La peor de las batallas

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The Economist

Hace 100 años, un grupo de diplomáticos extranjeros se reunió en Shanghai en el primer esfuerzo internacional para prohibir el comercio de narcóticos. El 26 de febrero de 1909 acordaron formar la Comisión Internacional del Opio, sólo unas décadas después de que Gran Bretaña pelease una guerra con China para asegurarse su derecho a traficar ese material. Con los años aparecieron nuevas prohibiciones de drogas alteradores de los sentidos. En 1998 la Asamblea General de la ONU comprometió a sus miembros a conseguir un "mundo libre de drogas" y a "eliminar o reducir significativamente" la producción de opio, cocaína y cannabis para 2008.

Esa es la clase de promesas que les encanta hacer a los políticos. Sacian la sensación de pánico moral que ha sido el alma de la prohibición en el último siglo. Pero es una promesa irresponsable porque no puede ser cumplida.

Pero la guerra sigue y muchos de sus generales reclaman que lo que se necesita es más de lo mismo. De hecho la guerra contra las drogas ha sido un desastre, creando Estados fallidos en el mundo en desarrollo e incluso aumentó el consumo en el mundo desarrollado.

Hoy, la Oficina de las Naciones para el Tráfico de Drogas y el Crimen ya no habla más de un mundo libre de drogas. Ahora se jacta de que el mercado de la droga se ha "estabilizado", lo que quiere decir que 200 millones de personas, o casi el 5% de la población adulta mundial, aún consume drogas ilegales, más o menos la misma proporción que hace una década. Las cifras son complicadas porque una de las víctimas de la ilegalidad es el rigor científico. La producción de cocaína y opio está, probablemente, al mismo nivel que hace 10 años; la del cannabis aumentó. El consumo de cocaína ha declinado gradualmente en Estados Unidos desde su pico a comienzos de la década de 1980, pero su sendero es desparejo -es más alto que a mediados de la década de 1990- y en muchos lugares está aumentando, incluyendo Europa.

Y no es por falta de voluntad. Sólo Estados Unidos gasta 40 mil millones de dólares cada año en tratar de eliminar el suministro de drogas. Arresta a 1,5 millones de sus ciudadanos cada año por delitos vinculados a la droga y envía a la cárcel a la mitad de ellos. Leyes cada vez más duras son la explicación de por qué uno de cada cinco negros estadounidenses pasa un tiempo tras las rejas. En el mundo en desarrollo, cada vez se derrama más sangre. En México más de 800 soldados y policías han sido asesinados desde diciembre de 2006 y la tasa anual total de mortalidad ya superó los 6.000. A fines de febrero fue asesinado otro líder de un país manejado por la droga, Guinea Bissau.

Algunos piensan que es la prohibición la que envicia los esfuerzos de los luchadores contra la droga. El precio de una sustancia ilegal está determinado más por el costo de distribución. Con la cocaína, por ejemplo, el consumidor final paga 100 veces más el precio del producto en los campos de coca. El impacto en el precio de la calle no se debe a que las fumigaciones hagan cuadruplicar el precio al que la vende el campesino a la dificultad de hacerla entrar en Estados Unidos o Europa.

Los luchadores contra la droga aseguran confiscar más de la mitad de la cocaína que se produce. El precio en las calles estadounidenses parecería haber subido y la pureza parece haber bajado. Pero no está claro que la demanda baje cuando el precio sube. Por otro lado hay mucha evidencia de que el negocio de la droga rápidamente se adapta a cualquier complicación en el mercado. En el mejor de los casos, la represión eficaz consigue que se muden los lugares de producción. El opio se ha trasladado de Turquía y Tailandia a Myanmar y el sur de Afganistán, donde perturba las intenciones de Occidente de derrotar al Talibán.

