GONZALO RAMÍREZ
La finalidad de este artículo es analizar algunos aspectos económicos de la seguridad pública, para tratar de demostrar que la solución del problema no pasa solamente por una mejora en la gestión del Ministerio del Interior, ni por un cambio del marco normativo, ya sea endureciendo las penas o mediante una baja de la edad de imputabilidad. El país ha cambiado y hoy tenemos más de 9.000 reclusos, al tiempo que la pasta base juega un rol determinante en la modalidad de los delitos y en la cantidad de delincuentes.
Sin embargo, mucha gente continúa pensando que la solución pasa por imponer la "mano dura" y creemos que ello no es así, para lo cual habremos de compartir algunas cifras.
SERVICIO DE NATURALEZA PERSONAL
La salud, la educación y la seguridad son los servicios que más preocupan a cualquier familia. Quienes tenemos hijos sabemos que nuestro principal anhelo, es que crezcan sanos, seguros y preparados para el futuro.
El sistema nacional de salud ha sido objeto de una profunda reforma en nuestro país, que podrá compartirse o no, pero en cualquier caso ha ido acompañada por un incremento sustancial del gasto público y privado en la materia.
Por su parte, la educación y la seguridad siguen a la espera de una reforma que permita mejorar la calidad del servicio, ya que los resultados no han sido nada buenos, aun cuando el gasto público y privado en estos rubros se ha incrementado en los últimos años.
En el caso de la seguridad, según datos de la Presidencia de la República, "tomando como base la estructura de ejecución de gastos del año 2009, el presupuesto total para seguridad se incrementó en un 54%" y en lo que refiere a las remuneraciones del personal policial, la cifra se incrementará un 67% desde el 2011 al año 2014, como indica un informe elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Al comparar los datos entre los años 2010 y 2011, el rubro salarial para los policías se incrementó en un 34%. Para tener un parámetro en valores absolutos, según información publicada en el diario El País el 23 de marzo del 2011, un agente de segunda cobraba $ 12.102 por 48 horas semanales y según nuestras cuentas, esta cifra hoy superaría los $ 13.000.
Sin embargo, la policía sigue sin poder llenar las vacantes -a marzo de 2011 había 3.300- y cada vez le cuesta más al Estado convocar y retener al personal de mayor nivel educativo. A modo de ejemplo, en el año 2008 se flexibilizaron las condiciones de ingreso a la policía, que hasta ese momento requería ciclo básico completo, admitiendo el ingreso de personas que contaran solamente con enseñanza primaria completa. Al igual que sucede en la salud y la educación, donde la tecnología y la infraestructura son importantes para la modernización del servicio, si la formación de los maestros, los médicos y los policías no es buena, la tecnología no sirve de nada.
Según surge de la misma nota del diario El País de marzo del 2011, la policía y la construcción compiten desde siempre por la captación de mano de obra con escasa calificación, pero el auge de la construcción ha llevado el salario de un obrero no especializado a aproximadamente $ 20.000 líquidos por 25 jornales mensuales, lo que representa una ventaja significativa para la construcción respecto de la policía. Si a ello le sumamos que la actividad policial se ha vuelto cada vez más peligrosa, aunque la remuneración de la policía haya crecido en relación a años anteriores, hasta tanto no se adecue a los valores de mercado, seguirán sin llenarse las vacantes. Al mismo tiempo, las empresas de seguridad privada, si bien pagan salarios inferiores a los de la construcción y en muchos casos a los de la policía, ofrecen un régimen de trabajo más seguro y confortable y por eso hoy existen más de 15.000 guardias privados.
En consecuencia, mientras la cantidad de funcionarios policiales se ha mantenido prácticamente constante en los últimos 15 años, las cifras de criminalidad han crecido en forma geométrica.
SERVICIO 222
Para paliar la falta de recursos humanos, el Ministerio del Interior dispuso una reducción progresiva de las horas de servicio 222 que el personal ejecutivo puede prestar, las que en este año no podrán superar el tope de 120 horas mensuales.
