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Paula Barquet

En la fila para entrar a la Colonia Berro, cuatro mujeres hablan de sus hijos. Comentan sonrientes, como si fuera algo menor, lo desorientadas que están sus pequeñas "ovejas negras" a sólo meses de cumplir la mayoría de edad. Dicen que ojalá pongan esa cabecita sobre los hombros. Que ojalá logren apoyar los pies en la tierra. Porque después de los 18 años no hay tutía, afirman. Y porque al final de cuentas, la cárcel es un infierno aún peor que el Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj).

Una de ellas se baja en el Hogar Piedras, hoy identificado por ser el de máxima seguridad y mayor violación de derechos humanos. Antes el Hogar Ser se llevaba todos esos premios, pero durante la gestión del Padre Mateo Méndez las cosas cambiaron, dicen. En el Ser disminuyeron los golpes, en el Piedras aumentaron.

Organizaciones no gubernamentales han denunciado reiteradas veces la violación de derechos humanos en los centros del Interj. El Comité de los Derechos del Niño ha realizado informes periódicamente en los que profundiza ese diagnóstico.

El adolescente que espera a su madre en el patio tiene los ojos vidriosos y perdidos, producto de las pastillas que toma "para dormir y estar tranquilo". Aunque de trato amable, Juan es parco y modula poco. Los nombres usados en esta nota no son los reales.

Está en el Interj por homicidio. Mató a otro adolescente porque "se estaba haciendo el vivo". Cuenta, entre tímido e indiferente, que fue y le dio unos tiros con un revólver calibre .22 que tenía. Con la misma actitud afirma que no se arrepiente de lo que hizo. También está por una rapiña de la que salió con una puñalada en la espalda. Hace un año y varios meses que entró al Hogar Piedras. Tiene 15 años pero es uno de los más antiguos en el establecimiento.

Juan fue uno de los internos que firmó la carta difundida por el semanario Búsqueda el 19 de febrero (Ver recuadro). Por esa vía se denunciaron malos tratos de siete funcionarios del hogar.

Luis y Carlos, ambos de 16 años e internados por rapiña, lo confirman: "No mentimos. Acá nos cagan a palos", dice Luis. "Nos tratan como perros", agrega Carlos. "Ni mi padre me pegaba así", vuelve a acotar Luis.

Los golpes más habituales, dicen, son con palo o puñetazos. Los menores también hablan de picana, aunque no parece lo más común. Recuerdan a un compañero al que lo castigaron con picana eléctrica en los testículos.

Desde el patio se pueden ver unas habitaciones vacías, sin función aparente. "Bagayos, que le dicen. Ahí nos llevan, nos `amarrocan` contra la ventana (los esposan a los barrotes) y nos dan con el puño", explica Juan.

Luis todavía conserva lo que él dice son marcas de la última vez que lo "amarrocaron". Tiene el labio visiblemente hinchado y un corte aún cicatrizando.

Los castigos responden a las "cagadas" que se mandan. "Ladrar" (gritar) o patear la puerta del cuarto para que los dejen ir al baño, es el ejemplo más recurrente. Cuando no les abren a tiempo, hacen sus necesidades en bolsas de nailon.

Cuentan, también, que la ducha es cada vez más corta y que si no terminan rápido los empujan con fuerza. En media hora se tienen que bañar 20 internos: un minuto y medio cada uno y siempre con agua fría.

Pero las sanciones no necesariamente responden a desobediencias concretas. Pueden ser el ajuste de cuentas de los funcionarios después de un motín o un intento de fuga. Y los internos saben que después de rebelarse, los golpes serán más fuertes.

Así, la dinámica de agresión entre adolescentes y educadores parece un círculo vicioso. El castigo de un compañero lleva al motín y el motín acarrea mayores castigos, que a su vez desembocan en otro motín.

Joselo López, dirigente del sindicato del Inau, aseguró a Búsqueda el 20 de febrero que en el Interj se libran "verdaderas batallas campales" y que "si viene un gurí con una punta y te la quiere clavar en el cuello, vos lo acostás de una piña".

Estas declaraciones indignaron al coordinador del Comité de los Derechos del Niño de la ONU en Uruguay, Luis Pedernera. Rechazó que exista una batalla campal en el Interj. "Eso no es así. Y cuando ocurren ese tipo de situaciones, los que trabajamos en derechos humanos sabemos que la parte más débil es el adolescente".

López dijo a Qué Pasa que en ocasiones los trabajadores no tienen más remedio que utilizar la fuerza para defender su propia vida y muchas veces la de otros internos. Se ampara en el derecho a la legítima defensa.

