DE GRAMOS Y PESOS

La maquinaria detrás del cannabis estatal

El Ircca, el instituto creado para activar la ley de marihuana, también enfrentó el costo de la improvisación: falta de presupuesto, funcionarios "prestados" y un mar de dudas a cada paso que debía dar. Ahora que el sistema se consolida, se abre un nuevo capítulo para ellos: el de la recaudación.

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Foto: Fernando Ponzetto

Esta semana casi 1.500 personas pusieron sus manos en un lector de huellas dactilares para registrarse como futuros consumidores de cannabis. A ellos les llevó cinco minutos; al Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) le costó un triunfo.

Si la idea de regular la venta y consumo de marihuana fue un ensayo de José Mujica, el Ircca fue el organismo improvisado para concretar ese ensayo made in Uruguay. Como tal, nació sin presupuesto y sin funcionarios, pero tenía el rol de poner el ambicioso sistema en marcha. Durante los últimos tres años y medio el Ircca estuvo en el ojo público, criticado por la lentitud con la que se ejecutaba la ley y porque las fechas anunciadas no se cumplían. Ellos adoptaron una postura hermética que mantienen hasta hoy: en este momento, cuando empieza a concretarse uno de los pilares de la política diseñada, ninguna de las autoridades del Ircca, ni de la Junta Nacional de Drogas que lo preside, ni de la secretaría de Presidencia que lo financia, ni del Ministerio de Salud que lo vigila administrativamente, dan entrevistas a los medios. Según supo El País, hay orden de no hablar.

Quienes han estado vinculados aseguran que el trabajo en este novel instituto ha sido de hormiga. Cuando empezó a funcionar, en 2014, se nutrió de la "generosidad" de los tres ministerios integrantes del consejo directivo —Salud, Desarrollo y Ganadería— y también del Ministerio del Interior para armar un equipo de ocho funcionarios a los que se les habilitó un pase en comisión. A su vez, los representantes titulares y suplentes del consejo, otros ocho, asumieron tareas más allá de su función directiva.

En 2014 no tuvieron dinero propio porque la ley que los creó se aprobó en diciembre de 2013. Si se hubiera votado tres meses antes, no habría entrado en el año previo a elecciones durante el cual no se pueden agregar gastos al Estado. En 2015 tampoco hubo presupuesto porque siempre el primer año de gobierno transcurre con lo previsto en el período anterior. Esos dos años el Ircca recibió partidas extrapresupuestales, dinero que provenía de Rentas Generales e incluso de los ministerios asociados.

En 2016, el Tribunal de Cuentas emitió una "opinión adversa" sobre los estados contables presentados por el Ircca en ese período. Se detectó una subvaluación del activo del instituto, entre otras irregularidades. Por aquellos días, los balances los llevaba un contador de los que estaba en comisión en el Ircca y los "supervisaba" Presidencia, según contó un exfuncionario vinculado.

Todo lo que sucedía en esta oficina de la Galería Caubarrere —donde también tienen sede varias dependencias de Presidencia— era "de onda", comenta esa fuente. El Ircca no pagaba (ni paga) el alquiler. Los representantes de los ministerios iban apenas una vez por semana, pero los funcionarios eran "vocacionales" y hacían horas de más. El presidente, Augusto Vitale, provenía de la Junta Nacional de Drogas (originalmente es funcionario del Ministerio del Interior; él también está por un pase en comisión). El puzzle se completaba con los secretarios de la Junta y prosecretarios de Presidencia que estuvieron en estos años y que también dedicaron tiempo a resolver los vericuetos de la ley de marihuana.

Plata propia.

La ley de presupuesto que se votó en 2015 le asignó al Ircca $ 15 millones anuales. Como siempre les sucede a los organismos públicos, fue menos de lo que habían pedido. "Era un presupuesto insuficiente, pero alcanzaba para arrancar", dijo el exfuncionario.

Con los 15 millones que se le habilitaron a partir de 2016 no se contrató gente. El dinero se destinó a "funcionamiento administrativo, estudios técnicos, diseño e instalación de software, diseño de envoltorios, mantenimiento de la web, fiscalización de los clubes", entre otras cosas. Como la rendición de cuentas correspondiente a 2016 todavía no está pronta, la información exacta del desglose presupuestal no está disponible.

Una fuente que integra hoy el Ircca contó que, además del presupuesto, al instituto ingresaron US$ 40.000 que pagaron las empresas productoras de marihuana "recreativa" (20.000 cada una, en 2016 y en 2017). Ese monto es el canon fijo anual, pero las empresas también pagarán un variable asociado a la producción. También hubo ingresos por los pliegos de la licitación (a la que se presentaron 22 firmas).

