PUNTA RIELES: ¿ EL FIN DEL HACINAMIENTO?

Una cárcel, mil incógnitas

En diciembre se inaugurará la segunda prisión más grande del país. Lejos de la recomendación que indica que las cárceles deben ser pequeñas y tipo chacras, allí habrá 1.960 presos que serán "disciplinados" con un modelo importado de España y que no tomó en cuenta la experiencia local.

Recorrida por la cárcel de Punta de Rieles
Foto: Fernando Ponzetto.
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Foto: Fenrnado Ponzetto.

Este muro es una grieta en el cielo. De cemento, delimita las 25 hectáreas de una cárcel a estrenar. Por su desmesurada inmensidad, de lejos y de cerca, esta prisión perturba. Desde adentro, aunque ahora silenciosa, vacía y pulcra, ahoga. Aquí uno es nadie porque todo es igual: sobrio, rígido y cerrado.

Se trata de la primera obra construida y gestionada en régimen de asociación público-privada, donde se prevé que un grupo empresarial garantice la salubridad en las condiciones de reclusión y la tecnología necesaria para poder controlar todo el complejo carcelario de forma remota. El Estado se encargará de la "rehabilitación" y la seguridad. La combinación, dicen, asegurará el "éxito". El Ministerio del Interior (MI) vaticina que una vez inaugurada será la cárcel "modelo".

Si no se continúan postergando los plazos, abrirá a mediados de diciembre. En el correr de seis meses, los 10 celdarios que constituyen la segunda cárcel más grande del país estarán a tope: 1960 hombres serán recluidos allí, en edificios de baja y media seguridad. Ellos serán los conejillos de indias de un sistema de reclusión "inédito" aquí: el que aplica España. Videovigilancia, sensores de movimiento y de humo, dispositivos que miden la presión e indican nivel de glucemia de cada recluso o leen la palma de la mano para saber quién es quién. La tecnología permitirá un uso "óptimo" del tiempo: se supone que el preso estará todo el día afuera de la celda trabajando, estudiando o realizando deportes.

A un mes y poco de la supuesta inauguración, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y el MI todavía se niegan a contestar preguntas sobre los detalles del funcionamiento o qué políticas de reinserción específicas se implementarán. Según confiaron fuentes del gobierno, ni ellos saben exactamente qué van a hacer.

Hay cuestiones básicas por resolver: ¿se podrá fumar o calentar agua dentro de la celda? Ese es uno de los problemas importados de España, porque la infraestructura edilicia no se adaptó a la realidad local y supuestamente estarán prohibidas ambas actividades, cuando aquí es raro encontrar a un preso que no fume.

Mariana Amaro, directora del Centro de Formación Penitenciaria (donde policías y operadores van a estudiar para poder trabajar en cárceles) explicó a El País que el desafío está en que la dinámica "funcione como un relojito" porque "si vos al tipo lo tenés al mango trabajando, estudiando, con un ocio creativo, va a ir a dormir a la celda, no va a tener necesidad de ponerse a fumar porque va a estar cansado y va a querer dormir".

Amaro también señaló que la prohibición es una discusión no saldada, pero Bernardo Vidal, inspector del contrato entre el MI y el grupo empresarial, asegura que solo se va a poder fumar en el patio, y que el "desafío" es explicarle al preso las reglas de convivencia, y que las "entienda". Parte de ese proceso también será no generar basura en las celdas: "Hay que lograr una rutina para que los desperdicios que se generen, de algo que se te rompió, que lo deposites abajo, que va a haber papelera (en las celdas no hay), y la empresa se encarga de su disposición final", agregó. Nada se sabe tampoco respecto al plan específico de convivencia para evitar, por ejemplo, peleas cuando cientos de presos bajen al comedor a mirar televisión: ¿quién decide el canal?

Vidal contó que en España "ponen a una persona a saltar los cercos perimetrales" y miden cuánto tiempo demora, para así calcular el tiempo que los gendarmes tienen antes de que el prófugo logre escapar y corromper el sistema. Eso, ¿también se importará?