Habló de ataques pensados y planificados por los adolescentes en los que utilizan cepillos de dientes o bombitas de luz como elementos cortantes. Desde el Piedras, Juan dio la versión opuesta. Son los funcionarios que entran de a varios a las habitaciones para atacarlos a ellos.

La ONU establece un protocolo para las situaciones en que el funcionario debe aplicar la fuerza: "Sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción en casos excepcionales, cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control (...) En esos casos, el director deberá consultar inmediatamente al personal médico y otro personal competente e informar a la autoridad administrativa superior".

El dirigente sindical aseguró que los funcionarios conocen y aplican dicha normativa, aunque los internos dicen no visitar el hospital hasta mucho después de la agresión.

Una funcionaria de la Colonia Berro insinuó a Qué Pasa que el maltrato denunciado por los adolescentes no sería tal, pero se negó a dar mayor testimonio. Otros trabajadores consultados se negaron a hablar del tema.

Desde el directorio del Inau las visiones son encontradas. Cristina Álvarez dijo que no le consta que haya malos tratos. Jorge Ferrando, en tanto, opinó que "si se habla tanto, algo debe pasar", y señaló que son "situaciones habituales en los sistemas de encierro en general".

Por otra parte, ninguno de los involucrados pone en tela de juicio que la intervención del Grupo Especial de Operaciones (GEO) sea violenta: se recurre a ellos cuando el personal está superado, sobre todo cuando los menores se amotinan. Durante su gestión, Méndez desactivó al menos dos motines mediante la negociación sin necesidad de llamar al GEO.

El 20 de febrero hubo un motín en el Hogar Piedras. A más de 20 días los menores exhiben lo que ellos dicen son rastros de la golpiza: moretones en el cuerpo.

Una de las técnicas habituales de este grupo policial es "el paso del chino", aseguran los internos. Se arman dos filas a los costados de la escalera generando un túnel por el que obligan a pasar a los adolescentes y los golpean. "Ahí nos cagan a palos", dice Luis.

La última vez que el GEO actuó en el Piedras destrozó parte de las pertenencias de los infractores, sobre todos los televisores y radios que les habían regalado sus familiares.

Cuando no interviene el GEO, en el Interj hay otros recursos para llamar al orden. Esta administración contrató 50 funcionarios de contención con los únicos requisitos de tener Primaria completa y destrezas físicas. Este tipo de funcionarios puede dialogar, pero su herramienta esencial es la fuerza. Su contratación era una demanda desde, al menos, 2002.

TRABAS Y TARDANZAS. Para que una denuncia de malos tratos o de faltas al reglamento llegue a la Justicia, existe un procedimiento largo y complicado que suele quedar en nada o extenderse demasiado en el tiempo.

Según datos que proporcionó el director Jorge Ferrando, en 2008 se iniciaron 23 investigaciones administrativas. Solamente seis de ellas terminaron en sumario. Además de esas 23, hay más investigaciones en curso que son previas a 2008 pero Ferrando dijo no conocer la cantidad.

No es de extrañar, ya que no hay ningún organismo que haga el seguimiento estadístico de todas las denuncias hechas a funcionarios del Inau. No lo hace ni la Suprema Corte de Justicia, ni los jueces de adolescentes, ni el Ministerio de Desarrollo Social.

Cuando Mateo Méndez renunció, luego de siete meses a cargo del Interj, dijo que "la institución tiene mucho de enfermo, de perverso y mucho de corrupción". Sin aludir a situaciones concretas, se refirió a los funcionarios que muchas veces "enlentecieron" el trabajo. "En este tiempo que llevamos, nos ha insumido más tiempo la relación y acomodar situaciones de adultos, que el trabajo con los adolescentes", afirmó.

Andrés Tomasina, mano derecha del sacerdote salesiano, luego declaró que la corrupción a la que refirió Méndez se vincula a la ética laboral. Como ejemplo señaló el pedido de licencias médicas de muchos funcionarios al mismo tiempo.

Para este informe se intentó hablar con Mateo Méndez, quien luego de renunciar prácticamente desapareció y no respondió a las consultas de la prensa. Tomasina dijo a Qué Pasa que el sacerdote no tenía previsto hacer declaraciones hasta ayer, dos días después del cierre de esta edición.

Las afirmaciones de Méndez y su equipo desataron una ola de opiniones y controversias, pero no fue más allá de eso. Cristina Álvarez, vicepresidenta del Inau, explicó que el sacerdote no presentó pruebas ni derivó sus sospechas a la Justicia, por lo que no se puede investigar.

