La política de la riqueza

| En su nuevo libro, El ataque contra la razón, el premio Nobel de la Paz, Al Gore, deja de lado el cambio climático y se dedica a disparar contra el presidente Bush

 QUE PASA 400x400

AL GORE

Cuando los actos de un gobierno están abiertos al examen de los ciudadanos, y sujetos a vigorosos debates y discusiones, es más difícil ocultar el uso corrupto del poder público para servir a intereses privados. Si el imperio de la razón es el patrón mediante el cual se evalúa todo uso del poder oficial, hasta los planes más complicados para abusar de la confianza de la sociedad pueden ser descubiertos y controlados por una ciudadanía bien informada. Además, cuando las ideas suben o bajan en función de un mérito, la razón suele conducirnos a tomar decisiones que reflejan la sabiduría del grupo tomado en su conjunto.

Pero solo la razón no es suficiente. Tiene que existir un foro público accesible a todos, en cuyo seno los individuos puedan comunicarse con plena libertad para dejar al descubierto la utilización del poder ilegítima e imprudente. Ana Arendt, que escribió sobre el totalitarismo en el siglo XX, subrayó la importancia de la esfera pública para este proceso: "Los únicos remedios contra el uso incorrecto del poder público por individuos particulares residen en la esfera pública, en la luz que ilumina cada acto ejecutado dentro de sus límites, en la visibilidad a la que se exponen todos quienes entran".

Si el foro no está abierto del todo, los que controlan el acceso se convierten en cancerberos. Si piden dinero a cambio de acceder, los que poseen más dinero tienen más facilidades para participar. Las buenas ideas de hombres y mujeres que no pueden permitirse el precio de la entrada ya no se hallan accesibles para ser analizadas. Cuando se impide el acceso a sus opiniones, la meritocracia de las ideas, que siempre ha sido el corazón de la teoría democrática, empieza a sufrir daños. La conversación democrática s escapa del imperio de la razón y puede ser manipulada.

Esto es justo lo que está ocurriendo en Estados Unidos. La sustitución de un mercado de las ideas basado en la prensa, fácilmente accesible, por una esfera basada en la televisión y de acceso restringido, condujo a una transformación radical de la naturaleza y el funcionamiento del mercado de las ideas en Estados Unidos.

Cuando solo los ricos pueden permitirse entrar en el foro principal, donde la mayoría de la gente recibe la información, los que pueden pagar el precio de admisión ejercen más influencia de manera automática. Sus opiniones llegan a ser más importantes que las opiniones de los demás. Así, las prioridades de la nación cambian.

Para citar solo uno de los muchos ejemplos, durante los últimos años la necesidad de eliminar los impuestos sobre sucesiones a las familias más ricas de Estados Unidos (una ínfima minoría, y los únicos contribuyentes que aún están sujetos a ello) ha sido tratada como si fuera una prioridad muchísimo más importante que la necesidad de proporcionar un mínimo acceso a la sanidad a decenas de millones de familias que, en la actualidad, no tienen la más mínima cobertura sanitaria.

Cuando la riqueza determina el acceso al foro público, provoca distorsiones similiares en las campañas electorales. En el Estados Unidos actual, el candidato que reúne la mayor cantidad de dinero dominará la apariencia del discurso político utilizado por los votantes como base de su decisión.

La comunicación entre los candidatos a la presidencia y los votantes estadounidenses se basa casi por completo en anuncios televisivos de treinta segundos, carísimos espacios comprados por los candidatos con dinero donado por las élites, muchas de las cuales están interesadas en comprar resultados políticos específicos con sus contribuciones. Hay que obtener el dinero de quienes lo tienen. Los que tienen dinero se sienten motivados a donarlo a candidatos que prometen medidas postelectorales que agraden a sus contribuyentes, de los cuales depende todo en este sistema. Pero si muchos de los votantes supieran lo que va a pasar tras las elecciones, no les gustaría. No obstante, tanto candidatos como contribuyentes son capaces de hacer caso omiso de los verdaderos intereses de los votantes, porque ahora las opiniones de los votantes pueden manipularse mediante campañas publicitarias masivas, que a su vez pueden comprarse.

