La reunión que se llevó a cabo ayer en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) duró más de cuatro horas y no hubo avances. Fueron delegados de cada subsistema de la educación, el Ministerio de Trabajo, el de Economía, representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

El gobierno sigue ofreciendo 25.000 pesos a los docentes como sueldo mínimo. Ellos reclaman 30.000. Los paros, entonces, siguen.

Hoy y mañana no habrá clases en todas las escuelas de Montevideo. Tampoco habrá en UTU. En la capital continúa la huelga de los profesores de liceos. Y en el interior del país realizan paro todas las filiales de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) que están al sur del río Negro (Soriano, Colonia, San José, Canelones, Flores, Florida, Durazno, Lavalleja, Cerro Largo, Maldonado, Rocha y Treinta y Tres).

La Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria (ATES), que para desde el lunes, cuando ocuparon y fueron desalojados de las oficinas del Codicen, pararán hoy, mañana y el viernes, día en que realizarán una movilización. A nivel terciario, luego de que el lunes ocuparan la Facultad de Ingeniería y ayer la de Odontología, hoy tomarán Humanidades.

"Todos mostramos la voluntad de lograr acuerdos, pero ellos siguen ofreciendo 25.000 y nosotros seguimos pidiendo 30.000", dijo a El País la presidenta de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), Elbia Pereira, que definió la reunión que se llevó a cabo ayer como "larga", "intensa" y de "acercamientos".

La propuesta del gobierno consiste en un salario base de 25.000 pesos por 20 horas de trabajo, más el ajuste anual del 100% del IPC. "Todas las partes teníamos mucha distancia en las propuestas iniciales, por eso llevó tanto tiempo. Economía hizo un planteo, ANEP otro y nosotros otro. La intención de llegar a acuerdos estuvo. Logramos que para la educación los ajustes tengan en cuenta los adelantos y los correctivos del IPC, que eran una preocupación intensa de los sindicatos", explicó Pereira.

Otro cambio en el que cedieron las autoridades es en mover el tope salarial, que hoy está regido por lo que gana el director general de cada subsistema, y ahora pasará a ser por el sueldo del presidente del Codicen, en este caso Wilson Netto. "Tenemos compañeros que no están cobrando por tareas que realizan por el tema del tope", señaló la presidenta de la FUM. Los directores de los consejos perciben 86.561 pesos, que corresponde al 80% de lo que gana el presidente, 114.741 pesos.

Sobre el 6% del PBI para la ANEP y la UdelaR, el gobierno se comprometió a trabajar en este sentido, pero no le dio detalles a los sindicalistas.

Un grupo de 24 funcionarios y alumnos ocuparon Odontología, impidiendo así que se dictaran clases. "Este es el año de hincarle el diente al presupuesto", rezaba uno de los seis carteles colocados en la fachada del centro de estudios; los otros pedían 6% del PBI para la ANEP y la UdelaR.

La poca cantidad de personas vuelve a poner en duda la representatividad de ciertas medidas de fuerza que se están llevando a cabo en las instituciones de educación terciaria, luego de que el lunes un grupo de 60 alumnos ocupara la Facultad de Ingeniería, mientras afuera cuatro estudiantes juntaron 515 firmas de jóvenes que estaban en contra de la medida.

"Ocupamos 24 personas. La ocupación se votó en las asambleas. Hay compañeros que no vienen todo el día, vienen durante el horario en que trabajan", justificó a El País el delegado de la Asociación de Funcionarios de Odontología (AFO), Juan Carlos Laborde.

El gremialista señaló que la ocupación se realiza para apoyar el pedido presupuestal que hizo el rector de la UdelaR, Roberto Markarian, el viernes pasado en el Paraninfo, cuando pidió un ajuste presupuestal que implica un aumento del 80% con respecto a lo reclamado del quinquenio anterior.

"Hay una educación para ricos y para pobres. Los que puedan llegar al liceo Jubilar van a tener una mejor educación y los otros no. No queremos eso", explicó Laborde.

Los gremios del Poder Judicial dieron ayer una señal de unidad ante una nueva y clave instancia de negociación que se concretará hoy en el Ministerio de Trabajo. Representantes de los gremios de funcionarios, actuarios, jueces, fiscales y defensores de oficio recordaron, en conferencia de prensa, que mantienen un conflicto de cinco años que generó un "debilitamiento institucional". Criticaron al gobierno de José Mujica por incumplir en 2014 "promesas y compromisos" y aseguraron que de la administración del presidente Tabaré Vázquez aún no hay una propuesta concreta. "Este conflicto es una especie de círculo porque siempre terminamos en el mismo lugar. Queremos ver si de una vez por todas, en un país democrático como es este, podemos, en forma racional, llegar a una solución definitiva", dijo a El País el juez Ricardo Miguez. Los gremios piden concretamente que se instale una mesa de negociación y aseguraron que no tienen prevista ninguna movilización aunque no descartan volver a tomar medidas si en la reunión que tendrán hoy con el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, no se logran avances. "Nunca descartamos tomar medidas por más que afecta a la ciudadanía y a nosotros mismos", reconoció el juez Miguez.

Días atrás se realizó un seminario en el que juristas expertos confirmaron que tienen derecho a realizar paros e incluso ir a una huelga siempre que no se afecten los servicios esenciales a nivel del Poder Judicial.

El conflicto del Poder Judicial, que tuvo una serie de movilizaciones particularmente sobre fines de 2014 y principios de este año, surgió a partir de la ley de Presupuesto de la anterior administración que dispuso un aumento del 26% a los ministros de Estado, el que también incluía a los jueces, actuarios y defensores de oficio.

Tras la reunión que mantuvieron ayer la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), el sindicato llevó a cabo un plenario en el cual se resolvieron duras medidas en el marco de la lucha por el presupuesto.

La FFSP resolvió que "ante la falta de respuestas concretas por parte de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE)" realizarán un nuevo paro de 48 horas los días 31 de agosto y 1° septiembre, con movilizaciones frente al Palacio Legislativo y el Ministerio de Salud Pública (MSP).

En este sentido, también están dispuestos a llevar a cabo una huelga por tiempo indeterminado a partir del 15 de septiembre, cuestión que se resolverá en el próximo plenario de la Federación.

El gremio, que reclama mejores salarios y mayores medidas de seguridad para los trabajadores, también denuncia "despidos arbitrarios", y por eso resolvió además coordinar con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) la "ocupación de distintos ministerios" e instalar, a partir del próximo jueves, una "carpa permanente" frente al Edificio Libertad, donde están las oficinas de ASSE.

Además, adelantaron que realizarán cortes de rutas en diferentes puntos del país y una movilización puntual en Florida el 25 de agosto.

También se comprometieron a "impulsar un plebiscito para que legisladores y ministros del Estado se atiendan en ASSE" (hoy por hoy la presidenta de ASSE, Susana Muñiz, se atiende en la Salud Pública).

Por otro lado, señalaron que se llevará a cabo una "campaña de propaganda" para denunciar "el malgasto realizado por ASSE financiando al sector privado" y en caso de que no haya un acuerdo presupuestal, también están decididos a "no mudarse al nuevo centro Traumatológico del Edificio Libertad.

Sindicatos de la educación piden sueldos mínimos de 30.000 pesosCARLOS TAPIA