Si bien es correcto que las horas trabajadas por concepto de 222 atentan contra la calidad del servicio y la salud laboral de quienes muchas veces cumplían en forma casi permanente jornadas de 16 horas diarias, lo cierto es que el resultado de esta medida es la reducción de la cantidad de horas de servicios policiales en la calle, en momentos en que la criminalidad aumenta en forma constante.
La intención era buena, porque partía del supuesto de que el aumento de los salarios policiales permitiría llenar las vacantes y tener más policías, mejor pagos y bien dormidos. Pero la realidad económica pasó por arriba de todas las expectativas y hoy un salario de 13.000 pesos para un agente de segunda no es suficiente. Al igual que cualquier empresario, el Estado debería leer la señal del mercado y adaptarse al mismo a riesgo de que los recursos humanos del Ministerio del Interior continúen bajando en calidad y cantidad y, por consiguiente, agravándose el problema de la seguridad.
SEGURIDAD PRIVADA
En materia de seguridad no existen casas ni comercios inviolables y por eso la receta para estar un poco más tranquilos, es que nuestra casa sea más segura que la del vecino. Por eso la seguridad privada no tiene incidencia alguna sobre los índices de criminalidad. Lo mismo sucede con las rejas, las alarmas, las cámaras de seguridad en los comercios, los vidrios blindados y las mamparas de los taxis, pues no inhiben al delincuente, simplemente lo dirigen hacia otra víctima.
Si no existieran las mamparas en los taxis, seguramente, crecerían nuevamente las rapiñas a estos vehículos y disminuirían las rapiñas a los buses. En este sentido, el semanario Búsqueda del jueves 12 pasado informaba que aumentaron las denuncias de rapiña en barrios con población de bajos recursos, al tiempo que disminuyeron en las zonas de ingresos altos.
Y esto es producto de un sistema de seguridad que además de ineficiente es injusto, puesto que los más pobres son quienes se llevan la peor parte. Basta ver los informativos para advertir que la mayoría de los comercios que rapiñan diariamente, son pequeños comercios de barrio y esta inequidad va a seguir acentuándose de manera constante, porque la gente que puede hacerlo está decidida a seguir gastando en medidas de seguridad privada.
A modo de ejemplo, hace unos días una nota de este diario daba cuenta que hoy existen 80 mil hogares con alarmas y que prevén llegar al doble en tres años. Pero lo más significativo es que una empresa privada, está prestando un servicio de seguridad en Pocitos Nuevo, a unas 70 familias que pagan a razón de $ 1.500 mensuales los propietarios de casas y $ 400 los propietarios de departamentos.
El mercado está dando una señal clarísima que el gobierno debe escuchar. La gente está dispuesta a gastar una parte importante de sus ingresos en medidas de seguridad privada, pero al mismo tiempo no quiere pagarle al Estado un solo peso más por concepto de impuestos. En consecuencia, si no se incrementan sensiblemente los salarios de la policía hasta lograr llenar las vacantes y mejorar la calidad de los recursos humanos, seguiremos teniendo los mismos niveles de delincuencia. Asimismo, cada vez va a haber más barrios privados, o con sistemas de seguridad privada, más autos con los vidrios blindados, más edificios de departamentos con seguridad las 24 horas, pero la delincuencia va a seguir creciendo. El Estado tiene que lograr canalizar esa demanda creciente del mercado por servicios de seguridad, potenciando el servicio 222 que es el más seguro y eficiente. Que la falta de efectivos haya determinado un exceso de horas mensuales trabajadas por parte de los policías que prestan ese servicio, es harina de otro costal. Pero un policía de guardia siempre va a ser mucho más efectivo que un guardia de seguridad privada, por la sencilla razón, que los delincuentes solo le temen al que los puede detener y privar de su libertad.