Más aún, en el conjunto del Congreso (tanto la Cámara de Representantes como el Senado), el papel preponderante del dinero en los procesos de reelección, combinado con la cada vez menor importancia de la deliberación y el debate razonados, ha producido una atmósfera que conduce a la corrupción institucionalizada. El escándalo en el que estuvo implicado Jack Abramoff fue solo la punta de un gigantesco iceberg que amenaza la integridad de toda la rama legislativa del gobierno. Ahora se están tomando medidas en el nuevo Congreso para limitar su amenaza, pero el problema de fondo sigue presente.

La reacción más habitual de los reformadores es proponer nuevas leyes y regulaciones dirigidas a controlar las cantidades de dinero que individuos y grupos pueden donar a los candidatos, exigir más transparencia en las transferencias y prohibir ciertas formas, particularmente ofensivas, de esta corrupción institucionalizada.

No obstante, como el problema de fondo es la falta de participación efectiva del pueblo en la revisión y análisis de las decisiones y políticas de los congresistas electos, es fácil predecir que estas nuevas leyes y regulaciones también escaparán de un escrutinio eficaz, y serán transgredidas de manera rutinaria, si no en la letra, sí en el espíritu. Formas nuevas de abusos antiguos escapan al proceso legislativo y regulador tan flagrantemente, que parecía una broma absurda si no fueran las señales de una peligrosa espiral descendente de la democracia.

Mientras los ciudadanos no sean capaces de utilizar la lógica y la razón como instrumentos con los que diseccionar y examinar ideas, opiniones, políticas y leyes, las fuerzas corruptas moldearán a su antojo esas políticas y leyes. Es la falta de participación pública lo que proporciona poder a los corruptos. Es el mutismo forzado de la opinión pública lo que impide a la gente unirse en un esfuerzo colectivo por conseguir que la razón vuelva a mediar entre la riqueza y el poder.

Cuando la sociedad se limita a ver y escuchar, sin participar, todo el ejercicio es fraudulento. Parece casi real, pero su verdadero propósito es presentar una apariencia de democracia participativa, con el fin de producir una versión falsa del consentimiento de los gobernados. Sin poder analizar las propuestas presentadas, o explorar las facetas no reveladas de determinadas políticas, es fácil convencer a la opinión pública de que apoye y aplauda políticas perjudiciales para sus intereses.

Como los votantes todavía poseen el poder real de elegir a sus representantes, los que desean intercambiar dinero a cambio de poder deben hacerlo, en parte, pagando sofisticadas campañas de relaciones públicas que intentan moldear la opinión de millones de personas que pasan el día viendo la televisión. A veces, da la impresión de que está teniendo lugar una auténtica conversación democrática, pero es unidireccional, desde los que han reunido dinero suficiente para comprar publicidad televisiva a los que ven los anuncios y poseen escasos medios eficaces de comunicarse en dirección opuesta.

La palabra "corrupción" viene del latín corruptus, que significa "romper o destruir". La corrupción destruye y rompe esa confianza que es tan esencial para la delicada alquimia que reside en el corazón de la democracia representativa. En su forma contemporánea, la corrupción casi siempre implica un apareamiento incestuoso de poder y dinero, y describe el intercambio de dinero por el mal uso del poder público. Da igual que el intercambio lo inicie la persona que tiene el dinero o la persona que ostenta el poder. Es el intercambio, la esencia de la corrupción. Da igual que el enriquecimiento sea en dinero o en su equivalente en influencia, prestigio, posición social o poder. El daño es causado por la sustitución fraudulenta de la razón por la riqueza, en lo tocante a la decisión de cómo ha de utilizarse el poder. Da igual que el uso adquirido del poder sea beneficioso para algunos o incluso para muchos. Es la deshonestidad de la transacción lo que contiene el veneno.

