La mujer que en los últimos años tuvo el poder de admitir o denegar el ingreso de nuevos policías mediante una evaluación psicológica, no era, en realidad, psicóloga. Además, fue designada por su propio hermano. Información en poder de El País revela que los Anzalone llevaron a cabo una profunda reforma que hoy queda teñida de dudas.

Cuarenta minutos estuvo Robert Feijo frente a frente con la psicóloga que lo dejó afuera de la Policía. Hasta el día de hoy no sabe por qué: si ella lo notó impulsivo, si él dijo algo fuera de lo esperado. No lo sabe porque, a pesar de que se presentó para que le dieran una explicación, ese día la encargada del área no estaba. Y a pesar de que dejó su teléfono, nadie lo llamó.

Aquello fue en 2013. Al año siguiente volvió a intentarlo porque estaba determinado a abandonar su empleo y quería "dar una mano con la seguridad del país". Y, otra vez, 40 minutos de preguntas y respuestas con la misma psicóloga le aniquilaron la ilusión. Había superado las pruebas físicas, pero la evaluación psicológica es eliminatoria. La noticia lo dejó "molesto y desconcertado", y ya no quiso siquiera averiguar motivos. En vez de lamentarse, se consiguió un trabajo como guardia de seguridad privado.

La frustración de Feijo sería solamente una anécdota si no fuera porque, tiempo después, se supo que la persona encargada del Área de Evaluación Psicológica y Seguimiento de Sanidad Policial no era, en realidad, psicóloga. Y que, además, había sido designada en ese rol por su propio hermano.

Durante el tiempo que Laura Anzalone ejerció como psicóloga sin título habilitante en el Ministerio del Interior —entre junio de 2013 y octubre de 2016— hubo cientos que, como Feijo, fueron rechazados en su aspiración de ingresar a la Policía por motivos psicológicos. Desde noviembre de 2013 hasta noviembre de 2015 hubo exactamente 2.377 postulantes considerados "no aptos" de un total de 4.703 evaluados. A su vez, hubo 2.313 que en ese período, con Anzalone trabajando en el área de selección de personal, sí fueron aceptados.

Los datos surgen de la respuesta que hiciera el ministerio a un pedido de acceso a la información pública realizado por Robert Parrado, psicólogo, expolicía y actual asesor de Luis Lacalle Pou. En octubre de 2016 Parrado radicó una denuncia penal contra Leonardo Anzalone, director de la división Asuntos Sociales de la que depende, entre varias oficinas, la de Psicología Ocupacional, y contra su hermana Laura. Hace unos días, el fiscal del caso, Gustavo Zubía, pidió procesamiento con prisión para él por un delito de conjunción de interés privado y público, debido a que su conducta como jerarca fue "altamente lesiva" al designar a su hermana como psicóloga a sabiendas de que no tenía un título universitario. Para ella, en tanto, Zubía pidió el procesamiento sin prisión por usurpación de título. Según fuentes judiciales, la jueza Ana Claudia Ruibal tomará declaración a ambos mañana y resolverá en las próximas horas.

Antes de radicar la denuncia en la sede penal, Parrado batalló durante tres meses con el Ministerio del Interior en busca de respuestas a 40 preguntas que, según dice, formuló con información previa. Allí indagó todo lo vinculado a Laura Anzalone, pero también solicitó explicaciones por la contratación de un psiquiatra al que se le pidió un asesoramiento sobre la posibilidad de contratarse a él mismo, y a quien se le pagó $ 332.748 mediante compra directa. La trama también incluye la contratación de una psicóloga como "asesora" para implementar cambios y capacitar personal, con fundamento en su "vasta y acreditada trayectoria", siendo que de su propio curriculum se desprende que no tenía más de dos años en el rubro de la psicología ocupacional.

La contestación del ministerio fue en cuatro entregas y tras la imposición de un juez letrado en lo contencioso administrativo. La información, contenida en un expediente al que accedió El País, revela que el Servicio de Psicología Ocupacional no sólo tuvo como encargada a una persona que no contaba con la capacitación que decía tener sino que, además, durante el tiempo que ella estuvo allí se cambiaron los criterios de selección de los uniformados, se dejaron sin efecto programas y herramientas, se trasladó y se contrató personal, y se llevó adelante una profunda reforma de una oficina clave.

