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La reforma incómoda

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Polémica en torno a la caja militar. Foto: Archivo El País.

El gobierno se propuso modificar el sistema jubilatorio de los militares por el peso económico que implica para el Estado, que aporta el 60% de los recursos. Consciente de que se enfrenta a un batallón de resistencias, avanza a paso lento y busca inspirarse en otras reformas.

Insostenible". Así es, según el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, el sistema jubilatorio de los militares. En Uruguay hay actualmente 53.197 retirados militares y 27.247 cotizantes, lo que equivale a dos pasivos por cada activo. En los últimos cinco años Rentas Generales asistió a la Caja Militar con US$ 1.523 millones. En 2015 el desembolso ascendió a US$ 345,7 millones, equivalentes al 0,6% del Producto Bruto Interno.

Los militares deben aportar durante 36 años a la Caja un montepío que equivale al 13% de sus remuneraciones. Si se jubilan antes, el aporte continúa hasta completar esos años. Hay pasividades militares que superan los $ 140.000, pero son las menos. El promedio de las jubilaciones es de $ 23.358, y el de las pensiones $ 15.370 (a enero de 2016).

En 2005 el entonces gobierno de Tabaré Vázquez afirmó que la reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas era "urgente". En 2008 se reformaron las cajas Bancaria y Policial. Ahora, el Ministerio de Economía presiona para hincarle el diente a la Caja Militar y aliviar el peso que representa para Rentas Generales. Este año, el Ministerio de Defensa fijó como prioridad el diseño de la postergada reforma. En el proyecto trabajan por el momento funcionarios del Ministerio de Defensa y la Caja Militar. Fundamentalmente se utiliza como modelo a seguir la reforma de la Caja Policial.

"Ahí hubo una experiencia y trabajo que hay que aprovechar. En una siguiente etapa vamos a consultar a gente de los ministerios de Trabajo y Economía que están especializados en estos temas", explicó Fernández Huidobro a El País.

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No obstante, las alternativas son escasas y las resistencias abundan. En el caso de la Caja Bancaria, parte de la solución fue incorporar nuevos colectivos (financieras y otras entidades vinculadas al rubro que aportan al BPS) y fijar un aporte adicional para jubilados bancarios, el Estado y las empresas del sector financiero. En cuanto a la Caja Policial, cuyo proyecto se discutió en el Parlamento durante tres años, se aumentó la edad de retiro, se favoreció al personal que realiza tareas ejecutivas y se fijaron aportes para partidas que estaban excluidas (como por ejemplo el servicio 222).

Sin embargo, la especificidad de la función militar hace que el diseño de una reforma sea más complejo que el que se implementó para otras cajas. No hay posibilidad de sumar colectivos y el aumento de la edad de jubilación es un tema sensible para los militares.

"La premisa es que ningún retirado va a perder derechos. Si lo hiciéramos tendríamos una cola interminable de reclamos judiciales y los perderíamos todos. Cambiará la situación de los activos una vez que se promulgue la ley", explicó Fernández Huidobro. Fuentes del gobierno señalaron a El País que es "urgente" diseñar una reforma "a fondo", porque "hay que aliviar el peso que este sistema previsional tan específico tiene sobre las cuentas del Estado". Entre 2009 y 2015 la asistencia de Rentas Generales se duplicó. En 2014, seis de cada 10 pesos que la Caja pagó en jubilaciones y pensiones los aportó Rentas Generales.

Pistas

Fernández Huidobro admite que encarar el tema es "complicadísimo" pero ofrece algunas pistas, entre ellas aumentar la edad que configure causal de retiro porque "la ley es de la década del 40, cuando un hombre a los 50 años era considerado un viejo". Según el ministro, hoy, a esa edad, un militar está "en el esplendor de sus capacidades".

En octubre de 2015 el semanario Búsqueda dio a conocer un borrador del proyecto de reforma de la Caja Militar en el que se manejaba un aumento de la edad de retiro obligatorio y de los años de servicio. La divulgación generó una airada reacción del comandante en jefe del Ejército, según publicó El País en su momento. Fuentes militares explicaron que ese borrador "es solo una guía" y que "queda mucho por discutir".

