Dos de cada tres intendencias tienen déficit y la mayoría se ha vuelto cada vez más dependiente de las transferencias del gobierno central y de préstamos y fideicomisos para hacerse de fondos frescos, fundamentales para mantener sus puertas abiertas y satisfacer las demandas de sus departamentos.

En el comienzo de una histórica negociación colectiva a nivel municipal, si se extrapolaran los criterios que utilizó el gobierno para caracterizar a las empresas en la actual ronda salarial, la mayoría de las intendencias encajaría en el sector "con problemas", para el que el Poder Ejecutivo recomendó aumentos de 8% en el primer año, 6,5% en el segundo año y 6% en el tercer año, con una inflación que supera el 9%. Sin embargo, de acuerdo a un relevamiento realizado por El País, algunas intendencias que atraviesan dificultades están dispuestas a dar aumentos por encima de la inflación, cual si fueran empresas en buena situación o "dinámicas", como las definió el Poder Ejecutivo.

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Las intendencias de Montevideo, Maldonado y Canelones han propuesto que los aumentos se limiten al IPC y, a lo sumo, negociar partidas adicionales vinculadas a productividad y compromisos de gestión.

Óscar Terzaghi, intendente frenteamplista de Río Negro, estaba el viernes por la tarde comenzando a negociar con el sindicato municipal de su departamento. Aunque reconoció que la comuna tiene poco margen y "está endeudada", está dispuesto a acceder a que los trabajadores tengan un aumento por sobre la inflación porque quiere "funcionarios dignos". Terzaghi explicó que cuando asumió, 340 empleados municipales ganaban menos del salario mínimo nacional y que ahora están por encima de ese umbral. Aseguró que los 1.680 empleados de la intendencia tendrán su poder adquisitivo garantizado.

El intendente de Treinta y Tres, el nacionalista Dardo Sánchez, reconoció que en esa comuna están "muy justos" y que es una de las que más asistencia recibe del gobierno central, pero que igualmente está dispuesto a considerar la posibilidad de que los 1.090 funcionarios tengan una mejora en términos reales para preservar la relación construida con los trabajadores.

En Flores, el intendente Fernando Echeverría comenzó hace varias semanas las discusiones con el sindicato municipal, y está dispuesto a que los funcionarios hasta el grado 5 (con remuneraciones más bajas) reciban incrementos por sobre la inflación y reduzcan la brecha con salarios más altos. Flores tiene 700 empleados, las finanzas están en situación razonable y la morosidad en un nivel que no es alarmante, señaló el jefe comunal.

En Tacuarembó, el blanco Eber da Rosa está dispuesto a que la intendencia otorgue una cierta recuperación salarial en términos reales para sus 1.480 funcionarios. No hay un aumento importante de la morosidad y el convenio está acordado casi en un 90%, aseguró.

El jefe comunal nacionalista de Soriano, Agustín Bascou, explicó a El País que la próxima semana comenzará la negociación y que su intención es "priorizar la fuente laboral por sobre lo salarial", y preservar la posibilidad de hacer algunas obras, como las previstas en el estadio Luis Koster, de la ciudad de Mercedes. La intendencia tiene 1.500 empleados permanentes y algo más de 100 eventuales. "No estamos teniendo ingresos en la intendencia, pero queremos mantener la plantilla para no perjudicar a la gente", explicó.

El también blanco Carlos Enciso, de Florida, comentó a El País que hizo una propuesta al sindicato municipal que supone el mantenimiento del poder adquisitivo (ajuste por inflación), y la posibilidad de "alguna mejora" a través del reforzamiento de la "canasta de fin de año". También planteará la creación de una comisión que estudie la posibilidad de implementar mejoras por productividad. Enciso señaló que su departamento está sufriendo una merma mensual de sus ingresos de US$ 3 millones mensuales debido a la complicada situación de la lechería y que eso resiente el movimiento comercial. Agregó que se ha incrementado algo la morosidad, en particular de la contribución rural. En Florida hay 1.070 municipales.