Se está llevando a cabo una auditoría de rutina y ya había investigaciones previas en curso, que son los mecanismos habituales. Álvarez opinó que, en realidad, el ex director del Interj "no se refería a corrupción, sino a prácticas burocráticas que suceden en los organismos estatales".

Desde el Parlamento, la Comisión de Derechos Humanos de Diputados planteó preocupación e impotencia con la situación.

Uno de sus integrantes, el colorado Gustavo Espinosa, dijo a Qué Pasa que han intentado, sin éxito, crear una comisión investigadora para encarar todas las denuncias que se vienen haciendo, sobre todo la de Mateo Méndez. No cuentan con los votos del oficialismo.

Si bien el presupuesto y los recursos humanos del Inau han aumentado, los hechos de malos tratos y violación a los derechos humanos se han incrementado, aseguró Espinosa.

"Existe una dilatoria del tema. Jamás recibimos resultados de ninguna investigación y no contamos con el apoyo parlamentario para crear la comisión", dijo. Aseguró que se le presentó un informe al presidente Tabaré Vázquez sobre el que el mandatario no se expidió.

"Lo primero que se hace es negar y poner excusas a la investigación", coincidió Luis Pedernera, coordinador del Comité de Derechos del Niño. Tildó de "perverso" que lo único que haya trascendido de la renuncia de Méndez es si tiene razón o no, a qué corrupción se refiere, y todo a través de declaraciones de adultos. "Los adolescentes quedan en segundo plano", expresó. "No tienen voz".

El Comité se fundó en 1991 para hacer el seguimiento de la aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Desde esa fecha, aseguran, el tema de los derechos humanos de los menores privados de libertad ha sido su preocupación. Ferrando lo confirmó: "las denuncias por malos tratos es algo que se ha dado históricamente en las instituciones de adolescentes privados de libertad".

Al cierre de esta edición estaba prevista para hoy la visita de un reconocido relator de la ONU, Manfred Nowak. Viene de parte de la Organización Mundial contra la Tortura, y él mismo eligió como destino los centros uruguayos de menores privados de libertad, no se sabe todavía por qué motivo. Anunció que estará en el país una semana y que no quiere que nadie lo acompañe en las recorridas. Nowak fue quien instaló el tema de derechos humanos en la cárcel de Guantánamo por primera vez.

EN EL ENCIERRO. El Interj contiene varios centros de rehabilitación juvenil y cerca de 600 funcionarios trabajan en él. Desde la renuncia de Méndez, la gerencia del instituto permanece acéfala. Según declararon las autoridades esta semana, no se designará a nadie hasta que no se renueve el directorio del Inau.

A la fecha hay cerca de 220 adolescentes privados de libertad y 210 bajo un régimen más abierto. De los privados de libertad, la mayoría está en la Colonia Berro, compuesta de siete hogares: Piedras, Ser, la Casona, Rincón, Ituzaingó, Ariel y Cerrito.

Si bien algunos centros tienen características específicas (por ejemplo, el Puertas recibe a los menores que delinquieron recientemente), el criterio de distribución de internos parece más bien arbitrario o responde a las fugas realizadas por los adolescentes.

Juan, Luis y Carlos se fugaron al menos tres veces de centros del Interj. Por eso dicen con autoridad que de todos los hogares por los que han pasado, el Piedras es el peor.

Y de ahí no han salido. "Acá no tenés chance", comenta uno de ellos. El edificio está configurado como una cárcel, con rejas en todas las aberturas. El alambrado que rodea el patio cubre varios metros de altura y una garita policial custodia el pasaje las 24 horas del día. Los menores comentan que si pudieran, seguro se fugarían.

Qué Pasa no tuvo acceso a las habitaciones de los adolescentes. Ninguno de los visitantes puede pasar. Cuando el Comité de Derechos del Niño hizo la última recorrida encontró que las celdas son pequeñas, húmedas, sucias, no tienen baño y la ventana da escasa iluminación.

Los menores pasan 23 horas al día encerrados o "trancados", como dicen ellos. En todo ese tiempo no hacen más que dormir, escuchar música o mirar la tele, si es que tienen.

El Comité también constató que en el Piedras y en el Ser se han aplicado sanciones de aislamiento por más de 30 días. Eso demuestra desconocimiento o transgresión del Reglamento de Convivencia aprobado por el Inau.

En teoría, en los centros del Interj hay actividades socioeducativas para la rehabilitación. Sin embargo, los menores consultados aseguran que no hay nada de eso en el Piedras. No hay psicólogos, ni talleres, ni murgas, ni nada. Ahí va sólo una maestra una vez por semana a enseñarles "cuentas". Un tiempo atrás les permitían jugar al fútbol y levantar pesas, pero desde el último motín todo eso está suspendido; están sancionados.