No obstante, y pese a la resistencia de algunos militares, el aumento de la edad de retiro obligatorio parece inevitable. A modo de ejemplo, actualmente, en el Ejército un general debe pasar a retiro a los 60 años, un coronel a los 55, un teniente coronel a los 52, un capitán a los 44 y un soldado a los 40.

Sin embargo, las edades pueden cambiar sustancialmente en función del cargo que ocupe el militar. Por ejemplo, si se desempeña en la Administración Central o en Sanidad Militar el retiro para un coronel se fija en 68 años. "Queremos cambiar la edad de retiro para todos los escalafones, lo que permitiría aumentar la cantidad de años de aporte a la Caja. Un coronel es obligado a retirarse con 55 años. Es una barbaridad. En la década del 40 era un viejo, hoy lo obligamos a irse cuando está en el esplendor de sus capacidades", afirmó Fernández Huidobro. Ese cambio también permitiría modificar la relación pasivo-activo, y disminuir la cantidad de años de pago de pasividades.

El comandante en jefe de la Armada, almirante Leonardo Alonso, manifiesta sus reparos. "Ampliar las edades de retiro forma parte de un estudio profundo. La realidad indica que es necesario extender las edades, pero no podemos tener a bordo a un hombre de 60 años… Es complejo, requiere de un estudio realmente profundo. No hay una postura de rechazo, pero yo entiendo que este anteproyecto de reforma (el divulgado el año pasado) dista mucho de la visión que tenemos de cuál debe ser el resultado final de una nueva ley de retiros", indicó.

Al presidente del Centro Militar, coronel Carlos Silva, la explicación del ministro de Defensa no le convence. "Hay un tiempo limitado para cumplir el servicio militar. El soldado debe tener aptitudes físicas y de entrenamiento no exigidas en otras profesiones. Son muchas y variadas las actividades físicas necesarias. La edad es una limitante importante para el servicio militar, y también en el peso en sus retiros", argumentó.

A otra caja.

Fernández Huidobro plantea que "sería positivo" que quienes piden el retiro voluntario se pasen al régimen del Banco de Previsión Social porque consiguen un trabajo mejor en el sector privado. "Que se rijan por ese sistema y salgan de la seguridad social militar. Eso aliviaría a nuestra Caja", dijo el ministro.

Por ejemplo, si bien el abanico de ejemplos es infinito en función de la combinación de grado, años de servicios y méritos, un militar con 17 años de servicio real puede tramitar una pasividad de unos $ 40.000 que se puede acumular a otra que se obtenga por años registrados en el régimen del BPS. Fernández Huidobro detalló que en el caso de la reforma de la Caja Policial, "a cierto personal, más bien joven, se le ofreció quedarse con el sistema antiguo o pasar a cobrar más cada mes desde el momento en que rigiera la nueva ley". "No se impuso, fue a elección de cada efectivo y muchos se plegaron a la idea de cobrar más ahora aunque cobraran menos cuando pasaran a retiro. Ese puede ser un camino para la muchachada que entra, pero hay que estudiarlo", consideró.

El ministro también es partidario de eliminar un "premio" que permite a los militares que pasan a retiro con un mínimo de 25 años de servicios reales o con causal de incapacidad de adquirir el grado inmediatamente superior, lo que incrementa sus ingresos. Fuentes militares dijeron que es un "reconocimiento" y que aún retirados forman parte de la "reserva", por lo que "están a disposición en todo momento".

"Ese fue un buen invento del expresidente Luis Alberto Lacalle para sacarse de encima a un montón de coroneles, pero se equivocó al no ponerle una fecha de vencimiento. Eso quedó para siempre y hay que eliminarlo, más aún cuando el retiro es voluntario. Los que, por ejemplo, se van de la Fuerza Aérea y de la Armada antes de tiempo, es porque consiguieron muy buenos sueldos en el sector privado", dijo Fernández Huidobro. Distinguió esas situaciones de las del "soldado raso" que "cuando deja el Ejército es porque consigue un trabajo en el que "gana un poco más". "No le podemos impedir a la gente que se vaya", explicó.

