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Paula BARQUET

El oficial juntó el coraje y las pruebas necesarias para hacer la denuncia ante su superior, tal como establece el reglamento militar. "Tengo esto", le dijo al almirante, y le entregó los documentos que confirmaban una maniobra con vales de nafta por la que faltaban 500.000 dólares.

El almirante los recibió y los elevó a la Junta de Oficiales Almirantes. Allí, los mandos más altos de la Armada analizaron con detenimiento la denuncia que involucraba a dos oficiales. Quien presidía la reunión, el entonces comandante en jefe Juan Fernández Maggio, finalmente se expidió: "Por el bien de la fuerza" la denuncia quedaría en la interna.

Esto fue a mediados de 2009, un año antes de que se desatara la actual crisis. El hecho, confirmado a Qué Pasa por fuentes de la Armada, habría propiciado que un segundo marino desconfiara del procedimiento y denunciara otro ilícito de forma anónima y ante la Justicia.

A partir de allí la historia es conocida. Esta otra denuncia entró a un juzgado de crimen organizado el 3 de junio. Contenía información fidedigna basada en fotocopias de documentos originales, y revelaba que la compra de una grúa y un banco de pruebas para motores por un total de 600.000 dólares, nunca se había efectuado. Un comisario de Interpol se apareció sorpresivamente en la Armada con una orden judicial y verificó la veracidad de la denuncia.

La fiscal Mónica Ferrero y la jueza Graciela Gatti solicitaron a Gerardo Feble, antes director de Logística y entonces agregado naval en Brasil, su inmediato regreso al país. Otros oficiales fueron indagados. Pero la responsabilidad última era del ex comandante Fernández Maggio: aquel que "por el bien de la Armada" había preferido guardar silencio ante una irregularidad.

El primer procesado fue el capitán de navío Álvaro Bacqué, quien trabajaba en la Dirección Financiero Contable del Ministerio de Defensa, y a quien se consideró culpable por una maniobra con vales de nafta.

El 20 de agosto Fernández Maggio fue preso por haber aplazado el pago de una cuota de un edificio del Banco Hipotecario y haber simulado la adquisición de la grúa y el banco de pruebas con ese dinero, cuyo destino real aún se desconoce.

También fueron presos Feble, un integrante de la Dirección de Material Naval, Pablo da Costa, y el ex director del Servicio de Aprovisionamiento, Alberto Márquez. El quinto involucrado en esta "asociación para delinquir", como le llamó la Justicia, fue Danilo Damonte, ex titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Armada. Damonte obtuvo prisión domiciliaria a cambio de información: 16 carpetas con denuncias de más compras fantasmas en la fuerza del mar, que la Justicia aún investiga.

Por otra parte, el diputado nacionalista José Carlos Cardoso reveló otra irregularidad que venía investigando en el Parlamento desde 2008: la compra de 16 lanchas para la misión de paz en Haití, a un precio más alto que otras de mejor calidad, en una licitación supuestamente "direccionada".

El departamento de prensa del Ministerio de Defensa no lleva registro de las denuncias que salieron a la luz -todas anónimas- desde el 3 de junio, y que ya se cuentan en decenas. Varias han resultado falsas, como las que acusaban ilícitos en el Complejo Deportivo Naval, en la subprefectura de Piriápolis o en la adquisición de helicópteros para la fuerza.

Y aunque el ministro Luis Rosadilla optó por la transparencia ante la opinión pública al informar de cada denuncia que recibía, no siempre se rectificó respecto a las que habían resultado falsas.

A esta altura, en la Armada se perdió la pista de quiénes pueden ser los denunciantes anónimos. La percepción general es que después de "la primera piedra", algunos aprovecharon y mostraron otras que guardaban en silencio en sus bolsillos. Se sabe que reunir la información debida lleva tiempo. Muchos piensan que los denunciantes estaban esperando el "momento políticamente adecuado" para lanzarlas.

