Quedó habilitado sistema de espionaje de llamadas y correos electrónicos.

El Ministerio del Interior, la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía de Corte firmaron ayer un protocolo por el que quedó habilitado el funcionamiento de El Guardián, un moderno sistema de espionaje que permite interceptar llamadas telefónicas y correos electrónicos. La habilitación del sistema se logra dos años y medio después de haber sido adquirido en forma secreta, y tras una larga discusión sobre los controles a los que debería ser sometido para impedir su uso sin el consentimiento del juez actuante en la causa, garantía que hasta ahora no ofrecían los 22 sistemas de escuchas en manos de diversas reparticiones estatales.

El nuevo sistema permite espiar de forma simultánea hasta 800 celulares, 200 teléfonos fijos, 100 cuentas de correo electrónico y redes sociales. El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak, dijo ayer que el poder de vigilancia se multiplica "por cinco o por seis", dado que nunca se monitorearon más de cien llamadas al mismo tiempo.

Los datos sobre las interceptaciones que se lleven a cabo con "El Guardián" quedarán registrados en un software llamado Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales (SAIL). Mediante firmas electrónicas quedarán asentados en el sistema los pedidos de escuchas por parte de la Policía, el conocimiento de la solicitud de parte del fiscal actuante y el consentimiento o la negativa del juez.

A su vez, las empresas de telecomunicación elevarán cada tres meses a la Suprema Corte y a la Fiscalía toda la información vinculada a las escuchas que permitieron. Eso permitirá cruzar datos y verificar si esas escuchas coinciden con las órdenes judiciales emitidas.

"El único medio que podemos usar las tres partes para comunicarnos es el SAIL. Por allí también se registran las órdenes judiciales, previa vista del fiscal. Todo va a tener un soporte electrónico", dijo Chediak, quien firmó el memorando al igual que el fiscal de Corte, Jorge Díaz, y el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez.

El cruzamiento de datos con las empresas de telecomunicaciones se llevará a cabo una vez cada tres meses, y la SCJ tiene pendiente la designación de una autoridad que se hará cargo de revisar la información.

"Esto permite que después podamos contrastar las órdenes, que además van a quedar registradas en las sedes judiciales y en la SCJ, con el listado que nos den las empresas prestadoras de los servicios de todas las interceptaciones realizadas", precisó Chediak.

En este sentido se ha expresado varias veces el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quien ha reconocido que con el sistema anterior la Policía podía llevar adelante escuchas sin el aval de los jueces. Bonomi ha señalado que El Guardián es más garantista que los 22 sistemas de espionaje que tiene el Estado en diversas reparticiones. Bonomi incluso ha señalado que fueron detectadas escuchas ilegales.

La Constitución establece en su artículo 28 que "los papeles de los particulares y su correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie, son inviolables, y nunca podrá hacerse su registro, examen o interceptación sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general". Y la ley vigente obliga a tener el consentimiento de un juez para realizar las interceptaciones. El presidente de la SCJ fue tajante ayer al señalar que "si hay una escucha hecha fuera del marco de la Constitución, de la ley, y de este protocolo, por supuesto que se va a considerar un acto delictivo". Y añadió que se considera esto "una violación a los Derechos Humanos fundamentales".

"Una escucha ilegal puede llegar a tener pena de prisión, o sea que no es un delito deleznable. La Constitución habilita solo la interceptación por orden del juez, no hay otra forma en que se pueda interceptar una correspondencia, ya sea en soporte telefónico, computación, o papel", insistió.

Para Chediak, El Guardián "implica mayores garantías, porque para empezar centraliza en un solo mecanismo todo el sistema que hoy se lleva a cabo en 22 modalidades distintas, en todas las jefaturas departamentales y en algunos servicios de la Jefatura de Montevideo", precisó. Si bien el sistema para llevar a cabo escuchas está habilitado, lo cierto es que aún falta la capacitación de policías, fiscales y jueces.

El Guardián fue adquirido por el Ministerio del Interior a mediados de 2013 a la empresa brasileña Digitro. Fue comprado a través de una operación secreta y su costo fue de dos millones de dólares (además del servicio técnico para la herramienta que tiene un costo de 200.000 dólares por mes). La compra, divulgada a mediados de 2013 por El País, generó polémica. A nivel político, desde la oposición se exige que El Guardián funcione bajo el marco que otorgue una ley de Inteligencia. Sin embargo, el oficialismo ha descartado este camino. En tanto, organizaciones sociales han advertido sobre la falta de garantías para el uso del sistema.

El Guardián es utilizado por la Policía Federal de Brasil en algunos estados, y ha causado polémica por escuchas que se llevaron a cabo sin el aval del Poder Judicial.

"El Guardián" fue comprado a mediados de 2013, pero la fuerte polémica que generó su utilización hizo que recién fuera habilitado a partir del día de ayer. El sistema tuvo un costo de aproximadamente US$ 2 millones. También se contrató un mantenimiento anual y un servicio técnico que tiene un costo de 200.000 dólares por año.

La herramienta de espionaje permite que al mismo tiempo 30 personas accedan a la vigilancia en tiempo real del tráfico que generan hasta 800 celulares y 200 teléfonos fijos. También habilita a crear cuentas espejo de hasta 100 suscripciones de e-mails y el monitoreo de hasta tres redes sociales. El sistema puede analizar en llamadas y datos de Internet vínculos textuales, georreferenciados, estructurados y gráficos.

"La incorporación de dicha tecnología permitirá desarrollar con eficacia una tarea de importancia en la investigación de delitos complejos, logrando así una mejor gestión en la Seguridad Pública, incidiendo directamente en las políticas de prevención y represión de la delincuencia, cometido esencial que desarrolla la Policía Nacional y demanda urgencia en su atención", sostiene la resolución de Presidencia que habilitó la compra de "El Guardián".

Para el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el sistema implica hacer "lo mismo que se hace desde hace años sin garantías", pero ahora de una manera más controlada.

Espionaje permitido