El MI no dio a conocer una definición respecto a si las celdas que reciben más luz del sol serán ocupadas por quienes se "porten mejor" o será una designación "arbitraria" y, en todo caso, cuáles van a ser los criterios para determinarlo —son edificios de tres pisos con celdarios en los últimos dos. También falta saber cómo se van a utilizar 100 "celdas individuales" que se construyeron a pesar de que el encierro prolongado en aislamiento es considerado "tortuoso". El MI no ha informado cuáles son las variables que se están tomando en cuenta para construir la "escala de riesgo de reincidencia" que dirá quiénes van a esa cárcel y quiénes no.

A tanta incertidumbre se suma que falta terminar la capacitación de los 235 operadores penitenciarios y 130 policías que trabajarán allí, y que no conocen el lugar porque sigue en obra. Sí está claro que el MI apostó a la mecanización y a la tecnología para salvar el sistema carcelario, y que lo que se presenta como nuevo, en realidad es una promesa de antaño.

Vino nuevo en odre viejo.

Cuando se inauguró la primera cárcel del país, Miguelete, en 1888, se presentó como la "profilaxis del delito" porque las condiciones de reclusión eran "buenas" y allí el preso iba a poder recibir capacitaciones en oficios para luego trabajar. En fotos de la época se ve el establecimiento impecablemente limpio, de patios amplios y celdas diseñadas según los preceptos higienistas de ese entonces. Poco tiempo después la humedad hizo destrozos, no se realizó el mantenimiento edilicio adecuado y las capacitaciones se suspendieron.

Cien años después, cuando se estrenó el Complejo Carcelario de Santiago Vázquez (Comcar), la promesa fue la misma. En ese entonces, la idea era "organizar la convivencia en la prisión con el objeto de reducir el deterioro condicionante y atender todas las carencias en el plano social" para así sí, al fin, poder "rehabilitar", según se lee en el informe de Servicio Paz y Justicia (Serpaj) de 2003. Los resultados están a la vista: muertes, violencia extrema cotidiana, hacinamiento, educación y trabajo limitadas, corrupción, y un largo etcétera de atrocidades.

Hoy esa promesa vuelve a resonar, pero esta vez también trae aparejados otros cambios en el sistema penal y penitenciario. Además de la megacárcel y de la implementación del nuevo "tratamiento" penitenciario que implica el modelo español, el MI prevé enviar al Parlamento un proyecto de ley para que el INR sea un organismo técnico autónomo. Paralelamente se estará implementando, a partir de este miércoles, el nuevo Código de Proceso Penal, que también tendrá su impacto en el sistema penitenciario.

Porqués.

Cuando a las autoridades se les pregunta por qué eligieron hacer esta obra y no otra, la respuesta es la misma en todos los casos, desde 2011 hasta hoy: porque las malas condiciones de reclusión imposibilitan la "rehabilitación" y porque con 2.000 plazas más se "eliminaría" el hacinamiento. El actual director del INR, Gonzalo Larrosa, dijo en junio a El Observador que la nueva cárcel "va a descongestionar los lugares más embromados, como el Comcar y el Penal de Libertad; entonces en 2018 el hacinamiento se va a terminar". Sin embargo, advirtió que "si el nivel de prisionización sigue creciendo al ritmo que crece, capaz que para 2020 estamos hablando de lo mismo".

Para Mauro Tomasini, del Serpaj, el problema es que cuando a la autoridad se le pregunta "qué es lo que quieren hacer al mandar a la cárcel a una persona que cometió un delito, no te saben responder". "A cualquier delito se le da cualquier tipo de respuesta institucional: ¿qué tiene que ver cometer un delito con practicar rugby y hacer cuatro talleres de mimbrería? El sistema penal casi que no puede tramitar nada; solamente produce subalternidades precarizadas", reflexionó.

Críticas.