Ninguno lo hizo por amor a la Armada. De hecho, el común de los oficiales defenestra al personaje del "informante anónimo", a quien el sistema político ha dado protagonismo muy a pesar de la jerarquía militar. El "amor" a la Armada, dicen, se mide en servicio y obediencia.

Los oficiales han elaborado diversas teorías intentando despejar la incógnita más importante: quién fue el primer denunciante y por qué saltó ahora. Los rumores sostienen que se trata de un "resentido por promesas incumplidas", "alguien que no se llevó la cometa", "un mediocre que se creyó salvador cuando estaba siendo usado por otros".

Alguien incluso redactó una supuesta "conspiración" que lo explica todo, y la estampó en un correo electrónico que hace dos semanas circula entre marinos.

Algunos destacan la intromisión de lo político-partidario, otros la influencia de la masonería. Hay quienes apuntan a la relación entre militares y tupamaros, y quienes lo adjudican a una disputa entre tupamaros y vazquistas. Algo de cada teoría conforma la maraña de motivos. Pero en el fondo la cuestión remite, como siempre, al lado más débil de la naturaleza humana: la ambición por el dinero y el poder.

"La conspiración". Un correo dirigido a todos los oficiales de la Armada y titulado "La conspiración al descubierto", al que Qué Pasa tuvo acceso, circula hace unos 15 días en la fuerza del mar.

El documento, que confirma lo relatado por fuentes consultadas, empieza por reconstruir una puja entre el entonces presidente electo, José Mujica, y el presidente saliente, Tabaré Vázquez, en febrero de este año. Fernández Maggio pasaba a retiro y cada cual peleaba por un candidato: Mujica por Alberto Caramés (actual comandante en jefe) y Vázquez por Federico Lebel (actual jefe de Estado Mayor). Ante el desacuerdo, los mandatarios tomaron una decisión intermedia: ascender al almirante Oscar Debali, un masón afín al Partido Colorado. Por otra parte, Vázquez logró ascender a almirante a su edecán, Leonardo Alonso, también masón.

Esa negociación desencadenó una "lucha por el sillón", ya que Debali pasaría a retiro en un año. Su mandato sería breve.

Según el documento, "de no mediar alguna intervención, en febrero de 2011 todo indicaba que Federico Lebel accedería al Comando de la Armada, pero una hábil maniobra del grupo de Leoni interpuso sus objetivos". Ese "grupo" sería el de los "acólitos de Caramés", mientras que el otro bando conformaría el de los "acólitos de los hermanos (Federico y el retirado Alex) Lebel".

El capitán de navío Gonzalo Leoni, conocido como "El Caca", integraba la logia Tenientes de Artigas (de tendencia nacionalista, surgida en la década de 1970) y ahora es cercano al MPP. Leoni estuvo vinculado a los casos del "Sofia Star" y el "Cangrejo rojo". Además, se lo señaló como el autor de un presunto atentado al juez Gustavo Mirabal, quien decidió la extradición de los tres militares uruguayos implicados (y recientemente condenados) en el caso del químico chileno Eugenio Berríos. La Justicia desestimó su responsabilidad en el asunto (ver recuadro).

Más allá de su comprometido historial, Leoni es hoy uno de los principales asesores de Rosadilla en el tema Armada. Aunque oficialmente trabaja en la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, mantiene un diálogo cotidiano con el secretario de Estado. Fuentes muy cercanas a Leoni destacaron que el trato entre ellos es de "Caca-Ratón" (por su sobrenombre y el del ministro) y que han forjado una gran amistad.

Según el mail, Leoni, junto a otros oficiales "pro Caramés", sería el denunciante que todos quieren desenmascarar. "Su brillante conspiración logró el derrocamiento de Debali, la renuncia de (Hugo) Viglietti y el ninguneo a Lebel, ya que ahora Caramés es el elegido para comandar la Armada, tal cual Leoni lo programó", se afirma.