Eso ha llevado el gangsterismo vinculado a la droga a una escala que el mundo nunca había conocido. De acuerdo a un estimativo quizás inflado, la industria de las drogas ilegales gana unos 320 mil millones de dólares por año. En Occidente convierte criminales a ciudadanos que son obedientes de la ley en todos los demás aspectos. De hecho, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, podría haber terminado en prisión por sus experimentaciones con la cocaína. La prohibición, dicen, además, hizo que las drogas sean más peligrosas: los adictos compran cocaína y heroína fuertemente adulteradas; muchos usan agujas sucias para inyectarse, esparciendo el HIV; los desdichados que sucumben a la pasta base o el crack están fuera de la ley, y solo son "atendidos" por sus vendedores. Pero son los países más pobres los que pagan el precio mayor. Aún en una sociedad relativamente desarrollada como México se encuentra ahora en una lucha de vida y muerte contra los mafiosos. Las autoridades estadounidenses, incluyendo un ex zar de la droga, se han mostrado preocupados por tener un "narco-Estado" como vecino.

ENCRUCIJADA MEXICANA. En los últimos meses los mexicanos se han habituado a espectáculos cuidadosamente coreografiados del horror. Poco antes de Navidad, las cabezas cortadas de ocho soldados aparecieron en bolsas de plástico cerca de un centro comercial de Chilpancingo, la capital del sureño estado de Guerrero. En febrero, otras tres cabezas fueron encontradas en una heladera de picnic cerca de la fronteriza Ciudad Juárez. Más lejos por la frontera cerca de Tijuana, la Policía arrestó a Santiago Mesa, alias "El Pozolero", quien confesó haber disuelto en ácido los cuerpos de unas 300 personas en los últimos nueve años, por orden de un barón local de la droga. Meza, revelando un correcto sentido del machismo, agregó que por principios se negaba a aceptar los cuerpos de mujeres y niños.

"El crimen organizado está fuera de control", declaró el presidente Felipe Calderón cuando asumió como presidente de México en diciembre de 2006. Dedicó unos 45.000 soldados de tropa a luchar contra las pandillas de la droga. Desde entonces, murieron unas 10.000 personas en hechos vinculados a las drogas, 6.268 en 2008.

Los soldados y la Policía han librado batallas campales contra mafiosos armados con lanza-cohetes, granadas, metralletas y fusiles de alta potencia, como el Barrett 50. Pero quizás la más efectiva sea la corrupción: en noviembre, Noe Ramírez, el fiscal a cargo de la unidad contra el crimen organizado de la oficina del Procurador General, fue acusado de aceptar sobornos de hasta 425.000 dólares por mes para pasar información al cártel de la droga de Sinaloa. Otros seis funcionarios de la misma unidad enfrentan cargos similares.

Las autoridades insisten que la violencia y los arrestos son una prueba de que ellos van ganando. Pero muchos no están de acuerdo. Una evaluación del Comando de las Fuerzas Conjuntas, publicado el mes pasado concluye que los dos países más en riesgo de convertirse en Estados fallidos son Pakistán y México.

¿México? Es la decimasegunda economía mundial, el segundo socio comercial de Estados Unidos y un importante suministrador de petróleo. Ha evolucionado hacia una democracia aparentemente estable en la última generación. Seguro que el pronóstico es rechazado con enojo por el gobierno mexicano. Pero viene de un reporte que hizo circular Barry McCaffrey, un general retirado que fue el "zar de la droga" para el gobierno de Bill Clinton. El general McCaffrey pinta un retrato oscuro en el que "los problemas peligrosos y cada vez peores de México... fundamentalmente amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos". La apuesta en México es enorme, concluye: "no podemos permitirnos tener un narco-Estado como vecino".

Si intentaba apretar el botón del pánico, parecería haberlo conseguido. El 12 de enero, Barack Obama almorzó por más de dos horas con Calderón en su primer encuentro con un presidente extranjero después de llegar a la Casa Blanca. De acuerdo a un funcionario mexicano presente en la reunión, Calderón propuso una "sociedad estratégica" y urgió la implementación de un grupo binacional de expertos para explorar una cooperación más cercana en temas de seguridad. Eso iría más allá de un programa de tres años y 1.400 millones de dólares de ayuda en seguridad para México y América Central, conocido como la Iniciativa Mérida, que fue aprobado (con reparos) por el congreso de Estados Unidos el año pasado. Guste o no, en la causa de la guerra contra las drogas, la administración Obama parece más cerca de un compromiso sostenido de seguridad para un vecino, del mismo tipo del que Clinton hizo con Colombia.

