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Una opción promovida desde el gobierno
La batalla del papel
A pesar del conflicto bilateral con Argentina, Uruguay apuesta al modelo de la forestación y a la celulosa y varias multinacionales quieren aprovechar eso.

RENZO ROSELLO

Algunos de los grupos industriales más grandes del mundo miran a Uruguay con intención de construir nuevas plantas de celulosa y papel. De estos, el más avanzado es el grupo español ENCE, que ya trabaja de lleno en el acondicionamiento del predio comprado en Colonia. La planta estaría concluida a fines de 2009.

El interés de los inversores se asegura desde el gobierno uruguayo, responde a la certeza jurídica que ofrece el país y a la línea política que evidenció el conflicto con Argentina.

El subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jaime Igorra, dice que el país se encamina definitivamente a un modelo de producción forestal avanzado en poco tiempo: "Tenemos un potencial de tres millones de hectáreas aptas para la forestación, lo que quiere decir que se pueden abastecer hasta siete plantas de celulosa y destinar aproximadamente un millón seiscientas mil hectáreas forestadas a otros usos".

Además de la empresa española, el grupo portugués Portucel trabaja en el diseño de un proyecto para la construcción de una planta de producción de celulosa y de papel. Estiman una inversión de 1.500 millones de dólares y se han fijado el este del país como posible locación. "Ellos están esperando definiciones del Estado uruguayo en relación con algunos puntos que la empresa ha planteado, como su localización y el régimen de propiedad de la tierra", explica Igorra .

La empresa sueco-finlandesa Stora Enso comenzó a adquirir tierras para la forestación, aunque las 25 mil hectáreas que posee hasta el momento están aún lejos de la "masa crítica" que necesita para saltar al proceso industrial. Por esta razón los representantes de la compañía todavía no han definido cuándo y dónde instalarán su futura planta, aunque han expresado al gobierno su firme interés en hacerlo.

International Paper, el gigante estadounidense que lidera el mercado mundial de la celulosa y el papel, también envió su avanzada para sondear el terreno, aunque los contactos oficiales no pasaron de esas preliminares. Otro tanto ocurrió con el Nippon Paper Group, la compañía japonesa que a mediados de 2007 también comenzó a estudiar condiciones geográficas y jurídicas para establecer un emprendimiento en Uruguay.

Entre los árboles

Con esta suerte de banda de sonido como fondo, el sector forestal y ahora, decididamente, forestal-industrial mira con optimismo las perspectivas.

"Creo que tenemos que continuar en la misma línea: promover el desarrollo del sector como fuente probada de generación de riqueza legítima y generación de empleo genuino", dice el ingeniero agrónomo Edgardo Cardozo, dirigente de la Sociedad de Productores Forestales.

A juicio de Cardozo, 2007 fue una suerte de bisagra para la historia de la forestación en el país. A 20 años de aprobada la Ley Forestal los productos del sector se colocaron en el quinto puesto del Producto Interno Bruto, dentro del sector agropecuario. También ha recibido un fuerte impacto de inversión, difícilmente comparable con otros sectores: 2.200 millones de dólares.

Uruguay posee, en este momento, un total de 850 mil hectáreas forestadas. Pero dispone de un caudal de tres millones de hectáreas con aptitud forestal.

"El año 2007 marca un antes y un después, el hecho de poder empezar a trabajar con la planta de Botnia demuestra que el país tiene un futuro industrial importante", opina Cardozo.

Pero no todo es buena noticia para la Sociedad de Productores Forestales. Algunas medidas del gobierno ya son motivo de preocupación. Por ejemplo, la que elimina los subsidios para la producción forestal que la ley de 1987 había establecido con un plazo que vencía, precisamente, este año.

También hay un proyecto mediante el cual los campos forestados deberán pagar contribución inmobiliaria rural, tributo del que estaban exentos. Pero las medidas que más inquietan al sector son la ley de sociedades anónimas -que impide la propiedad de la tierra en toda otra forma que no sea nominal-, la ley de tercerizaciones y un proyecto de ley sobre limitación de la jornada laboral para los trabajadores forestales.