Sin embargo, esa maniobra fue desmentida por varios oficiales que con insistencia aseguraron a este suplemento: "Leoni no orquestó una campaña a favor de Caramés".

Otras fuentes, del entorno del actual comandante en jefe, consideraron que las denuncias desde un primer momento apuntaban a evitar la designación de Caramés, ya que éste ha ocupado altos cargos en los últimos años y por eso habría estado al tanto de las compras fantasmas, las licitaciones falsas y demás irregularidades.

El correo concluye que la "maniobra" de Leoni "no tendrá un final feliz", ya que como director de Material Naval, Caramés tuvo responsabilidades que "no podrá evadir". En el mismo sentido, La República y Caras y Caretas difundieron una supuesta denuncia que lo implica. Pero fuentes cercanas a Caramés alegan que la denuncia es "trucha" y que responde a una jugada para "ensuciarlo", cuando él "está limpio".

EL ELEGIDO. La denuncia que Fernández Maggio prefirió silenciar en junio de 2009, tuvo consecuencias seguramente inesperadas para el oficial que la entregó.

En aquel entonces hacía tres años que Caramés tenía un buen desempeño en la dirección de Material Naval. Después de dos décadas sin que la Armada construyera un barco, él retomaba esa tarea, lograba venderle una barcaza a Botnia y cerraba acuerdos con Ancap por otra barcaza y un empujador para un petrolero que va hacia Paysandú. Además del negocio (de unos 12 millones de dólares a favor de la Armada), Caramés cimentaba los lazos con el sistema político, principalmente con Mujica, que veía con buenos ojos el empuje a la construcción naval.

Dicen que, a pesar de estar identificado con el Partido Nacional, ya en esa época Caramés se posicionaba como el candidato del actual presidente.

A mediados de 2009, sorpresivamente y fuera del cronograma de la Armada, se lo trasladó a la Dirección de Personal, en un momento de apogeo de la industria naval. "Esa decisión es clave y no es casualidad: el sistema político lo intenta proteger, o él se protege a sí mismo", afirma una alta fuente de la Armada.

De esa manera, Caramés se mantiene "limpio" y adquiere firmeza como candidato a la titularidad del arma. Es que en la Dirección de Material Naval necesariamente se habría enterado de las mentadas irregularidades. En cambio en la Dirección de Personal, la implicancia sería menor o nula.

Con todo, distintas fuentes subrayaron la "honestidad" del actual comandante. Por esa característica -y por el mérito de haber retomado la construcción naval- habría sido el elegido de Rosadilla y Mujica.

"Yo le creo", concluyó el ministro el 31 de agosto, tras varias reuniones (algunas formales y otras informales) con Caramés. Cuando Debali renunció -por las acciones de su sobrino, y seguramente previendo que el escándalo lo salpicaría- los otros almirantes en carrera eran Lebel (investigado por el asunto de las lanchas), Alonso (recién ascendido, masón y vazquista), Hugo Viglietti (vinculado a alguna de las denuncias de Damonte) y Manuel Burgos (incriminado por Fernández Maggio en la compra de la grúa y el banco de pruebas). Caramés era el único aparentemente inocente.

SECRETO A VOCES. En realidad, todo el sistema militar, inclusive las otras dos fuerzas, estuvo involucrado en las maniobras. Todos los mandos altos tenían conocimiento de las irregularidades que se cometían, y probablemente también parte de los mandos bajos: desde el que decide una compra hasta el que la tipea en la computadora. La inocencia, si la Justicia se pusiera rigurosa con ellos, sería una condición excepcional.

Hace décadas que se recurre a la redistribución de fondos para subsistir. Y hace décadas que los políticos que ahora se muestran escandalizados, lo sabían. Para explicar lo sucedido, una fuente remite a una presunta frase de Eleuterio Fernández Huidobro: "Ojo con el milico, porque cuando le das una orden va a hacer cualquier cosa con tal de cumplirla".