Desde que se supo que se iba a construir una cárcel bajo la modalidad de participación público-privada hubo críticas. En octubre de 2015 el abogado Álvaro Colistro, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), participó en el seminario Discutir la cárcel, pensar la sociedad. En ese entonces advirtió que una cárcel que recluye a 1.960 personas es una "contradicción" con la "finalidad rehabilitadora" y las recomendaciones que instan al Estado a que invierta en medidas no privativas de libertad. En esa línea también están Tomasini y el sociólogo Rafael Paternain, quienes en junio de este año, en una mesa que organizó el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, opinaron que esta cárcel "consolida la tendencia a la privatización, ya que focaliza al privado de libertad como una mercancía: pasa de ser alguien en depósito, incapacitado, a tener una revalorización económica".

Entrevistado por El País, Tomasini explicó que el cuerpo y el tiempo del preso es lo que se convierte en mercancía, y advirtió que "el gran problema que tiene es que puede disparar una cantidad más exacerbada de personas privadas de libertad porque empiezan a producir ganancia, tal como pasó en Estados Unidos desde la década de 1980".

El tercer informe del MNP, publicado este año, lo resume así: "Las cárceles son un negocio", y esta megacárcel "está ahí para demostrarlo". En ese sentido, la Asociación de Personas Privadas de Libertad considera que "se vienen tiempos muy complicados". "El feroz neoliberalismo y una sed constante de venganza por parte de un sector importante de nuestra sociedad, han construido una nueva cárcel, desde nuestra óptica, un nuevo centro de políticas de otrora que ya han fracasado en otras sociedades, las PPP. Lo único que podremos esperar de ellas es un mayor gasto a la sociedad, dejando atrás la profilaxis del delito", publicaron en su página de Facebook la semana pasada.

Mario Juliano, juez argentino, director de la Asociación Pensamiento Penal, explicó a El País que las experiencias chilena y peruana (las más cercanas en la región) "no han tenido los efectos positivos que se esperaban". "Aunque no hay demasiados estudios empíricos, lo que se ha medido demuestra que la diferencia en los resultados entre los establecimientos totalmente públicos y privados es mínima". En el informe del MNP se lee exactamente lo mismo.

El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, puso paños fríos en el asunto: "La modalidad público-privada no ha tenido buena prensa criminológica, pero tampoco han sido iguales ni malas todas las experiencias. Aquí hay un intento de innovación, por lo que creo que hay que tener una actitud de expectativa y tratar de aportar todos para que esa unidad funcione de la mejor manera". También reconoció que la mega cárcel no es, a su juicio, la mejor opción. "Por supuesto que hubiera preferido cuatro unidades autónomas para 450 personas, aunque estuvieran en un mismo predio y conectadas, que otra nueva unidad de grandes dimensiones. Pero hay que tratar que esto funcione bien, no quiero ni imaginar otros escenarios".

El gobierno pagará un millón de pesos por día.

En julio de 2011 el Parlamento uruguayo aprobó la Ley 18.786, que habilitó la participación público-privada para realizar obras públicas y prestar servicios. El 1 de mayo de 2015 el Ministerio del Interior (MI) adjudicó, en forma definitiva, la licitación del proyecto al grupo oferente Unidad Punta de Rieles, integrado por Teyma Uruguay SA, Instalaciones Inabensa SA y Goddard Catering Group Uruguay SA. El MI realizará pagos trimestrales al contratista por la disponibilidad de plazas de la cárcel. De acuerdo al contrato, serán 200 unidades indexadas ($ 740 a la fecha) por plaza por día, durante 27 años y medio: pagará $ 1.450.400 por día una vez que la cárcel esté llena con los 1960 hombres que se espera albergará. El 17 de agosto de 2015 comenzó la obra y actualmente se encuentra en la quinta etapa, la última.

Recorrida: 720 celdas en siete edificios.

El terreno en el que se está terminando de construir la cárcel fue entregado en comodato al MI por el Ministerio de Defensa. Es un predio en Punta de Rieles, Montevideo, que consta de 36.000 m2 de área techada y 14.000 m2 de espacios exteriores, y está a menos de 100 metros de distancia de la cárcel n.° 6.