En Colonia, la negociación no parece haber empezado bien. La intendencia no está holgada financieramente y el intendente blanco, Carlos Moreira, quiere estudiar la situación con detenimiento. "El sindicato me fijó plazo hasta el viernes para que les diera una respuesta sobre la recuperación salarial. Les manifesté que no me ponían plazos y que no correspondía que se planteara eso. Tengo un equipo trabajando en el presupuesto. Abrí un llamado a una línea de crédito para financiar el déficit. Tengo que considerar eso para el plan quinquenal. Vamos a intentar dar una recuperación salarial. Pero también vamos a hacer una revisión de estructura escalafonaria para poner una dosis de justicia y porque no me convence. El sindicato me está pidiendo 50% de recuperación salarial en el quinquenio que es demasiado, si se toma en cuenta lo que es el crecimiento de la economía que nos puede hacer caer la recaudación".

La intendencia de Durazno tiene 1.266 funcionarios y está "económicamente muy bien, con bajos niveles de morosidad por contribución y patente", dijo su intendente, el blanco Carmelo Vidalín. "Nosotros nos vamos ajustar a las pautas que establezca el gobierno nacional, no somos una isla, aunque tenemos superávit", aseguró. "No soy intendente de los funcionarios municipales, soy intendente de todo los duraznenses y tengo que saber administrar los recursos de todos", agregó. El intendente no descarta acceder a aumentos por sobre la inflación.

El intendente de Cerro Largo, el blanco Sergio Botana, admite que las finanzas de la comuna "están al límite" y que lo "razonable" es que las mejoras por sobre la inflación se vinculen a la productividad. En su departamento hay 1.080 municipales con los que existe un buen diálogo. "En el interior se dialoga con buen clima", dijo.

Maldonado propuso a Adeom un ajuste por IPC cada seis meses. La Intendencia está en crisis por un déficit de US$ 93 millones. El presupuesto depende de que obtenga los votos para un fideicomiso por US$ 80 millones a quince años. La gestión de Enrique Antía está muy lejos de poder ofrecer recuperación salarial.

La Intendencia de Montevideo presentó esta semana a Adeom su oferta: solo IPC e incrementos por sectores en base al cumplimiento de diversos compromisos de gestión. Las situación financiera es complicada. El intendente Daniel Martínez dispuso un ajuste del 15%, y la gestión depende de un fideicomiso.

La Federación Nacional de Municipales maneja que las intendencias de San José, Paysandú y Durazno seguramente concederán aumentos por sobre la inflación, dijo su dirigente Daniel Urquiola. En Lavalleja las conversaciones no comenzaron. El sindicato cree que varias intendencias no darán aumentos reales.

La Intendencia de Yamandú Orsi propuso a Adeom ajustes por IPC para no perder salario real y a dos años, en consonancia con el Presupuesto Nacional elaborado por el Poder Ejecutivo. Vencido el plazo se volverá a negociar. También propone una serie de cambios vinculados a la estructura de cargos y carrera funcional.

En Uruguay hay 38.000 empleados municipales. El jueves se firmó un inédito acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, la Federación Nacional de Municipales y el Congreso de Intendentes para que exista en todo el país igual remuneración por igual tarea y un marco general común. Sin embargo, el dirigente de la federación, Daniel Urquiola, dijo que la negociación se hará por departamento para respetar la especificidad de cada uno.

La Federación Nacional de Municipales hará un congreso el 4 de diciembre en el que seguramente se decidirá exhortar al gobierno a que impulse la negociación obligatoria. El presidente del Congreso de Intendentes, Sergio Botana, explicó el viernes que no podía dar la opinión de ese cuerpo sobre el punto porque en el congreso las decisiones se toman por consenso general y no por una mayoría simple. El gobierno quiere la negociación colectiva municipal.

En promedio, uno de cada dos pesos que manejan las intendencias se destina a pagar salarios. El porcentaje varía en cada una de las administraciones, y en algunas las remuneraciones superan el 75%. Igualmente, el peso en el presupuesto total ha bajado; en 1990 ascendía al 56,4%, según datos de Planeamiento y Presupuesto. A 2013, por cada cien pesos que ingresan a las comunas, $ 25 va a gastos de funcionamiento y $ 18 a inversiones.

En 2016 el gobierno central planea transferir $ 12.719 millones a las comunas. El año pasado la OPP cuestionó a algunas intendencias por lo que consideraba era un bajo nivel de ejecución de obras. Algunos intendentes, como el de Florida, Carlos Enciso, respondieron en duros términos. Ahora la OPP quiere que las intendencias respondan por cada peso que les envían y establezcan metas de gestión; US$ 250 millones en 5 años irán a caminería.

Maldonado y Montevideo están complicadasJUAN PABLO CORREA