Es que "el presupuesto es estrecho, pero las perspectivas de recaudación son muy buenas", agregó la fuente. "Se va a recaudar de la marihuana recreativa, de la medicinal cuando se destapen los proyectos que están a estudio del MSP, y de las licencias de cáñamo industrial, donde hay dos o tres empresas muy fuertes y con una perspectiva de desarrollo económico muy importante".

De la venta de marihuana recreativa, en concreto, sacarán una buena tajada. El Ircca cobrará a las empresas productoras el 10% de lo que percibirán por su producción (US$ 0,9 el gramo). Y cuando se venda al público (a US$ 1,3 el gramo), las farmacias se quedarán con el 30% y el Ircca, otra vez, recaudará el 10%.

En el Ircca saben que los potenciales usuarios de cannabis son 160.000 (según datos del INE de 2015), y la ley los habilita a comprar hasta 40 gramos mensuales a cada uno, pero sostienen que sería temerario sacar cálculos de cifras concretas de recaudación en base a esos números. Lo que sí reivindican es que el instituto "está pensado para ser autosustentable".

El Ircca tuvo hasta ahora dos grandes gastos. Uno fue la compra del software de identificación del usuario y de los gramos que tiene habilitados para consumir. Se adquirieron 250 aparatos a un costo de US$ 97.425, según una resolución de Presidencia que lo exoneró de los impuestos de importación. El otro gasto principal fue el software que permitirá controlar la trazabilidad de la producción, según confió un exintegrante del consejo directivo.

El acceso a dinero propio no implicó un cambio en los recursos humanos. Salvo algún caso puntual, la gran mayoría de los funcionarios del Ircca siguen siendo por pases en comisión. Incluso el director ejecutivo, Martín Rodríguez, que viene a ser el gerente del instituto, proviene del Ministerio de Salud. Lo que sí cambió es que ya no son ocho, sino "13 o 14", según dijeron las fuentes. Hoy hay ingenieros informáticos, abogados, contadores, funcionarios administrativos, técnicos agrícolas, algún químico, algún sociólogo especializado en estadística, y recientemente se incorporaron fiscalizadores.

Las complejidades y dolores de cabeza más fuertes, dicen, estuvieron en el diseño de la licitación, el armado del software, la negociación con las farmacias, y en cómo garantizar la inocuidad de la producción. Pero también en las mareas políticas y en las dudas inherentes a la toma de decisiones. "Todo generaba incertidumbre, había que pensarlo bien y buscar alternativas", destacó el exintegrante del consejo.

Ahora que la marihuana en farmacias parece un hecho —se anuncia que estará disponible en julio—; ahora que ya funcionan 51 clubes y hay 6.662 autocultivadores registrados; ahora, que ya pasó la tormenta, desde el Ircca hacen saber su malestar por lo que vivieron estos años. "Queremos que se desmonte la idea de que esto es fácil. No sigamos hablando de que el gobierno demoró, sino de que se tomó el tiempo necesario".

Una opinión "adversa" del Tribunal de Cuentas en 2016.

El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) detectó que en el ejercicio correspondiente a 2015, el Ircca "subvalúa las actividades operativas y sobrevalúa las de inversión en $ 1.197.682", según el expediente. Si bien el TCR evaluó como "adecuado" el sistema de control interno, constató esa y otras irregularidades, como que "no se reveló en una nota a los estados contables el hecho que existe un comodato por un terreno de 98 hectáreas firmado con el Ministerio del Interior el 14 de agosto de 2014 por 30 años para la plantación, cultivo y cosecha de cannabis". A su vez, el tribunal entiende que las inversiones efectuadas por el Ircca en "casilla de vigilancia y tejido perimetral" en aquel predio "constituyen bienes de uso" y deberían haberse contabilizado. Las autoridades del Ircca no han dado respuestas ante esto. Consultadas para este informe, fuentes del instituto le quitaron importancia.

Policía duplicó la incautación de marihuana en 2016.

De acuerdo a datos brindados por la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas del Ministerio del Interior, entre 2015 y 2016 prácticamente se duplicó la cantidad de marihuana incautada. En 2015 se retiraron 2.521.190 gramos del mercado ilegal, mientras que en 2016 fueron 4.305.330. Esto podría tener que ver con la entrada en vigencia de la ley que regula el consumo (específicamente con la habilitación del autocultivo y los clubes de membresía). Desde la Junta Nacional de Drogas, sin embargo, advirtieron que "no se puede hacer ningún tipo de relación respecto a la cantidad de marihuana incautada en un período y el consumo", ya que "esto responde más a la efectividad policial que a un cambio en la prevalencia". Héctor Suárez, del Observatorio Nacional de Drogas, entiende que aún no hay información que permita medir el impacto de la regulación "con rigor científico".

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