Esto también forma parte de la denuncia penal, pero Zubía aún no le "hincó el diente". El fiscal dijo a El País que optó por ir "tratando los temas de a uno para que no se acumule el trabajo". En cuanto Ruibal se expida sobre lo primero, comenzará a analizarlo.

Feijo ya no quiere entrar a la Policía, y si bien mantiene la duda sobre aquella evaluación psicológica, no insistirá. Según supo El País, otros sí han hecho averiguaciones legales para saber si les cabría razón en un eventual reclamo. Para recurrir a un acto administrativo hay un plazo de 10 días, pero para hacerle un juicio al Estado es posible tomarse hasta cuatro años. La chance de ganarlo sin haber recurrido antes es más bien remota.

A Laura Anzalone la contrataron como "asesora del Departamento de Recursos Humanos" en el marco de un proyecto de "propuestas de mejora de los procedimientos de selección y propuestas organizativas/formativas a partir de cálculo de planteles en la Dirección Nacional de Sanidad Policial". Comenzó a trabajar el 1° de junio de 2013. Según la información que dio la abogada del ministerio, Marisa Arizeta, "participó apoyando a los tribunales en los concursos internos" y "firmó como psicóloga ya que culminó los estudios de la carrera en España, por lo tanto ostenta título". Luego quedó en evidencia que esos estudios nunca fueron revalidados en Uruguay.

Mientras trabajó en Recursos Humanos, participó en el diseño de perfiles psicológicos por competencia de los policías. Más tarde se integró al Tribunal de Segunda Opinión, pensado para darle al aspirante declarado "no apto" la posibilidad de solicitar una segunda evaluación.

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Al cabo de un tiempo en el ministerio, Laura Anzalone asumió una función de mayor jerarquía. "Considerando la necesidad de protocolizar y jerarquizar los procedimientos", fue nombrada "encargada del Área de Evaluación Psicológica y Seguimiento de Sanidad Policial". Pasó entonces a tener a su cargo el funcionamiento del Tribunal de Segunda Opinión y la Sección Psicolaboral. Leonardo Anzalone, en ese momento director de Sanidad Policial, estampó su firma en la resolución que designa a su hermana.

Durante la gestión de Laura, el Tribunal de Segunda Opinión que había sido creado por resolución de Eduardo Bonomi en agosto de 2011, fue dejado sin efecto también con firma del ministro en mayo de 2016. Lo que antes fue considerado "una garantía incuestionable", pasó a entenderse "innecesario".

Según argumentó su hermano Leonardo en respuesta a Parrado, el Tribunal de Segunda Opinión se diluyó debido a que, "erróneamente", algunos psicólogos consideraban que "no era ético analizar el trabajo de sus colegas". Eso provocó "inconvenientes" y "demoras", por lo cual el tribunal se sustituyó por un "equipo de evaluación interno" que pasó a tener la función de emitir una segunda opinión antes del dictamen final, "manteniendo la existencia de dos miradas diferentes".

Laura siguió en el cargo hasta octubre de 2016. Bonomi explicó en el Parlamento que "cuando se hicieron públicas una serie de notas de prensa, se suspendió la ejecución del contrato". Su salida empujó también la renuncia de uno de sus hijos, que hacía tareas de informática en el Hospital Policial.

La semana pasada, Leonardo Anzalone mantuvo una reunión con su superior, el director de Secretaría, Charles Carrera. Quienes lo vieron salir del despacho notaron un gesto de satisfacción en él y especulan que no ha perdido respaldo del gobierno. Al menos dos artículos del Texto Ordenado de Normas sobre Funcionarios Públicos explicitan la prohibición de contratar familiares. Carrera no contestó la consulta para esta nota.

"Habida cuenta del fracaso que supuso el programa Segunda Opinión", y por "la vasta y acreditada trayectoria del Dr. Alberto Chertok y de la licenciada en Psicología Dra. María Noel Berthet", se contrató a estas personas en forma directa bajo la modalidad de arrendamiento", escribió la abogada Arizeta.

La llegada de Chertok al ministerio coincide con la de Laura Anzalone. El psiquiatra es inventor de una técnica de evaluación llamada "Test Psicológico Individual" (PSI), que según se desprende de la información contenida en el expediente, se usa en Sanidad Policial desde 2013.

