Apertura a la competencia privada

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JORGE CAUMONT

Hace cuarenta años los uruguayos creían que abrir la economía al comercio internacional liquidaría a las actividades locales, que el desempleo treparía a niveles descomunales y que lo único que subsistiría sería la actividad pecuaria, ni siquiera la agrícola. En ese entonces la oposición a la apertura económica era generalizada y provenía de círculos políticos de todos los colores, del entorno empresarial, del conjunto de los trabajadores, de círculos académicos y de otros por el estilo. Nadie deseaba que se bajaran los obstáculos a las importaciones. Se importaba únicamente lo que no se producía y los bajos niveles en monto y volumen de las importaciones de bienes eran, en muchos años y de todos modos, mayores a los de las exportaciones de mercaderías. Pocos reconocían en un impuesto a las importaciones, un impuesto a las exportaciones. Hoy la realidad es diferente. Una vez que los hechos probaron que la actividad económica nacional lejos de ser destruida por las importaciones de productos extranjeros se ve beneficiada por ellas, muy pocos piensan en volver a la protección nominal y efectiva a la actividad económica nacional de aquellos tiempos justificándola con argumentos tan ingenuos como el de la industria naciente, por citar sólo el más conocido de entonces. Desde hace ya tres décadas, Uruguay ha ido incrementando sus ventas al exterior, exportando más porque importa más; porque se le ha ido progresivamente levantando el impuesto a las importaciones y así aliviando el gravamen implícito sobre las exportaciones.

CAMBIO ESTRUCTURAL. La reforma de la política comercial se comenzó a implementar desde que en 1973 el entonces ministro de economía, Alejandro Vegh Villegas, decidiera eliminar la prohibición de importar. Se pasó por varias etapas posteriores antes de llegar a la situación actual de arancel 0% para importaciones del Mercosur y de 20% como exige el Tratado de Asunción sobre las importaciones de fuera de la zona. Lo que no ha cambiado prácticamente a pesar de la alarma previa y durante las primeras dos décadas de la apertura comercial, es la estructura productiva del país. El agro, la industria, la construcción y el sector terciario han ido cambiando internamente en cuanto al peso relativo de los subsectores que los componen pero no se ha modificado su participación sectorial en la generación del PIB. Esos cambios se han producido naturalmente, sin traumas por desempleo ni de trabajadores ni de empresarios. Por el contrario, esos cambios han provocado un aumento en las oportunidades de empleo y de inversión. Y, sobre todo, un incremento en las oportunidades de consumo de la población. La industria automotriz que existía en los años sesenta y setenta, por ejemplo, ha dado paso al comercio de automóviles: ha aumentado el número de marcas y las unidades que se venden anualmente pasando de siete u ocho mil autos a cuarenta mil anuales. Hoy los uruguayos compran televisores LCD que cuestan menos de la mitad de lo que costaban los que se armaban localmente debido a las prohibiciones de compras en el exterior. Y lo mismo con motos, con electrodomésticos, con ropa y con otros productos que antes no se compraban afuera. El consumidor se ha visto favorecido por la apertura y sin perder su empleo, tal cual pregonaban quienes la promovían, pues la capacidad de compra de su salario en términos de los mismos bienes ahora importados ha trepado considerablemente. Las transferencias de ingresos que realizaba a empresas locales se han visto reducidas considerablemente, aunque todavía son altas por los aranceles que paga por compras fuera del Mercosur. El consumidor de bienes, consciente o inconscientemente, reconoce ahora que la apertura comercial ha sido un éxito, no sólo porque le permite consumir más sino porque además le pone a su disposición cosas que antes no tenía y, sobre todo, porque la apertura no le quita su empleo, por el contrario, le abre nuevas posibilidades de ocupación.

OTRA APERTURA. ¿Es posible otra apertura que traiga beneficios comparables a los de la comercial? Quienes han proclamado desde siempre la apertura del comercio exterior -en oposición a la nacionalización del comercio exterior que fuera una propuesta paralela- han apoyado también la necesidad de la apertura a la competencia de las actividades monopólicas de las empresas públicas. Desde hace veinte años han habido pruebas del rechazo que mayoritariamente sienten los uruguayos por la privatización de actividades públicas, pero lo que no es claro es que si quienes no desean la privatización no desean que haya competencia privada a esas actividades. La competencia es la forma de organización más conveniente de un mercado. Es la que minimiza el precio que deben pagar los consumidores y la que maximiza la cantidad que compran; es la que evita que se transfieran ingresos a los proveedores monopólicos y, en el caso concreto de las actividades públicas, la que sinceraría a la gestión tributaria de la administración. Este último punto se refiere al contenido cuasi tributario de las tarifas de las empresas estatales. Una de los argumentos más escuchados sobre la competitividad de las empresas estatales se refiere a que su eficiencia les permitiría competir con actividades similares llevadas adelante por el sector privado. Ante tal respuesta no es justificable la oposición a la apertura a la competencia. Otro argumento es el del monopolio natural: no hay lugar, se dice, para más de una empresa. El monopolio natural es también un monopolio tecnológico y se prueba a lo largo de la historia del análisis de los mercados que un monopolio natural -que no es legal- tiende a desaparecer por el cambio tecnológico. Es el caso de la telefonía celular como sustituto de la telefonía básica. El consumidor se siente hoy más satisfecho que cuando no se permitía la telefonía celular por empresas privadas. Una reforma estatal como la que se intenta, debería considerar la posibilidad de levantar el obstáculo legal al ingreso de privados en actividades hoy suministradas por el Estado.

CONCLUSIÓN. Una decisión de política macroeconómica trae consecuencias inmediatas. Cuando se quiere frenar la inflación, por ejemplo, y se usan políticas monetaria o fiscal restrictivas adecuadas, el resultado se obtiene en poco tiempo. En el caso de las políticas de cambios estructurales, la concreción de los resultados se dilata en el tiempo. Elevar o bajar aranceles, por ejemplo, altera la inversión y ello se materializa tras un lapso prolongado. Depende de la profundidad de la acción para que sea tanto o menos dilatado que lo que llevó la apertura comercial. Una plena apertura de las actividades estatales a la competencia privada provocaría cambios en las estructuras de varios mercados y sus beneficios para los consumidores se verían en cierto tiempo pero, sin dudas hoy, con mayor rapidez.