LOS JUICIOS AL ESTADO

Condenan al Estado por muerte en escuela militar

Defensa deberá pagar por lo menos US$ 200.000 a familiares.

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El alférez fue hostigado por dos instructores, quienes le impedían respirar. Foto: archivo El País

El Poder Judicial condenó al Ministerio de Defensa a pagar por lo menos US$ 200.000 a los familiares de un alférez de 25 años, muerto en 2009 durante un curso de comando en la Escuela Militar de Toledo. Los instructores le impidieron en varias oportunidades salir a la superficie y el alférez falleció ahogado en una piscina.

El fallecimiento del alférez Carlos Rafael Olivera, ocurrido el 2 de septiembre de 2009, llevó al presidente Tabaré Vázquez a ordenar a Defensa la eliminación de actos violentos en los cursos del Ejército.

Además de ser destituidos, los oficiales instructores del curso de comando fueron procesados por homicidio por la Justicia de Pando. La Justicia les ordenó prisión domiciliaria.

En una sentencia fechada el 16 de junio pasado, el juez Letrado en lo Contencioso Administrativo de 3° Turno, Pablo Eguren, estimó el daño moral de la esposa de Olivera en la suma de $ 1.500.000 (US$ 50.000) porque existió "una relación de varios años estando el matrimonio presidido de un concubinato more uxorio donde llevaban un proyecto de vida en común que se vio truncado por el infausto suceso". Eguren también hizo lugar al reclamo de vivienda, y de daño emergente presentados por la viuda por el derecho que tenía su marido por su condición de militar (el monto está a definir), e hizo lugar al pedido de lucro cesante por $ 210.000 (US$ 7.000). En total, la viuda del alférez recibirá $ 1.710.00 (US$ 57.000), más intereses legales. En tanto, los padres de Olivera percibirán US$ 80.000 y tres hermanas del occiso cobrarán un total de US$ 45.000. Esto suma US$ 182.000, a lo que se agregan los intereses y el valor de la vivienda, que operadores judiciales estiman llevará la cifra a pagar a más de US$ 200.000.

Juicio.

El 29 de julio de 2013, familiares de Olivera iniciaron una demanda por daños y perjuicios contra Defensa por entender que hubo responsabilidad estatal en su muerte. También reclamaron daño moral, lucro cesante y premuerte sufrida por la víctima. Los familiares pedían una indemnización de US$ 733.000. El Ministerio de Defensa alegó que el alférez estaba en un curso de comando y tenía plena conciencia de los riesgos propios de esta actividad; la función militar tiene más riesgos que otras áreas del Estado y la viuda del extinto fue beneficiada con un pensión con una retribución del grado de capitán que supera en mucho el salario que percibía la víctima en vida. Luego planteó que la Justicia debía desestimar los reclamos de los familiares por daño moral, daños materiales y lucro cesante.

El juez Eguren analizó un dictamen del médico forense, Guido Berro, sobre la causa del fallecimiento del alférez.

Berro estableció como causa determinante de la muerte "el ahogamiento o sumersión con inundación de las vías respiratorias, lo cual provoca asfixia e insuficiencia cardíaca".

El 2 de septiembre de 2009, día de la muerte del alférez, los cursantes del curso de comando del Ejército llegaron a la Escuela Militar de Toledo de madrugada, sin desayunar, habiendo descansado la noche anterior aproximadamente seis horas.

Comenzaron a realizar los ejercicios de calentamiento previos al resto de las actividades agendadas. Los aspirantes a comandos portaban un equipo básico: casaca, pantalón, snorkel, aleta y luneta.

Tras los ejercicios de calentamiento, los aspirantes empezaron a efectuar técnicas de natación, apnea, culminando con el ejercicio de equipamiento y desequipamiento.

En la piscina, Olivera fue hostigado por dos instructores, quienes lo empujaron una y otra vez hacia el fondo y no lo dejaban salir a la superficie.

Según declararon otros aspirantes a comando, Olivera ya había sufrido cansancio y hostigamientos anteriores que determinaron que tuviera que descansar al borde de la escalera por 10 minutos escupiendo agua en varias oportunidades hasta que murió.

Varios alumnos no soportaron dichas "prácticas ilícitas" de los instructores y abandonaron el curso de comando, señala el fallo al que tuvo acceso El País.

Durante las investigaciones judiciales quedó probado que la asistencia médica recibida por Olivera fue insuficiente, no encontrándose ambulancia en el lugar ni elementos para interrumpir un paro cardio-respiratorio, además se demoró más de 30 minutos en trasladarlo para ser atendido por un médico.

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