Además, es visto como algo negativo la eliminación de los reintegros a las exportaciones de rolos de madera, un estímulo que se consideraba dinamizador por los productores.

La posibilidad de un futuro en el que el país participe de un cluster foresto-industrial en la región tiene más atractivos que desventajas para la Sociedad de Productores Forestales. Sin embargo, algunas medidas tomadas en Argentina -como la ley de la madera de la provincia de Entre Ríos, que los activistas pretenden se extienda a nivel nacional- conspiran contra estas posibilidades. La ley provincial tiene nombre y apellido: está destinada a impedir la venta de materia prima para Botnia. "Este tipo de medidas ridículas, que surgen de la cabeza de señores feudales, se van a tener que acabar", opina Cardozo.

Una partida en tablas

El 10 de diciembre de 2007 se cerró una etapa del conflicto que por más de dos años mantuvo enfrentados a Argentina y Uruguay. La flamante presidenta Cristina Fernández de Kirchner aludió al mismo en su discurso de asunción, y aunque hizo pasar un mal trago al presidente Tabaré Vázquez, por lo bajo en el Ejecutivo uruguayo se reconoce que la mandataria disminuyó en varios grados la tensión por momentos inusitada que alcanzó la disputa.

De algún modo, el saber que todo el diferendo será resuelto por la Corte Internacional de Justicia sustrae a los dos gobiernos de la necesidad de ásperos intercambios. De todas formas, la mayor parte de los costos parecen seguir recayendo sobre Uruguay.

El bloqueo de los puentes ha tenido efectos económicos marcadamente negativos, sobre todo en el capítulo turístico. Pero también ha instalado un foco de tensión fronterizo que plantea para Uruguay un problema inédito de hostilidades externas, en un país que llevaba más de un siglo de paz con sus vecinos, por encima de circunstanciales asperezas.

La agresividad que los integrantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú y otros grupos aliados despliegan en la frontera que delimita el río Uruguay coloca acechos constantes y temores de potenciales sabotajes contra la planta de Botnia. Y también las sospechas de la Inteligencia uruguaya de que estas acciones componen una suerte de estrategia de "conflicto de baja intensidad" que desde algún punto tal vez equidistante entre la Casa Rosada y el Palacio San Martín es convenientemente modulado.

La incómoda inserción de Uruguay en el Mercosur tampoco ha contribuido a reabsorber estos problemas. La visión cada vez más crítica del gobierno de izquierda respecto del bloque regional hizo que Vázquez colocara la discusión en su fuerza política, con el objeto de buscar la legitimación de futuras decisiones.

Monocultivo improductivo

LAS DENUNCIAS POR CONTAMINACIÓN ambiental no son patrimonio de los ciudadanos de Gualeguaychú. En Uruguay, los grupos ecologistas van más lejos y cuestionan, directamente, al modelo forestal. Se oponen a lo que denominan un "monocultivo improductivo", que "impacta negativamente" sobre los recursos hídricos y la biodiversidad, "degrada" el suelo y genera trabajo de "mala calidad". Eso es lo que sostiene el Grupo Guayubira, integrante de la Iniciativa Nacional por la Suspensión de la Forestación en Uruguay. Este grupo también está integrado por Redes-Amigos de la Tierra, CEUTA, RAPAL, entre otras organizaciones.

"La expansión de los monocultivos de árboles alentada por la ley forestal de 1987 desencadenó un proceso de cambios y de sustitución de una cultura productiva por otra, cuya gravedad sigue oculta por la desinformación a que es sometida gran parte de la sociedad uruguaya…Aún se pretende mantener la marca "Uruguay Natural", cuando la forestación y la producción de celulosa que la acompaña contradicen esa idea", sostiene el Grupo Guayubira en la introducción del documento titulado ¡Suspender la forestación! Argumentos contra un modelo forestal insustentable.

