Alberto Nisman no era un suicida. Al menos, no lo parecía. Jamás se lo vio deprimido, ni exhausto, ni acobardado. Creía que su investigación sobre los autores intelectuales y financieros de la masacre de la AMIA terminaba en la conducción del gobierno de Irán. 

Creía ciegamente en esa hipótesis y confiaba, también, en que su trabajo concluiría comprobando la veracidad de esa pista. Siempre aclaraba que mucha información le había llegado a través de los servicios de inteligencia locales y extranjeros, pero que no había usado ninguna que no pudiera ser debidamente probada ante la Justicia. Interpol le dio la razón cuando aprobó su pedido de captura internacional para seis jerarcas iraníes.

Es cierto que otro Nisman apareció cuando el gobierno de Cristina Kirchner decidió firmar un acuerdo con Irán. El fiscal anterior era un hombre por lo general comprensivo del gobierno kirchnerista. Nunca lo decía frontalmente, pero lo insinuaba con claridad.

Nisman había llegado al cargo de fiscal general sobre el atentado contra la AMIA por decisión del gobierno de Néstor Kirchner, y la diarquía gobernante lo había autorizado a ir hasta la sede central de Interpol, en la ciudad francesa de Lyon, para lograr la detención de la jerarquía iraní implicada en los crímenes de Buenos Aires. Un Nisman crítico y decepcionado surgió luego de que se informó sobre el acuerdo con Teherán que nunca nadie pudo explicar. El pacto creaba una Comisión de la Verdad, como si no hubiera existido antes una verdad. De alguna manera, el gobierno de Cristina Kirchner había decidido ignorar la verdad argentina sobre el atentado contra la AMIA, o la verdad de la justicia argentina sobre esa tragedia. Nisman había contribuido personalmente a la construcción de esa verdad. Su trabajo se había convertido de pronto en nada.

La decepción de Nisman coincidió (y esto también es cierto) con la rebelión del espionaje argentino, hasta entonces dispuesto a cumplir todas las órdenes (buenas, malas o perversas) de los Kirchner. Nisman tenía una relación casi indestructible con Jaime Stiusso, el jefe real de los espías argentinos. Esa relación nació y creció a la sombra de la causa sobre la AMIA. A su vez, Stiusso era (¿es?) un espía de confianza para los servicios de inteligencia de las principales potencias occidentales, no solo de EE.UU. En verdad, los espías argentinos temían que quedaran expuestos ante los iraníes sus contactos en los servicios de inteligencia extranjeros.

El juez de la causa AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, que también hizo suya en su momento la verdad de Nisman sobre Irán, no fue leal con el fiscal cuando develó públicamente que él solo había autorizado las escuchas telefónicas a Khalil. Actuó prematuramente, sin hablar con Nisman.

Canicoba Corral es un juez que carece de prestigio en los tribunales y esta vez pareció más urgido en salvar al Gobierno que en apoyar al fiscal. Si solo había ordenado la persecución telefónica de Khalil, entonces dejaba a buen resguardo a Luis DElía, a Andrés "Cuervo" Larroque y a Fernando Esteche, el jefe del siempre funcional Quebracho; es decir, a todos los integrantes de la increíble diplomacia paralela de Cristina Kirchner. La única novedad en esa lista es Larroque. Ya está más que probada la muy buena relación de DElía con dos países con petrodólares, Irán y Venezuela, y la de Esteche con cualquier aventura violenta de este mundo.

La última vez que me reuní con Alberto Nisman fue el 11 de noviembre pasado. Estaba eufórico porque el presidente Barack Obama había nombrado procuradora general de Estados Unidos (el Ministerio de Justicia de ese país) a Loretta Lynch en lugar del renunciante Eric Holder. Lynch asumirá su cargo en las próximas semanas, luego de que el Senado norteamericano apruebe su designación.

Nisman y Lynch eran muy amigos. Ella fue, hasta su designación como procuradora general, fiscal del distrito de Brooklyn, en Nueva York. Lynch debió investigar el intento de atentado en el aeropuerto neoyorquino John F. Kennedy. Con amplia trayectoria en la persecución de delitos como el crimen organizado o la violencia racial, Lynch esclareció ese intento de atentado que consistió en buscar la explosión de los depósitos de combustible de la terminal aérea en 2007. En 2010, logró la condena de cuatro personas, integrantes de una célula que, según la justicia norteamericana, estaba vinculada con Al-Qaeda y el gobierno de Irán.

Nisman recordaba, incluso, una conversación con Lynch (que lo ayudó mucho para conseguir las pruebas contra Irán), en la que él se comprometió ante la fiscal norteamericana a probar que "Irán es un Estado terrorista". La respuesta de Lynch fue tajante: "No necesita probarme nada. Yo sé que Irán es un Estado terrorista".

El lunes pasado hablé por teléfono por última vez con Nisman. Me llamó a mi celular. Yo estaba en París. "¿Qué bomba está por tirar?", le pregunté, medio en broma, medio en serio. "Adivinó. Voy a tirar una bomba muy grande y tengo todas las pruebas en mis manos", respondió. Quedamos en tomar un café a mi vuelta, a fines de enero. "Llámeme no bien regrese", me dijo cuando se despidió.

La bomba era la denuncia más grave que se haya hecho contra un gobierno argentino en democracia.

El tono entusiasta de su voz y las promesas de encuentros en tiempos próximos estuvieron muy lejos de delatar a un suicida. Su muerte política, se llame técnicamente como se llame, es, a su vez, la página más oscura e incomprensible de la nueva democracia argentina.

Un análisis de la situación creada con la muerte del fiscal JOAQUÍN MORALES SOLÁ | LA NACIÓN - GDA