Los militares ven con recelo las propuestas sobre la mesa y reivindican que el "trabajo" del militar "no es comparable". También sostienen que los "privilegios" que se adjudican "son una mentira para justificar las reformas".

"Yo pregunto qué beneficio se podría sacar a un soldado, un clase o un oficial que tiene un sueldo miserable. Parecería que el ciudadano común no conoce lo que gana un militar, que además no puede quejarse. Muchos ciudadanos desconocen la situación real del personal militar, otros mienten sobre los sueldos y exageran los beneficios, y otros directamente mienten sobre la situación", sostiene Silva, del Centro Militar.

El comandante en jefe de la Armada pone sobre la mesa la situación de los salarios como un factor a negociar. "Hay que ver el salario de la gente: puede ser que se dé algo paradójico. Hoy vamos a estar despidiendo a un suboficial de cargo que lleva 36 años de servicio en la Marina, y 20 y pico de suboficial, que es la máxima jerarquía a la que puede llegar el personal subalterno. Ese hombre le ha dedicado 40 años a la Armada y su sueldo son 28 mil pesos. Si vamos a reformar la caja, debemos tener en cuenta que el personal debe tener a lo largo de toda su carrera un sueldo lo más digno posible que le permita sustentar a su familia. Es posible que haya que estudiar los haberes de retiro", indicó.

Fuentes militares consultadas por El País señalaron que el 60% de los efectivos en actividad ronda los $ 20.000, mientras que un 5% supera los $ 70.000.

"Nosotros entendemos que para aquel que dedicó toda su vida a la profesión —sin sindicatos, full time, sin nocturnidad, al servicio de la patria en el más amplio sentido— se tenga en cuenta el salario. Y tener en cuenta que aquel que debe irse porque la realidad se le impone, debe irse con un salario digno también porque ha dejado los mejores años de su vida sin beneficios", acotó Alonso.

Los militares insisten en la especificidad de su tarea, fundamentalmente frente a los policías. Ellos tienen coartada la libertad de expresión, el derecho de reunión, la libertad ambulatoria, y pueden perder la libertad como consecuencia de una falta. Son de "dedicación integral" al trabajo, no pueden tomar medidas sindicales ni formar sindicatos y son amovibles.

"Atribuir al militar, en materia de pasividad, un régimen o un servicio especial, no tiene por objeto colocarlo en posición ventajosa en relación a los demás trabajadores en general, ni tampoco dar privilegios o ventajas especiales en nombre de esa diferenciación", dijo Silva. "Por el contrario, el tratamiento especial busca posibilitar un sistema de previsión compatible con la profesión militar, que tiene características específicas no compartidas por ninguna otra categoría laboral".

Fernández Huidobro sostiene que la principal causa del desequilibrio financiero de la Caja tiene que ver con la reducción de efectivos que se procesa desde hace 1985. "Desde la salida de la dictadura el personal en actividad se redujo y pasaron a ser retirados. Entonces tenemos menos efectivos, pero como tenían derechos jubilatorios contraídos, incrementaron el número de retirados. El Estado sigue pagando, no ganó ni perdió, tiene menos efectivos y más jubilados", señaló.

El jefe de la Armada tiene la "convicción" de que los gobernantes "van a valorar el trabajo que hace la Armada y van a buscar el equilibrio". "No rechazamos, queremos buscar algo justo. El borrador ya escrito es modificable hasta en un 100%. Es una base para conversar". (Producción: Paula Barquet)

"Hacen creer a la gente que somos privilegiados".

El presidente del Centro Militar, Carlos Silva, dice que a la hora de instalar un debate sobre la Caja "se le miente a la gente". "Les hacen creer que somos privilegiados y tenemos pasividades exageradas. Los famosos coroneles son una minoría. Más del 20% del sueldo del coronel paga IASS. Además, paga unos $ 5.000 para Sanidad Militar. Es decir que nuestro costo de salud financia a todo el sistema de Sanidad Militar, que es mucho más solidario que el de otras profesiones."

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Polémica en torno a la caja militar. Foto: Archivo El País.

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