Aunque en teoría será una jornada de elecciones para integrar el nuevo Parlamento de Cataluña, la votación del 27 de setiembre decidirá también la suerte del proyecto para consagrar la independencia de esa rica región de España.

Así lo han querido los partidos independentistas catalanes al dotar a estas elecciones de un carácter plebiscitario rechazado por el gobierno de España encabezado por Mariano Rajoy.

Con 32.000 kilómetros cuadrados, algo más de 7 millones de habitantes y un producto bruto superior a los 200 mil millones de euros, Cataluña es junto a Madrid y Baleares, una de las tres co-munidades autónomas que reciben del Estado español menos de lo que aportan. Ese es uno de los argumentos de los secesionistas cuando sostienen que los catalanes serán más ricos si abandonan España.

Tal vaticinio es dudoso. Por de pronto los grandes bancos europeos y las calificadoras de riesgo ven con malos ojos un eventual desgajamiento de Cataluña dado el monto de su deuda y las magras perspectivas de obtener financiación externa. Entre otros inconvenientes se señala que las mayores empresas catalanas dependen del mercado español, por lo que en caso de perderlo la caída del producto sería inevitable.

Aun cuando los catalanes aceptaran ser más pobres pero independientes, enfrentarían otros escollos, entre ellos su admisión como socios de la Unión Europea. Para eso deberían contar con la aprobación unánime de los 28 países que la componen, la mayoría de los cuales observa el intento catalán como un mal precedente capaz de alentar tendencias separatistas por doquier. Autoridades europeas advierten que la aparición de un nuevo Estado, "de forma que no respete el ordenamiento constitucional de los actuales Estados no será miembro de la Unión Europea". La iniciativa independentista dista de ser constitucional, por lo que es imposible la "incorporación automática a Europa", anunciada por sus promotores.

Por otra parte, el bloque formado por los partidos alineados con el Sí, liderados por la Convergencia Democrática de Cataluña (Cdc) del presidente de la comunidad, Artur Mas, no puede ser más desparejo y políticamente contradictorio. Entre otros grupos, allí está la izquierdista y radical Ezquerra Catalana, unida ocasionalmente al grupo independentista y a otras organizaciones variopintas, lo que permite predecir que habrá visiones divergentes sobre el rumbo a seguir si triunfara el Sí.

Uno de los aspectos más polémicos de la votación organizada por Mas y los suyos para elegir a los 135 miembros del nuevo Parlamento autonómico, es que quieren interpretar el resultado de la elección en base a los escaños logrados y no a los votos volcados en las urnas. Los partidarios del No, como el Partido Popular y el PSOE, califican esa propuesta como una maniobra electoral que desvirtúa la idea de que estas elecciones son ante todo un plebiscito por la independencia. Puede ocurrir que el Sí pierda la votación popular ante el No, pero que reúna a los 68 diputados que conforman la mayoría pues el sistema electoral no es de estricta representación proporcional. En esa situación, decir que los catalanes votaron la independencia sería trampear el veredicto de las urnas.

Felipe González dijo que "desconectar de España como propone Mas" es una "ruptura de la legalidad". Según el expresidente la victoria del Sí los "desconectaría del resto de España, rompiendo la Constitución y el Estatuto que garantiza el autogobierno". Añade —y este argumento vale por estas latitudes— que también los "desconectaría de la dimensión iberoamericana y especialmente de Cataluña, porque este vínculo se hace a través de España como Estado nación y de la lengua que compartimos con 500 millones de personas —el castellano— como saben bien los mayores editores en esta lengua, que están en Barcelona".

Es algo discutible el derecho de los catalanes a buscar más autonomía que la que les confiere el actual Estatuto, de modo de contemplar sus aspiraciones económicas y realzar sus tradiciones, su cultura, su lengua y su magnífico aporte a la nación española, atributos que no les fueron reconocidos durante largo tiempo. Privada de los innovadores y laboriosos catalanes, España sería menos España, qué duda cabe. Lo que carece de sentido es la tentativa independentista a través de un raro plebiscito electoral a definirse en función de escaños, no de votos. Y más grave aun es que a diferencia de casos similares —como el de Escocia— el intento se haga contra la voluntad del gobierno español y contra los dictados de la Constitución del país.

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