Tanto en México como en Colombia, aunque de manera diferente, el comercio de droga explotó la debilidad en la capacidad del Estado para imponer reglas. En Colombia, donde un Estado históricamente frágil ha venido fallando desde hace mucho en imponer su autoridad en un vasto territorio de intrincada geografía, los ingresos de la droga le han dado nuevo aliento a los movimientos guerrilleros izquierdistas y engendraron a los paramilitares de derecha. Ante la amenaza de la guerrilla de invadir al Ejército y las ciudades, Clinton lanzó el Plan Colombia, por el cual Estados Unidos entrenó y ayudó a equipar a las fuerzas de seguridad a un costo de más de 6.000 millones desde 2000.

En un aspecto -la contrainsurgencia- el Plan Colombia fue un gran éxito. Estados Unidos aportó lo suyo a un gran esfuerzo colombiano que ha fortalecido al Estado y volvió al país un lugar más seguro. Pero como programa contra las drogas fue mucho menos exitoso. Gracias a los intransigentes esfuerzos del presidente Álvaro Uribe, el área dedicada a la droga parecería haber disminuido en más de la mitad entre 1999 y 2006, de acuerdo a estimativos de las Naciones Unidas. Pero ha crecido desde entonces. Y gracias al aumento de la productividad, la producción total de cocaína en los Andes se ha mantenido estable.

Cuando el consumo de cocaína apareció en Estados Unidos en las décadas de 1970 y 1980, la principal ruta de contrabando consistía en saltar entre islas a través del Caribe desde Colombia en un aeronave ligera. Estados Unidos logró cerrar esa ruta y fue eso lo que llevó al crimen organizado hacia México, cuando los colombianos empezaron a mandar la droga por ese país. En México bandas relativamente pequeñas se encargaron durante mucho tiempo de cruzar heroína y marihuana a través de la frontera. Cuando se pasaron a la cocaína se volvieron mucho más poderosos. Dos cosas los ayudaron a crecer. Primero la proximidad con Estados Unidos. Se hicieron del control del comercio minorista en varias ciudades, lo que les permitió imponer condiciones a los colombianos. Y continuaron armándose con facilidades en las armerías estadounidenses y lavando sus ganancias en los bancos canadienses.

El segundo factor fueron las fallas del Estado mexicano. La revolución de 1910-1917 parió un aparentemente Estado todopoderoso, democrático en su fachada pero autoritario por naturaleza, en el que el poder estaba monopolizado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Uno de los logros de este sistema fue sacar al Ejército de la política. La Policía era requerida solamente para imponer el orden político, no para resolver crímenes. Los gobernadores estaduales estaban contentos de tolerar -y sacar réditos económicos- de los traficantes siempre que tuvieran un perfil bajo. Parcialmente porque los colombianos al comienzo pagaban a sus socios con producto, las bandas mexicanas comenzaron a vender cocaína en el país. En algunas áreas, principalmente del norte, tomaron el control de facto. Los políticos hicieron poco para detenerlos, hasta que Calderón decidió hacer de la seguridad la prioridad de su gobierno y un tema de compromiso personal.

DEBATE MUNDIAL. El fracaso en la guerra contra las drogas ha llevado a sus principales combatientes de Europa y América Latina a sugerir un cambio de enfoque: de poner gente tras las rejas a políticas de salud pública del tipo de "reducción de daños", como convencer a los adictos de que usen jeringas limpias.

Este abordaje pondría más énfasis en la educación pública y tratamiento de adictos, y menos en acoso a los campesinos que cultivan coca y el castigo a los consumidores de drogas "blandas" para uso personal. Ese sería un paso en la dirección correcta. Eso sí, no saca al crimen organizado fuera del escenario.

La legalización no dejaría de lado a los gángsters: transformaría las drogas de un problema de la ley y el orden a un problema de salud pública, tal como debe ser mirado.

Los gobiernos regularían el comercio de las drogas y usarían los fondos recogidos para educar a la gente sobre los riesgos de consumir drogas y ayudar a quienes están en tratamiento. Por cierto, la venta de drogas a menores debería estar prohibida.

