Atentos a nueva ley

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Los granjeros de Canelones cuentan con toda mi solidaridad, porque han sido y siguen siendo engañados una y otra vez por las políticas públicas, que no pueden conducir a otra cosa que a un despeñadero durísimo. Como se sabe, con intensidad creciente desde la administración Batlle hasta hoy, a los granjeros les han hecho creer que lo mejor a lo que pueden aspirar es a una producción totalmente preservada de la competencia externa. Tal ha sido la excepcionalidad económica a los que se los sometió, que hoy creen tener el derecho no solo de evitar importaciones, sino de participar ellos mismos en la administración ilegal de éstas. Lo que está ocurriendo ahora era más que previsible. Privada la granja de la competencia externa, sus precios han ido muchas veces por encima de los de la región o el mundo. Esto lleva a que, cuando se generan excedentes, no hay forma de colocarlos afuera a precios remuneradores, porque su producción se ha desarrollado precisamente con protección de los precios más bajos del exterior. Así las cosas lo ocurrido con el vino, que cuando sobra es una tragedia, se repite en la granja. Cualquier aumento de la oferta por ejemplo debido al clima, o cualquier tropiezo de la demanda doméstica, o cualquier aumento de costos internos, generan una presión insoportable sobre los productores. Por eso es que la granja encerrada no tiene destino: porque depende solo de la demanda interna de escasa exigencia, y porque tiene pocas chances de crecer para afuera en razón de las políticas nacionales que la hacen mirar solo precios internos inflados por la protección.

ENCIERRO ILEGAL. Hasta ahora los instrumentos de encierro totalmente ilegales han sido entre otros los siguientes: en primer lugar el uso del IVA discriminatorio entre productos nacionales e importados, implementado con el pretexto de atender una catástrofe climática en la administración Batlle, y mantenido luego con propósitos de protección. Se trata de una norma que viola los compromisos internacionales del país. En segundo lugar tenemos la expedición de certificados sanitarios utilizada como barrera no arancelaria al comercio; se trata de trámites previos a la importación en los que, invocando la temática sanitaria, el MGAP los va liberando con arreglo a su interpretación, fuera de toda norma, de lo que considera el interés de la granja, o del país, quién sabe.

Lo que ahora ha trascendido es que el gobierno elabora un proyecto de ley en el que se establecerán las normas de calidad para la importación de frutas y verduras, con el cometido de evitar que entren mercaderías inferiores que las locales, lo que se constituiría en una muralla aún más alta al comercio. Esto es lo que el ministro Aguerre informó a los granjeros. Asimismo un dirigente de la Asociación de Productores de Canelones informó que -además- el ministro prometió a los granjeros que nuevamente se los iba a convocar a la Comisión de Asesoramiento y Abastecimiento del Mercado Interno, para que en el futuro próximo estén dando las sugerencias antes de que se otorguen los permisos sanitarios de importación. Todo es un atropello; la importación es legalmente libre, usar un permiso sanitario para cuotificar importaciones es un agravio a muchos principios, y darle intervención en las trabas a los posibles perjudicados por las importaciones, es decir a los propios productores, es un desvío institucional nunca visto salvo en la época de Batlle, que se había dejado de lado.

LEY SOBRE CALIDAD. Pero vamos a este tema de una posible ley que por razones de calidad, que se sumarían al abuso sanitario, podría detener importaciones de frutas y verduras. Lo primero es decir que la calidad debería ser propia del ámbito voluntario, y no materia de regulaciones. En efecto si yo quiero consumir cebollas del tamaño de una bolita, o zanahorias con forma de lápices, ese es mi problema y el de quien me vende. Si alguien encuentra un precio para colocar frutas o verduras de baja calidad, ese no es un problema de gobierno. No obstante, dado que los países abusan de este tema, la Organización Mundial del Comercio (OMC) tiene un código llamado de Obstáculos Técnicos al Comercio (TBT por su sigla en inglés), que es ley en nuestro país, que establece con precisión en qué casos una exigencia técnica es legítima. Y las razones tienen que ver con la protección de la salud o la seguridad humanas, el medio ambiente, la salud animal o vegetal, jamás con la protección del mercado. Textualmente señala el código: .. "no se elaboren, adopten o apliquen reglamentos técnicos que tengan por objeto o efecto crear obstáculos innecesarios al comercio internacional" (párrafo 2 del artículo 2). Estos reglamentos técnicos y normas tienen que ver con características específicas de un producto, por ejemplo el tamaño, la forma, el diseño, las funciones o el rendimiento, o bien la manera en que se lo etiqueta o embala antes de ponerlo en venta. Son ejemplo de estas disposiciones la exigencia de cinturón de seguridad, disposiciones sobre materiales eléctricos, etiquetas de cigarrillos, etc.

SIN FUTURO. Por supuesto estos reglamentos se hacen con idea de facilitar el comercio, no detenerlo, estableciendo por ejemplo que si una fruta es de determinadas características, no se podrán invocar razones de calidad para detener sus importaciones. Pero eso no quiere decir lo opuesto, es decir que si no cumple con un determinado tamaño no entra. Cabe recordar que para que un reglamento sea legítimo, por transparencia se debe poner de manifiesto un tiempo en la OMC por si recoge dificultades, y no puede establecer condiciones para las frutas importadas que no se cumplen dentro de fronteras porque así se violaría el principio de Trato Nacional. Además esos reglamentos deben prever cómo se establecerá la conformidad con los mismos, qué institución medirá las cebollas, etc. En definitiva, hacer las cosas bien -normas de calidad para facilitar, no para administrar discrecionalmente el comercio- no es muy fácil.

Además, permitir al consumidor acceder solo a determinados estándares de calidad es encarecer innecesariamente un producto o -otra vez- no aceptar que el soberano elija su mejor combinación de calidad y precio.

La granja con este tipo de medidas solo tiene por delante más sufrimiento; el mercado todavía más cerrado, no solo perjudica al consumidor sino que, si la producción aumenta, los más débiles desaparecen porque no pueden soportar precios de excedentes inexportables. Y utilizar la calidad como anunciada traba no arancelaria no solo es ilegal sino otro retroceso institucional.