CONFLICTO SALARIAL

Otra amenaza al CPP: posible paro indefinido de los judiciales

Impaciencia por el no pago de deuda; 200 sindicalistas forzaron asamblea.

El sindicato reclama que se cumplan las sentencias que le dieron la razón. Foto: Archivo
El sindicato reclama que se cumplan las sentencias que le dieron la razón. Foto: Archivo

La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay realizará una asamblea con paro el 1° de noviembre, el día que tenía que comenzar a regir el nuevo Código del Proceso Penal. No habrá guardia gremial. Ese día, además, se pondrá a consideración una moción de un grupo de trabajadores que quiere un paro por tiempo indeterminado, lo que pone en riesgo la aplicación en fecha del código, cuya entrada en vigor ya ha sido postergada en varias oportunidades.

De esta forma, el sindicato que tiene un reclamo de reajuste salarial de larga data contra el Poder Ejecutivo, redobla la presión en un momento clave y luego de que el Poder Legislativo apretara el acelerador en el tratamiento parlamentario del Código para permitir que comenzase su vigencia en la fecha estipulada.

Unos 200 trabajadores presentaron el miércoles sus firmas para reclamar la asamblea y llevaron a que el Consejo Ejecutivo del gremio tomase ayer por mayoría la decisión de convocarla.

Richard Ascurrein, secretario general del gremio, dijo a El País, que votó a favor de la convocatoria porque entiende que no corresponde negar la asamblea cuando un número significativo de afiliados la pide, más allá de que entendía que debía seguirse explorando el diálogo con el gobierno. La moción que se analizará pide un paro por tiempo indefinido "hasta recibir un pronunciamiento favorable por parte del Poder Ejecutivo".

El sindicato reclama que, de una vez, se apliquen los ajustes derivados del "enganche" de sus remuneraciones con las de los ministros de Estado y de la Suprema Corte de Justicia.

El sindicato ya definió presentar una acción de inconstitucionalidad contra el artículo de la Rendición de Cuentas que condicionó el pago de las sentencias favorables que el gremio ya obtuvo. El gremio está en el proceso de recabar los avales de los sindicalistas de todo el país. El artículo habilita al Estado a posponer el pago de sentencias judiciales que le sean adversas cuando superen los US$ 10 millones. El polémico ar-tículo fue aprobado con los votos de 49 diputados oficialistas y el del colorado Fernando Amado.

Tanto en la Fiscalía de Corte como en la Suprema Corte de Justicia se dijo que no habrá comentarios sobre la medida gremial.

En febrero una asamblea del sindicato rechazó una propuesta del Poder Ejecutivo y desde entonces el diálogo con el gobierno no tuvo mayores avances. El propio presidente Tabaré Vázquez pidió al sindicato que aceptase la propuesta oficial

El sindicato tiene un reclamo que a esta altura llega a los US$ 70 millones. Surgió en 2010 cuando se aprobó un "enganche" entre los incrementos salariales de los ministros de Estado con los de la Suprema Corte de Justicia sin que se tomase en cuenta que todas las remuneraciones del Poder Judicial ya estaban vinculadas a las de los miembros del máximo tribunal.

Ascurrein explicó que la intención del sindicato es que se adecuen los salarios tal como quedó establecido en la ley de 2010 y luego de eso negociar el pago de los ajustes que no se concretaron.

La adecuación supondría un incremento de 13,7% que el sindicato calcula que supondría en promedio un incremento de $ 3.500 nominales. El reclamo involucra a unos 4.000 funcionarios. Una ley aprobada durante la anterior legislatura para subsanar el tema fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte.

Persistente dolor de cabeza para el gobierno.

El gobierno llegó en su momento a un entendimiento con fiscales, defensores de oficio y jueces pero no logró cerrar un acuerdo con los trabajadores judiciales. No logró la aprobación de una fórmula que, según dijo el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, suponía el pago de US$ 100 millones durante tres años a unos 5.000 funcionarios. Algunos judiciales hicieron un planteo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

El gobierno propuso en febrero un incremento de 15,76% retroactivo a diciembre de 2012, en lugar del 21,06% que surgía de una primera liquidación. Y de la deuda de los cuatro años siguientes proponía pagar el 70%. La propuesta fue rechazada por 1453 votos a 589 y 21 abstenciones.

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