CRISIS POLÍTICA EN ESPAÑA

Ofensiva judicial: Puigdemont será denunciado por rebelión

La acusación que prepara la Fiscalía española también abarca a su gabinete y a varios parlamentarios.

Según los organizadores, la marcha de ayer reunió a 1,1 millones de personas. Foto: AFP
Según los organizadores, la marcha de ayer reunió a 1,1 millones de personas. Foto: AFP

Además de ser destituido por el gobierno de Mariano Rajoy, el presidente catalán Carles Puigdemont se enfrenta a un proceso judicial que puede llevarlo a un largo período en la cárcel.

La Fiscalía General decidió ayer domingo que la anunciada querella por rebelión por el proceso que desembocó en la declaración de independencia de Cataluña del pasado viernes no se registre solamente en el Tribunal Supremo, como estaba previsto inicialmente, sino que las acciones penales se interpongan también en la Audiencia Nacional, informó el diario El País de Madrid.

Fuentes del ministerio público se plantean que en el alto tribunal se denuncie a los responsables de la declaración que tienen fueros, como los miembros de la Mesa del Parlamento catalán, encabezados por Carme Forcadell, que dieron trámite a la votación de la independencia.

En la Audiencia Nacional, único tribunal competente, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, para investigar y enjuiciar los delitos de rebelión en el caso de funcionarios que no tienen fueros legislativos, podrán quedar querellados el propio Puigdemont, y los también cesados vicepresidente Oriol Junqueras y el resto del gabinete catalán.

El delito de rebelión está recogido en el artículo 472 y siguientes del Código Penal español. Este tipo penal castiga con un máximo de 30 años de prisión a quienes se levanten "violenta y públicamente" para "derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución" o "declarar la independencia de una parte del territorio nacional". Los jefes de la rebelión, según el Código Penal, se pueden enfrentar a penas de 15 a 25 años de prisión. Si el alzamiento fuera armado o si se produce "combate entre la fuerza de su mando y los sectores leales a la autoridad legítima, o la rebelión hubiese causado estragos en propiedades de titularidad pública o privada, cortado las comunicaciones telegráficas, telefónicas, por ondas, ferroviarias o de otra clase, ejercido violencias graves contra las personas", las penas se elevan hasta los 30 años.

Los líderes independentistas, con Puigdemont al frente, han insistido en su intención de alcanzar la independencia siempre por vías pacíficas. Sin embargo, aunque la ley pone la violencia como requisito de la rebelión, la jurisprudencia introduce matices.

La última vez que en España se juzgó un delito de rebelión fue tras el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Aunque en este caso se trataba de un delito de rebelión del Código Penal militar, no del común, la sentencia establecía que "la violencia no es requisito indispensable de la rebelión, pudiéndose pactar y llevar a cabo de modo incruento sin que, por ello, se destipifique el comportamiento de los agentes".

La jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco entiende, por su parte, la violencia no sólo como el uso de la fuerza física, sino también como "una seria y fundada amenaza" de su aplicación por parte de los alzados para lograr su objetivo.

Puigdemont se sigue presentando ante el mundo como jefe del Ejecutivo catalán. En el discurso emitido por la televisión regional TV3 en la tarde del sábado, grabado en las escalinatas del antiguo hospital de Santa Catalina de Girona, sede de la Generalitat en esa ciudad, Puigdemont se colocó tras un atril con el escudo de Cataluña. Detrás de él, las banderas catalana y de la Unión Europea.

Esta puesta en escena, junto con el ambiguo contenido del discurso, en el que llamó a una "oposición democrática" a la "aplicación del artículo 155" y dio a entender que mantiene su intención de seguir en el cargo —"En una sociedad democrática son los parlamentos los que eligen o cesan los presidentes", dijo— levantó las especulaciones sobre si Puigdemont pudiera estar incurriendo en un delito de usurpación de funciones.

El Código Penal, en el artículo 402, castiga con penas de uno a tres años de cárcel al "que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial".

Puigdemont tiene ante sí un horizonte penal complicado. Está investigado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobediencia, prevaricación y malversación de caudales por el referéndum del 1° de octubre.

Para evitar el delito de usurpación de funciones, la nota con el texto del discurso de Puigdemont se envió desde una pretendida Oficina del President. Si se hubiera enviado con el membrete de un organismo de la Generalitat que conservara su vigencia, los titulares o encargados de ese departamento posiblemente habrían incurrido en responsabilidades. (En base a El País de Madrid)

Soraya Sáenz de Santamaría, la vice de hierro de Rajoy

María Soraya Sáenz de Santamaría Antón (Valladolid, 10 de julio de 1971), es la vicepresidenta del gobierno de Mariano Rajoy. Cuando en el año 2000 comenzó a trabajar con Rajoy como su asesora jurídica, nunca pensó que tendría sobre sus hombros la responsabilidad histórica de hacer cumplir la intervención del gobierno regional de Cataluña, luego de la destitución de su presidente Carles Puigdemont y la disolución del parlamento regional. A partir de ahora, Sáenz de Santamaría es la persona con más poder en Cataluña.

Su nombramiento no sorprendió en España: desde el inicio de la crisis, la vice de Rajoy venía siendo una voz fuerte y clara a favor de la unidad del país y en contra de la secesión catalana. A pesar de su estatura, suele aparecer retratada en la prensa internacional como la "dama de hierro" de España o la "Merkel hispana".

"Si eres joven, mujer y mides 1,50 metros te ven vulnerable", se quejó una vez.

Abogada egresada de la Universidad de Valladolid, ha ocupado varios cargos en la estructura del Partido Popular (PP). En 2004 fue candidata al Congreso de Diputados, pero entonces en el puesto 18 por lo que no resultó electa en forma directa. Su ingreso a la Cámara se dio porque Rodrigo Rato, segundo en la lista, renunció para asumir como director general del Fondo Monetario Internacional (FMI). En las elecciones de 2008 fue candidata de nuevo al Congreso y esta vez en un puesto de arriba: quinto, por lo que salió electa sin problemas por la provincia de Madrid.

Pero su despegue vino en 2008, cuando Rajoy, entonces líder de la oposición bajo el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, la nombra portavoz del PP en el Congreso. Y su consagración en diciembre de 2011, cuando se convierte en vicepresidenta de Rajoy, además de portavoz del gobierno.

Amante del cine y de la lectura, se casó en Brasil y es madre de un niño de 6 años.

"Trabajo para que Rajoy sea presidente", remarcó tras las elecciones de junio de 2016. "No me distraigo y que no me distraigan", añadió sobre los rumores de que podría ocupar el lugar de su jefe político.

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