Hay dos principales motivos para discutir que la prohibición debería ser descartada para todas las drogas de igual modo, dicen los defensores de la liberalización. La primera es un principio liberal. Aunque algunas drogas ilegales son muy peligrosas para algunos, la mayoría no son tan dañinas (el tabaco es más adictivo que casi todas las drogas). La mayoría de los consumidores de drogas ilegales, incluyendo cocaína y heroína, las usan ocasionalmente. Las consumen para divertirse, como quien toma whisky o fuma un cigarrillo.

La adicción conlleva el dolor de la familia del adicto, especialmente de los niños, y ésto trae a colación costos sociales. Por eso desalentarlos y tratar la adicción debería ser la prioridad de la policía antidrogas. El segundo argumento: la legislación ofrece la oportunidad de lidiar con la adicción de forma más eficiente.

Los gobiernos tienen todo para llevar a los consumidores a daños mucho menores.

El éxito de los países desarrollados en sus campañas antitabaco, similares en cuanto a fijar impuestos y regulación, evidencia que hay una luz de esperanza en el combate a las drogas.

De 2000 a 2008, la cantidad de drogas incautada en Uruguay ha ido

-con matices importantes como el caso de la marihuana- sostenidamente en ascenso. La cocaína pasó de 25 kilos en 2000 a 820 kilos al concluir 2008. No solo la droga incautada aumentó. La cantidad de personas procesadas, y los procedimientos policiales, sufrieron el mismo proceso inflacionario. En 2008 fueron procesadas 868 personas y se hicieron 817 procedimientos policiales.

Debido a un trío de convenciones aprobadas por la ONU en 1961, 1971 y 1988, la mayoría de los países tienen poco margen de maniobra acerca de cómo manejar el consumo de drogas. Más allá de para uso médico o científico, aquellos que firmaron esas resoluciones -más de 140 países, incluyendo Uruguay- deben mantener la prohibición de la venta o la posesión de narcóticos. Algunos se han mostrados entusiasmados en defender esos tratados. Otros se sienten frustrados y están encontrando manera de flexibilizar esas normas.

Durante el último siglo, el abanderado del movimiento prohibicionista fue Estados Unidos, el país que más gente lleva a prisión por delitos con drogas. Pero en 13 estados, la Policía fue instruida de no arrestar por posesión de cannabis. En Europa, los coffe-shops de Amsterdam notoriamente venden cannabis y croissants. Y otros países son poco severos con las drogas duras. La posesión personal de cualquier droga no es un acto criminal en España, Portugal, Italia, República Checa y los estados Bálticos. Algunos estados germanos, cantones suizos y estados australianos también son bastante flexibles.

La descriminalización significa que los que son encontrados con droga encima pueden ser detenidos por la Policía pero no generan antecendentes y que los castigos son livianos: una multa en España o la suspensión de la licencia de conducir en Italia. Los consumidores pueden escaparse a pesar de tomar droga en un espacio público o de haber sido advertidos varias veces.

Los mecanismos legales que permiten que los países logren suavizar sus líneas, a pesar de las convenciones de la ONU, son extraordinarias. El país debe asegurar que la posesión de drogas es una ofensa criminal, no civil, pero sólo "sujeto a sus principios constitucionales y los conceptos legales básicos de su sistema". Esto ha permitido que varios países traten la posesión de drogas como un asunto civil. Además en el comentario oficial de las convenciones, al señalar el espíritu de la norma se dice "mejorar la eficacia del sistema de justicia criminal en el campo del tráfico de drogas". Sobre esta base, los países pueden decir a su Policía que haga oídos sordos a la política en el nombre de la eficacia policial.

Es un desastre en el cual sólo Suecia se destaca. Allí la posesión de cualquier droga ilegal, incluyendo cannabis, amerita un antecedente criminal y a veces hasta prisión. La mayoría de sus persecuciones son por posesión, más que por tráfico de drogas.

Sin embargo esto no debería ser un ejemplo. La última encuesta de la Organización Mundial de la Salud hecha en 17 países no encontró una relación entre lo estricto de las prohibiciones y la cantidad de droga consumida.