La nueva prisión consta de seis edificios de media seguridad, compuestos por dos módulos cada uno, que suman 420 celdas de tres plazas cada una; dos edificios de baja seguridad (cuatro módulos), con 100 celdas de cinco plazas cada una; y otros dos edificios de media seguridad, de 100 celdas individuales. También está el Centro de Diagnóstico y Derivación, con 100 celdas más. En total habrá 720 celdas.

Cada edificio tiene una sala de enfermería, una oficina, una sala para peluquería o tatuajes, y cada módulo cuenta con un comedor, un "salón de estudios", un economato, duchas comunes con artefactos antiahorque, patio y escalera de emergencia.

Aunque las autoridades se refieran al complejo carcelario como "edificios residenciales" y dos por tres hablen de "habitación", los módulos de la prisión no son como los compartimentos de una casa, ni las celdas, cuartos. Los 12 módulos con celdas para tres están amoblados con tres placas de acero que funcionan como parrilla de cama (dos de ellas en cucheta), una mesa y tres bancos adjuntos y seis estanterías, todo de metal. También hay un caño de calefacción y, arriba, un panel con dos botones: uno para prender la luz, otro para llamar al operador. Detrás, frente a la mesa, hay un lavabo con fluxómetro y un inodoro de acero inoxidable, sin puerta ni división alguna. Todo eso tiene tornillos y estructuras antivandálicas. Las puertas son de metal, blancas, con cerradura eléctrica, que el propio recluso deberá cerrar una vez dentro para que el policía, desde su cabina cercada por vidrios blindex y rejas, lo tranque desde lejos. Bien enfrente a la puerta hay una ventana chica, con barrotes gruesos, que se abre hasta la mitad. Se supone que todas las celdas son así, que lo único que varía son la cantidad de camas, asientos y estantes.

También hay una sala de enfermería con 22 camas y equipo de rayos x, ecógrafo, etcétera; espacios "de uso alternativo", como un salón "cultural y polideportivo", dos salas de lectura asociadas a una biblioteca en cada uno, y dos salas de talleres ocupacionales. A su vez, hay 18 salas de visita íntima, 10 locutorios para visita familiar y salones para visita colectiva, tres locutorios para visita de profesionales y uno para visita de jueces. El preso podrá recibir a sus familiares y amigos sábados y domingos, por dos horas; podrán ingresar por preso tres personas cada vez. El régimen de visitas conyugales está por verse.

Ni narcos, ni expolicías, ni población LGBTI.

Los primeros que serán recluidos en la nueva cárcel son los que harán funcionar la máquina carcelaria, es decir, primero irán los que trabajen para la empresa en la lavandería, cocina, economato, limpieza y mantenimiento, que serán capacitados por la empresa. Según un documento interno al que accedió El País, durante los primeros 30 días se realizará "acompañamiento y evaluación" del "desempeño en la vida cotidiana y el ámbito laboral", y se le asignará, a cada preso, un operador referente.

Bernardo Vidal, inspector del contrato entre la empresa y el Ministerio del Interior, estima que serán encerrados en los módulos de celdas para cinco reclusos, porque ahí irían a parar los que "tengan mejores habilidades para la convivencia y estén más dispuestos a trabajar". Por eso, explicó, esos módulos están dispuestos en el territorio más cerca de los talleres productivos, de las aulas, del centro de salud. Es que este modelo, aunque español, también es progresivo-regresivo: supone un "avance" o "retroceso" del preso dentro del mismo sistema: se lo premia o se lo castiga.

Según supo El País, además de ser trabajadores, los primeros presos que serán trasladados vendrán principalmente del Comcar, Penal de Libertad, Juan Soler, Canelones, y del Centro de Admisión y Derivación Metropolitano, que actualmente funciona en la ex Cárcel Central. Habrá primarios y reincidentes, penados y procesados; los que están condenados deberán contar con un vencimiento de pena no menor a un año ni mayor a cinco. También podrán terminar ahí extranjeros. Ninguno podrá estar preso por delitos vinculados al narcotráfico ni al crimen organizado, ni por delitos sexuales. No podrán ser exmilitares, expolicías ni ex operadores penitenciarios; tampoco podrán ser población LGTBI.

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