"Piedras es claramente el centro en el que estamos teniendo más dificultades para alcanzar ese balance entre seguridad y actividades educativas", reconoció Ferrando. "Estamos trabajando en eso, no podemos adelantar nada. Pero es el centro de nuestras preocupaciones".

El informe del Comité afirma que "los centros que no tienen una propuesta socioeducativa seria y efectiva, y en los que las prácticas cotidianas se centran en el sometimiento y el castigo (...), provocan procesos de deterioro incompatibles con la dignidad humana".

El lunes, tras el acto de asunción de la nueva presidenta del Inau, Nora Castro, el sindicalista López dijo que "se violan los derechos humanos de los gurises por parte del sistema. Los chiquilines están más tiempo encerrados de lo que corresponde porque el sistema, en cuatro años de esta administración, no ha podido buscarle la vuelta para tener más establecimientos y que no haya hacinamiento".

La superpoblación adquirió mayor notoriedad en los días previos a la renuncia del Padre Mateo, cuando el sindicato se negó a recibir más menores infractores en el hogar Puertas y amenazó con entregar las llaves. "No entra un sólo gurí más", habría afirmado uno de los funcionarios. La situación ya venía tensa tras la fuga masiva de uno de los centros y varios motines.

Luego de la feria judicial, habría aumentado levemente el ingreso de menores. Los anuncios del gobierno de otorgar 50 vacantes con la refacción de los hogares Sarandí y Chimborazo, todavía se hace esperar.

Otros males aquejan a los adolescentes de ese hogar. "La comida es un asco y siempre es la misma", dicen. Uno de los compañeros del Piedras le contó al resto que vio a un funcionario, "el Ale", escupir la olla delante de él. Igual, cuentan que mientras estuvo el Padre Mateo la comida mejoró. Ahora hay guiso y estofado.

Entre seis y 11 padres se reúnen desde el recordado motín en Piedras, en octubre de 2008, con el cual los internos se quejaron de intento de estrangulamiento a un compañero y casi una veintena de adolescentes se fugó del hogar. Con la ayuda de la educadora Bettina Salas en el marco del Comité de los Derechos del Niño, plantean semanal o quincenalmente sus reclamos y quejas respecto al Interj.

Los padres y madres organizados se habían acercado varias veces a Mateo Méndez, quien atendía sus inquietudes y llegó a resolver algunas de ellas, aunque no muchas. El miércoles el encuentro fue con la nueva presidenta del Inau, Nora Castro.

Posibilidad de trabajo y de estudio, mejor higiene, teléfono público en el hogar, control en el trato, revisión del reglamento de sanciones, y derecho a saber qué medicación toman sus hijos, son sólo algunas de las peticiones.

Y de todas ellas, la que más preocupa es la referida al maltrato. Durante la visita a la Colonia Berro Qué Pasa conversó con la madre de Juan y la madre de Carlos. Repiten las anécdotas de sus hijos con la única diferencia de un enfoque protector e indignado. Los adolescentes, en cambio, parecen resignados.

Un ómnibus levanta a los familiares al término de la visita. El último hogar por el que pasa es el Piedras y ya no queda casi lugar. Las madres a las que les tocó viajar en los escalones se dan vuelta rápidamente y asoman sus cabezas a la ventana. Tratan de ver entre el resto de la gente, como buscando algo. "A ver si les pegan", susurran. Los funcionarios están entrando a los adolescentes al hogar. Alguien sugiere que no les pegarían estando ellas a unos metros, pero las madres parecen no escuchar. Siguen el establecimiento con la mirada hasta que lo pierden de vista, y después permanecen en silencio.

El lunes asumió la presidencia del Inau la ex diputada del MPP, Nora Castro. En su discurso de asunción elogió la gestión de Víctor Giorgi. Aseguró que de ahora en más "habrá que poner mucha fuerza y cabeza para buscar soluciones". Respecto a las denuncias de corrupción del ex director del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj), Mateo Méndez, dijo que siempre que haya pruebas, la respuesta será investigar. Según consignó La diaria, Castro dijo que de los funcionarios del Inau "se dicen muchas cosas" y por eso se mantendrá informada para saber realmente qué pasa. Alegó, también, que el trabajo en un lugar "con mucho estrés" daña la salud y que se trabajará por mejorar ese aspecto. Habló de la dificultad pero no imposibilidad de personalizar los vínculos, al igual que lo había hecho Méndez. Según el sacerdote, su impronta era "humanizar la relación" y "perderle miedo a los vínculos".

