-¿Cómo surge la idea del libro Secretos públicos; el difícil acceso de la información del Estado y la necesidad de transparencia?
-Con Andrés Alsina sentíamos que era un tema que era necesario discutir como periodistas, y queríamos desterrar eso de que el acceso a la información es un derecho y una necesidad "de los periodistas", sino que es de todos los ciudadanos. Era un desafío profesional.
-Y mientras el Senado trataba el proyecto de ley de habeas data...
-Era un proyecto de ley de acceso a la información. El habeas data, la posibilidad de hacer un recurso ante la Justicia para pedir información, es una parte del asunto. Lo había presentado un grupo de organizaciones unidas bajo el lema Gaip (Grupo de Acceso a Información Pública).
-¿Qué pasó con ese proyecto de ley?
-Se presentó en 2006 con el apoyo de legisladores oficialistas, lo estudió una comisión y quedó ahí, hasta que el Ejecutivo lo tomó como propio, hizo un nuevo proyecto y lo presentó. Cambió algunas cosas como qué considerar "reserva", dado que el acceso a la información no es ilimitado, hay temas que tienen que estar exceptuados. En julio obtuvo la media sanción del Senado. Sería un golazo para esta administración que se sancione en la gestión.
-¿A qué conclusiones llegaron en la investigación de un año?
-Comprobamos que el derecho de acceso a la información, aún consagrado, no se ejerce. No tenemos un Estado preparado para brindar toda la información. El Estado se oculta la información a sí mismo, es como un Estado inmaduro. Y tenemos una opinión pública bastante acostumbrada a eso, entonces no se queja. El estado actual del acceso a la información pública es como una enfermedad crónica.
-¿Qué tipo de información son reservadas para el Estado?
-Hay temas urticantes como los archivos de la dictadura, pero la idea es acceder a cualquier información porque es mía, es pública, y tengo ese derecho. Es controlar al controlador.