Rubens Romanelli, capitán de navío retirado hace un año, opinó: "No tengo dudas de que el inicio fue la supervivencia ante escasos recursos. Después, un grupo aprovechó la permisividad o debilidad del sistema, y todo ante el desinterés del sistema político. Estos que ahora manifiestan sorpresa, integraron comisiones de Defensa. ¿Nunca se preguntaron cómo hacíamos para sobrevivir con el 5% de lo que pedíamos?".

Desde el retorno a la democracia, el presupuesto para las Fuerzas Armadas fue cada vez más magro. Además, pedir un refuerzo de rubros acarrea tiempo y burocracia. Eso llevó a que se dispusiera del dinero de las cajas chicas -que en realidad no eran tan chicas-, de los vales de nafta que "sobraban", de las tarjetas de teléfono, de los autos oficiales... Y por qué no pasar rubros de inversión a funcionamiento. Y por qué no saltear una licitación y realizar una compra directa con menos control estatal. Y por qué no sobrevaluar una compra y guardar el cambio. Y por qué no, mientras se reinvirtiera allí.

A principios de 2009, el entonces ministro José Bayardi decidió que los fondos de las misiones de paz de Naciones Unidas dejaran de ser administrados por las FFAA y pasaran al Ministerio de Defensa. Hasta entonces, ese dinero era un ingreso esencial para el funcionamiento cotidiano. Justamente, el cambio habría sido motivado por la constatación de irregularidades.

Además de los 20 o 30 días de licencia anual según el cargo, los militares pasaron a descansar también en Semana de Turismo, en las vacaciones de julio y en las de setiembre. Todo para ahorrar en alimentación y funcionamiento. Hace años que embarcarse es una "kamikazeada" porque no se realiza el mantenimiento necesario y falta equipamiento. Todo eso sucedía a la vista del sistema político sin que se hiciera algo por remediarlo. "No era políticamente redituable. A la gente en su cotidianeidad no le interesa la Defensa del país", explica Gabriel Porfilio, administrador del foro Uruguay Militaria y especialista en temas militares.

Por el contrario, se quejan los oficiales, se elegían comandantes sin liderazgo ni experiencia, corrompiendo la verticalidad. Los mandos superiores tenían operadores políticos que les aseguraban el cargo que quisieran, más allá de sus méritos. Los mandos bajos miraban con recelo el procedimiento de las designaciones.

Así fue que se empezó a "meter la mano en la lata", explican las fuentes. Y nadie dijo nada. Los siguientes "heredaron esa costumbre y la adoptaron". Total, nadie decía nada. Hasta que las maniobras se volvieron muy burdas, y alguien -enojado, decepcionado, encomendado o ilusionado con un cargo- sí dijo algo.

Hace unos días, una delegación de la Armada partió en una nueva misión de paz. Los oficiales no tenían uniformes porque quienes solían proveerlos eran los hermanos Trocky, requeridos por las irregularidades y actualmente fugitivos en Israel. Los Trocky se los vendían a crédito, por lo que no quedaban repuestos en el almacén. La solución fue pedir al Ejército sus uniformes -de un camuflado distinto al de los navales- y colocarles la insignia de la Armada.

Hoy, el estado de las fuerzas en general y de la Armada en particular es de desánimo y decepción. Todos hablan de este "golpe" que sufrieron, de lo difícil que es ponerse el uniforme y salir a la calle, de las miradas acusadoras de sus vecinos. Esperan señales que auguren tiempos mejores, y en cambio reciben la noticia de un presupuesto que otra vez es escaso.

En una de las explicaciones que el ministro Luis Rosadilla dio al sistema político, aclaró que las maniobras de la organización que operaba en la Armada fueron "perfectas", al punto que sortearon todos los controles legales. El delegado del Tribunal de Cuentas no notó los ilícitos, y aunque hacía años que la Auditoría Interna de la Nación denunciaba irregularidades, no fue lo suficientemente concluyente.

