La semana pasada el diputado herrerista Luis Lacalle Pou planteó la necesidad de crear un registro de delincuentes sexuales. El 31 de mayo lo había pedido el experto en psicología forense Robert Parrado en Qué Pasa, en un artículo que hablaba de la avalancha de casos que salieron a la luz en este primer semestre, después del asesinato de la adolescente Pamela Silva en Maldonado.
El domingo, el diario argentino Clarín informó de la creación de un registro de prófugos de delitos sexuales en la provincia de Buenos Aires, con 200 personas en la lista. Sólo desde mayo de 2007 hay 169 capturas. Una comisión de diputados del Congreso estudia siete proyectos de ley para la unidad de un Registro Nacional de Condenados por Delitos contra la Identidad Sexual.
En Uruguay el debate sigue sin darse; Parrado y Lacalle Pou están solos. Como psicólogo y director del centro de rehabilitación de víctimas Renacer, Parrado dijo estar de acuerdo con la medida, aunque estima que la sociedad uruguaya no está preparada. "Que aparezca en internet dónde vive el abusador y dónde trabaja es algo que puede traer dificultades en su proceso de rehabilitación. Imaginate que a la hora del almuerzo en su trabajo, lo dejen comiendo solo. Ahí hay una sanción social. Y eso no es productivo, pensando en su rehabilitación, como pensamos nosotros", dijo Parrado. Ni que hablar de provocar actos de justicia por mano propia.
Para él, el debate aún no comenzó. Parrado, también policía, cree que el tema lo deberá manejar un organismo nuevo, y por ende, no debe estar bajo la égida del Ministerio del Interior ni de la Justicia. "Hay que innovar, lo debe tratar el mismo ente que tenga a su cargo las cárceles, que no debería ser el Ministerio del Interior".