Uno de los primeros puntos que aborda el documento es el que refiere al impacto negativo que tiene la forestación sobre los recursos hídricos. Señala que contamina y seca los cursos de agua. Cita un trabajo de la Facultad de Ciencias, de 2006, que concluyó que las plantaciones reducen el rendimiento hidrológico en un 70% en relación a la vegetación original. Y pone un ejemplo concreto. El de Las Flores, un poblado a tres kilómetros de Piedras Coloradas, sobre la ruta 90 que une Paysandú con Guichón. Las plantaciones de eucaliptus, que llegan a 30 metros del pueblo, "secaron" el arroyo San Francisco. De las 40 familias que vivían del cultivo de sandía y sidra "solo quedan tres casas ocupadas" y Las Flores se pasó a llamar "Pueblo Seco", sostiene el documento.

También señala que "degrada el suelo". La erosión y los elevados volúmenes de madera extraídos cada pocos años producen una pérdida de nutrientes. Explican que por tratarse de especies exóticas, "los organismos locales encuentran grandes dificultades para descomponer la materia orgánica que cae de los árboles (hojas, ramas, frutos)", por lo que los nutrientes que llegan al suelo demoran demasiado en ser reutilizados por los árboles.

A su vez, destaca las "consecuencias negativas" sobre la biodiversidad. Los pastizales naturales del Uruguay albergan 80% de las especies vegetales y una "alta riqueza de fauna asociada". Pero en el área forestal, gran parte de la flora es exterminada para evitar que compita con los árboles. Además, las pocas especies que subsisten mueren cuando se corta y replanta el monte, momento en que se vuelven a aplicar herbicidas. A su vez, el monte lleva a que se incrementen algunas plagas, como la cotorra, la paloma y el jabalí.

Por otro lado, cuestiona la cantidad y calidad de puestos de trabajo que genera la forestación. Los grupos ecologistas señalan que no sólo genera menos empleo que la ganadería, sino que las condiciones laborales son muy precarias. Denuncian la falta de equipos de protección personal y de comunicación, trabajadores sin cobertura médica ni seguridad social y con escaso grado de sindicalización.

Una tregua temporal

El 8 de noviembre tABARÉ Vázquez besó a la entonces presidenta electa argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y abrazó a quien era el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, en la Cumbre Iberoamericana de Santiago. Para entonces, el titular uruguayo había ya aprobado el encendido de las calderas de la pastera Botnia, en Fray Bentos. Kirchner se sintió traicionado. "Nos diste una puñalada, no sólo a mí, sino al pueblo argentino", se supo que el santacruceño le dijo a Vázquez en algún pasillo del hotel donde ambos se hospedaban.

El 10 de diciembre, Cristina se tomó revancha. La ex primera dama, en su discurso inaugural como presidenta (pidió que se acostumbren a pronunciar y escuchar su cargo con "a" al final), agradeció especialmente la presencia de su par uruguayo. Pero cuando éste todavía mantenía una mueca en forma de sonrisa, se despachó atribuyéndole la responsabilidad del conflicto por las papeleras. Dijo: "Quiero decirle (a Vázquez) con toda la sinceridad que siempre he tenido que no va a tener de esta presidenta un solo gesto que profundice las diferencias que tenemos; pero con la misma sinceridad decirle que esta situación que hoy atravesamos no nos es imputable". "Resituar el conflicto requiere también un ejercicio de sinceridad de todos nosotros. No significa ahondar la diferencia sino saber cuál es la diferencia, hasta que resuelva el tribunal jurídico internacional (de La Haya)", agregó. Vázquez no tuvo oportunidad de contestar.

El 19 de diciembre, Fernández de Kirchner visitó Montevideo para recibir de manos de Vázquez el martillo que simboliza el mando de la presidencia pro-témpore del Mercosur. El presidente uruguayo no se vengó; ni siquiera mencionó el tema de las papeleras. "En Uruguay usted está en su casa. Nos alegra que esté aquí. Entre los uruguayos ningún argentino es extranjero o extraño", le dijo.



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