Reclamo supera los US$ 550.000; juez civil acogió parte de la demanda.

Ancap perdió un juicio y deberá pagar el equivalente a US$ 550.000 a una empresa contratada que resultó afectada por medidas gremiales realizadas en 2011, según un fallo del juez de lo Contencioso Administrativo de 4° Turno, Carlos Aguirre. Ante la demanda, en posteriores pliegos licitatorios Ancap incluyó cláusulas que limitan su responsabilidad para el caso de que medidas gremiales de sus funcionarios impidan que el contratista realice sus trabajos.

La empresa demandante alegó en la sede judicial que paros y movilizaciones sindicales, efectuadas por la Federación de Funcionarios de Ancap (Fancap) entre el 10 de noviembre y el 24 de noviembre de 2011, en forma directa, "limitaron e impidieron" el desarrollo de las actividades asumidas por parte de la firma generando una serie de perjuicios económicos imputables al ente.

La firma demandante fue adjudicataria en 2011 de tres licitaciones públicas de Ancap que tenían como propósito la realización de trabajos de mantenimiento de cañerías en la planta de La Teja. En una de las licitaciones se preveía para el cómputo de los plazos de cumplimiento de la empresa, los paros generales o por sector del sindicato de Ancap. Sin embargo, en las dos licitaciones restantes, nada se establecía en las cláusulas sobre movilizaciones resueltas por el sindicato del ente.

En su demanda, la empresa alegó que el marco contractual preveía la realización de horarios extendidos de las 7 a las 19 horas todos los días de la semana, incluyendo sábados y domingos. Es decir, advirtió en su demanda que el período afectado por las medidas sindicales era el de mayor horario laboral.

El 14 de diciembre de 2012, la empresa contratada presentó a Ancap tres notas respecto a cada licitación, evaluando los daños y perjuicios que generaron las medidas gremiales reclamando $ 959.000 más IVA; US$ 481.000 más IVA y $ 874.000 más IVA, según señala la sentencia del juez Aguirre. Es decir que la empresa demandante exigía al ente más de US$ 550.000 por daños y perjuicios ocasionados por los paros y movilizaciones.

Ancap respondió recién el 20 de febrero de 2013 en dos notas, limitando el alcance de los daños en forma unilateral en $ 224.000 más IVA por una de las licitaciones y en US$ 124.000 más IVA por otro llamado, dejando fuera de todo reclamo la restante adjudicación.

Luego de recibir las notas de Ancap, la empresa demandante presentó una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo por daño emergente y lucro cesante. También reclamó por horas de trabajo perdidas, daño directo derivado de medidas gremiales y horas que debió pagar a toda la nómina de trabajadores afectados sin que pudieran desarrollar el trabajo, entre otras exigencias.

Al contestar la demanda, Ancap dijo que la parte demandante no estaba en condiciones de reclamar daños y perjuicios porque, en una de las licitaciones, se había presentado junto con otra firma.

Los abogados del organismo también alegaron que Ancap no debe responder por los hechos derivados del ejercicio del derecho de huelga de un sindicato, independientemente de que este sea de la administración estatal.

Además argumentaron que Ancap no debía pagar una indemnización porque se trata de un hecho de terceros (el sindicato) o de fuerza mayor. Por lo discutible y por razones comerciales, Ancap reconoció "ciertos daños" a sus contratantes derivados de "medidas sindicales", señala el fallo del juez Aguirre.

Los abogados de Ancap expresaron que el organismo pretende reparar a la empresa demandante, pero entiende que solo corresponde hacerlo por los daños que fueron efectivamente consecuencia de la huelga. Y advirtieron que no hay pruebas suficientes para condenar al organismo y solicitaron el rechazo de la demanda.

En su fallo, el juez Aguirre advierte que debe resolver sobre un juicio ordinario, reparatorio por daños y perjuicios "derivados" de medidas gremiales de los funcionarios de Ancap que afectaron la ejecución de las licitaciones celebradas por la empresa estatal con privados.

Tras resumir los hechos admitidos por Ancap —los daños sufridos por la empresa demandante y la serie de paros decretados por el sindicato—, el magistrado consideró que el ente "no cumplió" con la carga de contradicción al no refutar todos los términos expuestos por la firma demandante.

Para el magistrado, ello determina que Ancap admitió esos hechos y que, por ende, no deben ser probados por la empresa privada.

En su fallo, el juez Aguirre entendió que corresponde acoger el daño emergente sufrido por la empresa demandante derivado de horas de trabajo perdidas entre el 10 de noviembre y el 24 de noviembre de 2011 cuando se realizaron los paros. También amparó el pedido de que Ancap pague a la empresa contratada por horas improductivas y los gastos por mantener su estructura dentro de la planta de La Teja. Sin embargo, Aguirre no hizo lugar al pedido de la demandante de que se le pague lucro cesante ni gastos financieros.

La jueza de Crimen Organizado Beatriz Larrieu anunció la semana pasada que citará al vicepresidente Raúl Sendic para que declare en el marco de la investigación por el caso Ancap.

El gerente de Comunicación Institucional de Ancap, Pablo Bernengo, dijo que Sendic conocía en detalle la evolución de los gastos de la fiesta de inauguración de la planta desulfurizadora de La Teja realizada el 27 de agosto de 2013. Sendic deberá responder no solo por la fiesta, sino por otra serie de denuncias presentadas por la oposición sobre su gestión en Ancap.

El pago que ALUR hizo por US$ 100.000 a un proveedor de Paysandú, cuando tendría que haber sido por $ 100.000, ocurrió en mayo de 2016. Pero la subsidiaria de Ancap no se percató del error hasta febrero de este año, gracias a una auditoría externa contratada por la misma empresa.

Así lo informa un comunicado difundido por ALUR el martes 7, el que agrega que una vez conocida la situación se separó del cargo a los involucrados, al tiempo que se presentó una denuncia penal ante la Justicia sanducera, además de comenzar una investigación administrativa interna. Esta medida, continúa el comunicado, "se alinea con acciones que lleva adelante el nuevo directorio de ALUR, que asumió el 20 de mayo de 2016". Y entre esas acciones se menciona que en septiembre del mismo año se sustituyó el entonces gerente general. Luego, en octubre, se detectó el pago doble de facturas, hecho que terminó en la sustitución de integrantes del departamento financiero contable, incluyendo al gerente del área. Finalmente, en noviembre de 2016, se sustituyó al gerente de la Planta de Paysandú "como parte del proceso de transformación organizacional".

A raíz de lo ocurrido, el directorio de ALUR instaló esta semana un control de gestión en la planta sanducera "con el fin de prevenir posibles irregularidades a futuro, y realizar un análisis y revisión en profundidad en todas las áreas de trabajo". Además se contrató una auditoría de procesos y la evaluación de los sistemas informáticos existentes.

Por otra parte, el proveedor que recibió el pago equivocado no pretende devolver el dinero, según dijo días pasados a El País el director blanco de la petrolera estatal Ancap, Diego Labat.

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