La lucha contra la droga tiene, como mínimo, varias décadas de historia en Uruguay, pero cobró un impulso institucionalizado con la creación de la Junta Nacional de Drogas, en 1988. Como dice el ex presidente de la junta, el colorado Leonardo Acosta, la institución ha ido cobrando cada vez más fuerza institucional, por más que las tareas que ha tenido que encarar han cambiado según los vaivenes de las rutas del narcotráfico. Como ilustra el principal encargado de la represión del narcotráfico en el país, el inspector Julio Guarteche: "Creo que hemos tenido una respuesta acorde a las nuevas condiciones que se nos plantea. Somos un país de tránsito de la cocaína de los países productores hacia los consumidores, principalmente en Europa. En ese contexto, hemos logrado cosas importantes. El principal problema, desde nuestro punto de vista, es la pasta base. Ese tráfico, por las condiciones en las que se da -cercanía con los países desde los cuales ingresa, cantidades que se trasladan, por lo general chicas y más camuflables- ha sido menos exitoso". Aún así, Guarteche no ve que la lucha contra el narcotráfico, así como está dada en Uruguay, motive desazón: "Creo que hay mucho por hacer aún", responde a los que sugieren si no es hora de tirar la toalla, reconocer el fracaso y habilitar una legalización de las drogas. Costa, por su parte, es optimista a nivel local pero pesimista a nivel global. "En Uruguay me parece que se ha combatido exitosamente a las drogas, tanto desde el punto de vista de la represión como en el de la educación. Hay un importante ejemplo a seguir para combatir a las drogas ilegales: el de la lucha contra el tabaco. Ese éxito indica que con educación, se puede. Pero concuerdo con que a nivel internacional, ese combate es un fracaso". Oficialmente, también se admite que tal como están las cosas a nivel internacional, la guerra contra las drogas es un fracaso, como dijeron Jorge Vázquez y Milton Romani en la última sesión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas el 11 de marzo. Ambos volvieron a señalar a la pasta base como la más complicada de combatir: "La pasta base de cocaína no forma parte de atención especial del relevamiento de los organismos internacionales, que deben incorporar e identificar este problema que acucia a los sectores más vulnerables. Además, tenemos las cárceles hacinadas y superpobladas. Este es un tema sanitario, no penal", sostuvieron el prosecretario de Presidencia Jorge Vázquez y Milton Romani.

Movilización

380 agentes federales más en la frontera, 100 agentes fronterizos para el control de armas y explosivos, 16 nuevos agentes de la DEA y la donación de helicópteros y aviones a México.

Desembolso

700 millones de dólares para facilitar el intercambio de información entre los dos países.

En Gran Bretaña, las drogas son clasificadas A, B o C, según su grado de daño. El cannabis bajó de B a C en 2004 pero el año pasado se lo subió a B. Por su parte el gobierno rechazó bajar el éxtasis de A a B, porque podría enviarse el mensaje de que ahora es más "sana".

En Estados Unidos los programas más exitosos contra el consumo de drogas son los que abiertamente hablan de ellas. A través del programa Educación para la Resistencia al Abuso de Drogas, policías y educadores no enseñan a los adolescentes que las drogas son peligrosas, sino que son raras. Además para contraatacar el consumo, por ejemplo de la metanfetamina, en vez de recitar sus efectos a largo plazo, se enfatiza en que perjudica a los dientes. Según The Economist gracias a este eslógan, su consumo en los últimos cinco años bajó drásticamente.

Las fuerzas europeas interceptaron en 2006 más de 120 toneladas de cocaína, más del doble que en 2001 y seis veces más que en 1995. Pero por cada envío que es detenido, más logran burlar los controles. A pesar de las confiscaciones, el precio de la cocaína en Europa ha bajado, llevando a que la ONU piense que hay mayor disponibilidad en el mercado. Al mismo tiempo, el número de consumidores se ha disparado. En Gran Bretaña que recientemente superó a España como el país europeo más hambriento de cocaína, 7,6% de los adultos dicen haberla consumido.