Años de trabajo de todos los partidos y la ley acordada terminó archivada.

Luego de varios años de análisis y coordinación en el Parlamento entre todos los partidos políticos, la ley marco de Inteligencia estatal quedó fuera de la lista de prioridades para el gobierno del presidente Tabaré Vázquez. En marzo de 2015 fue archivada en el Parlamento y muchos legisladores consideran ahora que sería fundamental contar con ese marco regulatorio para saber, por ejemplo, cómo actuar con la información que emane de la comisión investigadora sobre el espionaje militar en democracia.

Cuando se integró esa comisión investigadora, el diputado nacionalista, Gustavo Penadés, pidió en el Parlamento que se apruebe la ley de regulación de la actividad de Inteligencia del Estado, que hace tiempo ha sido acordada por los partidos. "La idea es evitar que sin estas cosas se cometieron, no vuelva a suceder en el futuro", dijo. Pero sus pedidos parecen haber caído en saco roto.

En 2010, por iniciativa del entonces diputado colorado José Amy, se presentó un pedido de formación de una comisión parlamentaria de supervisión de los servicios. Un año después, el mismo legislador presentó un proyecto de ley creando un Sistema de Inteligencia Estratégica del Estado (SIEE). Eso dio pie a que se formara una comisión especial de la Asamblea General, integrada por senadores y diputados de todos los partidos, para estudiar la iniciativa y complementarla.

La comisión trabajó cuatro años, con aportes de todos los partidos, especialmente de la bancada del Frente Amplio.

Llegó a un proyecto de consenso que, resumido, establece la creación de ese sistema de inteligencia estatal donde estuvieran agrupados los más de diez servicios de Inteligencia que hay en el Estado (los militares, de Aduanas, Banco Central, etc.), una dirección para este sistema, una mesa coordinadora de Inteligencia estatal, un posible control parlamentario sobre el sistema general, la eliminación del cargo de Coordinador de Inteligencia estatal y que las competencias de la Dinacie, hoy en el ministerio de Defensa, pasaran a la nueva secretaría.

En el proyecto consensuado no prosperó, sin embargo, una disposición que sostenía sanciones graves para los legisladores que divulgaran públicamente información clasificada que los organismos de Inteligencia aportaran a la comisión en su reporte anual de actividad. Incluso se hablaba de perder los fueros.

Ahora todo el proceso consensuado ha quedado detenido. "El Parlamento tiene por delante un importante desafío. La cuestión de fondo reside en saber si, independientemente del resultado de la investigación parlamentaria, los legisladores pondrán punto final al asunto sancionando un marco legal que garantice la correcta actuación de los servicios de inteligencia en democracia", dijo a El País Nicolás Alvarez, licenciado en Ciencia Política que estuvo vinculado al trabajo de la comisión de la Asamblea General.

Además, el experto consideró que "estamos en presencia de un modelo de conducción delegativo en el cual las funciones civiles, de control y regulación de las actividades de inteligencia no están siendo asumidas por el Estado".

Acerca de la investigación en el Parlamento Alvarez apuntó que la instalación de la comisión "no solo supone el paso de la presunción a la certeza de una actuación ilegal de los servicios de Inteligencia en democracia, sino que además representa un símbolo de madurez del sistema político".

El ministro de Defensa Nacional Jorge Menéndez anunció en septiembre que remitiría al Parlamento un proyecto de ley por el que se regularía el Sistema de Inteligencia del Estado. "Con mi firma elevamos días pasados a refrenda de otros ministerios el proyecto de ley de inteligencia", dijo. Pero desde entonces no lo ha enviado. En noviembre, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento dos proyectos vinculados con el tema. Uno de ellos para prevenir el lavado de activos y otro proyecto de ley integral antiterrorismo. Este, en particular, si bien no regula en absoluto la actividad de inteligencia estatal tiene un capítulo sobre técnicas especiales de investigación, aludiendo a vigilancia electrónica, agentes encubiertos, y la protección de víctimas, testigos y colaboradores.

FALTA MARCO REGULATORIO