Fondos de ONU

El entonces presidente Tabaré Vázquez recibió una denuncia anónima y la remitió a la ministra Azucena Berrutti. Señalaba tráfico de influencias e ilícitos en el manejo de fondos del Ejército, considerando el dinero obtenido por la participación de los cascos azules en Operaciones de Mantenimiento de Paz de la ONU.

Lanchas

El 10 de diciembre de 2007 el Departamento de Operaciones de Paz de la ONU le asignó a Uruguay la misión de utilizar lanchas para el patrullaje naval en Haití. A principios de 2008 el Ministerio de Defensa adquirió 16 lanchas patrulleras a la firma estadounidense Boston Whaler al precio de 6.200.000 dólares. Pero se usaron 5.200.000 y no se sabe qué pasó con el millón faltante. Lo denunció el diputado nacionalista J. Carlos Cardoso.

Lla grúa

El expediente CE 26/2008 señaló la necesidad de comprar directamente una grúa hidráulica y sugiere un proveedor exclusivo. Esa fue la primera compra simulada.

Banco de pruebas

Con el expediente CE 27/2008 se simuló la aparente adquisición de un banco de prueba para motores. Así liberaron 327.100 dólares.

Cuenta alemana

Unos días después de la asunción de Luis Rosadilla, éste supo que había una investigación interna sobre el manejo de fondos en el exterior. Esto motivó el levantamiento del secreto bancario de una cuenta radicada en Alemania, manejada por dos oficiales.

Falsificado

El Ministerio de Defensa concluyó sus actuaciones y envió todo a la Justicia. Otro caso fue enviado por el propio Rosadilla: una presunta alteración de un documento de pago por un funcionario que fue removido del cargo.

Las 16 carpetas

Uno de los procesados, Danilo Damonte, aportó información sobre otras 16 compras ficticias, del año 2007.

Viajes y más

La compra de seis helicópteros, así como sospechas sobre la subprefectura de Piriápolis y el Complejo Deportivo Naval se confirmaron que no tenían razón de ser. Se investigaron viajes de oficiales al exterior y el destino dado al dinero que pagaron turistas belgas que utilizaron un buque en la Antártida. Se investigan fiestas privadas y viajes a Estados Unidos para ver partidos de la NBA.

Varios oficiales consultados aseguraron tener los celulares "pinchados", y no siempre por orden de la Justicia. Saben distinguir cuándo la intervención es por la vía judicial (a través de Antel) o si es mediante ciertos aparatos capaces de hacerlo. Por ese motivo todos los encuentros fueron en persona.

El comandante en jefe de la Armada, Alberto Caramés, sancionó a todos los investigados por irregularidades administrativas y relevó de sus cargos a los posibles implicados. Ordenó arresto militar (en una unidad militar) a al menos cinco oficiales por 15 o 45 días en función del caso.

Gonzalo Leoni, el principal asesor del ministro de Defensa, es un capitán de navío en actividad, investigado y citado por la Justicia en al menos dos ocasiones. Una fue la del sonado caso del "Cangrejo Rojo": una estafa por la que se procesó a dos marinos, Eladio y Ricardo Moll, y que culminó con la carrera política del hijo de Sanguinetti, Julio Luis, entonces diputado. Leoni fue indagado por presunta participación, pero no se comprobó responsabilidad. La otra instancia en la que pasó por la Justicia fue en 2006, por un presunto atentado al juez Gustavo Mirabal. Leoni había sido señalado por el abogado Gervasio Gillot como el autor intelectual de ese atentado, que después no se concretó. El motivo del atentado habría sido la decisión del juez Mirabal de extraditar a los tres militares implicados en la muerte del químico chileno Eugenio Berríos, que recientemente fueron condenados. La Justicia tampoco le encontró responsabilidad esta vez.