En mayo de 2015 Chertok elaboró un "informe de asesoramiento" dirigido a Leonardo Anzalone, en el que menciona una "propuesta de asesoramiento" previa, "la cual recogía las consultas formuladas por esa Dirección Nacional con objeto de extender a otras áreas el uso del Test PSI". En un documento de 10 páginas, Chertok evalúa las instancias de evaluación psicolaboral y concluye que algunos tests son prescindibles y, en cambio, hay que incorporar uno nuevo: el suyo.

Y el ministerio acepta. Es decir: se contrata como auditor al mismo que ofrece su producto. El asesoramiento costó $ 47.000. La adquisición del test, que se hizo por compra directa en al menos dos oportunidades, implicó el desembolso de $ 285.748. Las resoluciones están disponibles en el portal de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado.

En su pedido de información, Parrado pregunta si hubo "algún llamado a precios", si se requirió asesoramiento a organismos o referentes en selección de personal, y pide que se adjunten las "consultas profesionales a expertos en la materia" para verificar si la técnica de Chertok es "relevante y trascendente". El ministerio contestó que no, que no se hizo ninguna consulta.

Además de argumentar a favor de la utilidad de su test, Chertok introduce en su informe la conveniencia de "implementar instancias de capacitación". En ese marco, en junio de 2016 se incorpora la psicóloga Berthet, cuyo curriculum revela que trabaja en el área laboral desde 2014. Su contrato es por $ 56.000 por 18 horas semanales en Neuropsiquiatría Pediátrica y 18 horas semanales en Psicología Ocupacional. "El objeto del contrato es asesoría, implementación de los cambios en la metodología a usar en psicología ocupacional y capacitación de los recursos humanos existentes de acuerdo a la nueva metodología a usar".

De los documentos se desprende que Chertok y Berthet —bajo el mando de Laura Anzalone— diseñaron un "Proyecto de Evaluación Psicolaboral para Aspirantes a Policía" que implicó un nuevo protocolo. Los cambios fueron avalados en una resolución que lleva la firma del subsecretario Jorge Vázquez.

Según supo El País y confirma Leonardo Anzalone en su respuesta a Parrado, varios integrantes del equipo de Psicología Laboral pidieron traslado a partir de la reforma. "Un factor de resistencia al cambio que no es de extrañar", valora Anzalone. El País supo, en tanto, que la difusión de la ausencia de título de la encargada del área trajo aparejado el desmantelamiento de la oficina y más traslados.

Al día de hoy no se sabe qué queda de la estructura que armaron los hermanos Anzalone para el ingreso de uniformados a la Policía. Lo que sí está claro es que la llave del reino tendrá nueva custodia.

Hay dos artículos del Texto Ordenado de Normas sobre Funcionarios Públicos (Tofup), que regulan lo relativo a los lazos de sangre dentro del Estado. El 448 dice: "Los ordenadores deberán excusarse de intervenir cuando la parte contratante esté ligada por razones de parentesco hasta el cuarto grado de consanguineidad o tercero de afinidad". El 452, en tanto, establece: "Al ingresar a la administración pública, no podrá actuar dentro de la misma repartición u oficinas, la persona que se halle vinculada con el jefe de la misma por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguineidad o afinidad. Si ingresara a la oficina un funcionario, por cualquiera de los procedimientos válidos de designación, la autoridad competente dispondrá los traslados necesarios, sin que se perjudique la categoría de ningún empleado (…). Queda igualmente prohibida la permanencia dentro de la misma oficina o sección de empleados que sean parientes entre sí en los grados expresados".

Leonardo Anzalone, actual director de Asuntos Sociales, enfrenta un pedido de procesamiento con prisión del fiscal Gustavo Zubía por conjunción de interés privado y público. Anzalone nombró a su propia hermana, Laura, a cargo de un área de su órbita y a sabiendas de que no ostentaba el título que decía tener. La resolución, fechada el 7 de septiembre de 2015, deja en evidencia que quien firma la designación tiene los mismos apellidos que la designada. Los Anzalone son afines al Frente Amplio. Laura fue presa política en Buenos Aires. Otro hermano, Pablo, fue director de Salud de la Intendencia de Montevideo.

PAULA BARQUET

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