Para iniciar una investigación administrativa tiene que haber un hecho visible. El director del centro tiene un plazo corto para entrevistar a los adolescentes y funcionarios y realizar un informe de urgencia. Si de allí surgen elementos que permitan suponer veracidad, se inicia la investigación. La lleva a cabo el personal de Jurídica, que profundiza con interrogatorios y técnicas más especializadas. De la investigación surgirán elementos como para poder sumariar a una persona concreta. Según los elementos de que se disponga, puede ser con separación del cargo o sin, con rotación de hogar o no. A la Justicia se llega sólo si hay delito penal, como puede ser un castigo físico directo con evidencia física.

Esa es la principal recomendación que realizó el Comité de los Derechos del Niño, tanto en el informe de 2007 como en el de 2008. "Que se profundice el proceso de cierre de la Colonia Berro, fundamentalmente aquellos centros donde el deterioro es grave y compromete la vida, la seguridad y la integración social de los adolescentes a la comunidad", solicita. Luis Pedernera, coordinador del Comité, explicó que la propuesta alternativa es privilegiar los centros no privativos de libertad. "Hay experiencias en el Inau de lugares así. Los monstruos se construyen a raíz de las condiciones en que viven", enfatizó. Para el directorio del Inau esa medida por ahora resulta "imposible", dijo Jorge Ferrando. De todas formas, considera que el informe de 2008 es el más objetivo y serio y que otras de las propuestas realizadas están siendo tenidas en cuenta por el directorio.

Los planteos del Comité buscan hacer cumplir la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por el Estado. Pide, por ejemplo, que se establezca un proyecto socioeducativo integral y políticas a nivel nacional para tratar con adolescentes infractores. Solicita que se priorice el contacto con la comunidad y no el aislamiento, que se garantice a todos los adolescentes el acceso a la educación según el requerimiento de cada uno, y que se apliquen los reglamentos de convivencia, entre otras cosas.

El 4 de marzo el Comité envió un comunicado en el que ratificó las denuncias realizadas luego del colapso institucional durante el cual renunció el director del Interj, Mateo Méndez, y el presidente del Inau, Víctor Giorgi.

En febrero se difundió y envió a la Justicia una carta firmada por 17 internos del Hogar Piedras, ubicado en la Colonia Berro, denunciando malos tratos. Esta semana fueron a declarar algunos de los firmantes al Juzgado Penal de Pando. Todavía deben acudir varios menores. La carta dice exactamente así: "Hola soy un menor que esta internado en el Hogar Piedras de la Colonia Berro, estoy escribiendo de parte de todos los pibes de acá. En el día 24 de diciembre del año 2008 dos menores del Hogar Piedras de la Colonia Berro, los mataron a palo y lo amarrocaron a la ventana y lo picaron. A mi después de la visita de la mañana me metieron para una pieza que no era la mi me desnudaron me mojaron y con los cables pelados me daban corriente. Al día 25 de diciembre como a las dies de la mañana algunos funcionarios llamados: Saul, Julio, Alejandro, los dos chinos, el director, el Negrón. Todos estos funcionarios nos dieron palo, nos dejaron sin colchón y sin frasadas dentro de las piezas, y nos tiraron agua para el piso esperamos que esto les llegue a la sociedad por nuestras madres que son nuestras unicas esperansa."

destituciones a funcionarios se hicieron durante esta administración, casi todas por malos tratos a internos.

funcionarios fueron no sólo destituidos, sino también procesados por abuso de poder y maltrato en este gobierno.

investigaciones administrativas se llevaron a cabo solamente en 2008. De esas 23, seis terminaron en sumario.

meses es el tiempo máximo por el que se puede separar del cargo a un funcionario; luego debe ir a otro hogar.

El 95% de los menores privados de libertad son hombres. Un 33% del total tiene 17 años, mientras que los de 13 años -edad mínima de ingreso al sistema penal- representan apenas el 5%. Esas son sólo algunas de las estadísticas que extrajo el Observatorio del Sistema Judicial de la organización Movimiento Nacional Gustavo Volpe y Unicef. El último informe, de abril de 2008, encuestó a 143 adolescentes con el objetivo de darles voz. Otras cifras llamativas: el 72% de los menores infractores residía en Montevideo, y dentro de la capital, la mayoría proviene de Pajas Blancas (8,7%), Casabó (6,7%), y de Cerro, Casavalle y La Teja (5,8%). Respecto a la composición familiar, un 49% vivía en un hogar monoparental. Un 38% de los menores encuestados no completó la Primaria y un 53% aseguró haber trabajado alguna vez. Por último, un 64% toma alguna medicación, y de ese grupo de menores, 96% consume psicofármacos.