditos, de los estudios universitarios de los jóvenes de menores ingresos, no se está planteando un cambio de fondo del sistema universitario ni menos del sistema económico, sino un aspecto puntual, de carácter microeconómico.

Gobierno omiso. Por último hay que mencionar la responsabilidad del propio gobierno en las dudas que muestra actualmente la sociedad chilena con respecto al futuro. Ello por cuanto éste no ha mostrado con la convicción y claridad necesaria los beneficios que plantea -y que ha alcanzado- una estrategia de políticas basada en el mercado y la iniciativa privada, como vehículo para: impulsar el crecimiento, reducir la pobreza; elevar salarios y también, los recursos fiscales. Por el contrario, la abundancia fiscal que origina un alto precio del cobre lo ha llevado a caer en la tentación de dar muestras de la capacidad de respuesta a través de la "mano visible" del gasto fiscal, creando una intensa dinámica de presiones y expectativas.