Cuando la razón ya no domina los procesos de toma de decisiones, pronto se hace mucho más vulnerable a determinados resultados por el uso del poder por el poder, y la tentación de la corrupción crece en consecuencia. No cabe duda de que en años recientes se han dado una serie de flagrantes ejemplos de corrupción y abuso descarado del poder público con fines particulares. Las actividades que más perjudican a la salud e integridad de la democracia estadounidense son sobre todo legales. Y todos los abusos tienen algo en común: los perpetradores asumen que no le temen a la indignación pública, y que muy pocos se enterarán de sus fechorías.

Todos dan por sentado que la ciudadanía es ignorante. Bush no sería capaz de calificar a un proyecto de ley que aumenta la contaminación del aire como "la iniciativa de los cielos limpios" (o llamar a un proyecto de ley que aumenta sin ambages la tala de bosques nacionales "la iniciativa de los bosques sanos"), a menos que estuviera convencido de que la población nunca va a enterarse de la intención real de dichos proyectos.

Del mismo modo, esto explica por qué muchos de los cargos más importantes de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) han sido ocupados cuidadosamente por abogados y grupos de presión que representan a los peores contaminadores de sus respectivas industrias, consiguiendo así que dichos contaminadores no sean molestados por los encargados de aplicar las leyes contra la contaminación excesiva.

Los zorros privados fueron puestos al mando de los gallineros públicos. Es asombroso que se haya seguido la misma pauta en muchas otras agencias y departamentos. Pero casi nadie se indigna, porque en nuestra democracia ya apenas existe el debate a dos bandas. Los árboles del bosque están cayendo a derecha e izquierda, pero da la impresión de que no hacen el menor ruido. Este comportamiento jamás habría podido producirse si existiera una ínfima posibilidad de que esta corrupción institucionalizada fuera revelada en un foro público, con consecuencias en el resultado de las elecciones.

En la ideología de Bush se entrelazan las intenciones de las grandes multinacionales que le apoyan con los propósitos del gobierno que preside. Sus preferencias se convierten en la política de él, y su política se convierte en el negocio de ellos. La Casa Blanca está tan sometida a la coalición de intereses que la ha apoyado desde un punto de vista económico, que está convencida de que ha de darles todo lo que quieran y hacer todo lo que digan. Mientras al presidente Bush le gusta proyectar una imagen de energía y valentía, la verdad es que en presencia de sus contribuyentes económicos y partidarios políticos poderosos se le ve moralmente tímido (hasta el punto de que casi nunca les dice "no" a nada), con independencia de lo que el interés público pueda exigir.

Maquiavelo arrojó luz sobre este fenómeno hace cinco siglos: "Un príncipe que haga valer su autoridad se siente obligado con frecuencia a no ser bueno. Pues cuando la clase, sea el pueblo, los soldados, los nobles o quien juzguéis necesario para vuestro apoyo, es corrupto, debéis adaptaros a su humor y satisfacerlo, en cuyo caso la conducta virtuosa solo conseguirá perjudicaros".

Al igual que el nombramiento de grupos de presión de la industria para ocupar puestos clave en agencias que supervisan los resultados de sus antiguos patronos da como resultado una especie de corrupción institucionalizada, así como el abandono del cumplimiento de las leyes y regulaciones, la escandalosa decisión de conceder contratos en exclusiva sin oferta pública por valor de 10.000 millones de dólares a la anterior empresa del vicepresidente Cheney, Halliburton (que le pagaba cada año 150.000 dólares hasta 2005), ha convencido a muchos observadores de que la incompetencia, el amiguismo y la corrupción han tenido un papel significativo en socavar la política de Estados Unidos en Irak.

No es una coincidencia que las primeras auditorías de las enormes cantidades que pasan a través de las autoridades estadounidenses en Irak demuestre ahora que miles de millones de dólares asignados por el Congreso, así como los ingresos del petróleo iraquí, han desaparecido sin dejar rastro de adónde han ido a parar, a quién, para qué o cuándo. Las acusaciones de corrupción masiva se han generalizado.

El presidente ha rechazado las recomendaciones de los expertos en materia de antiterrorismo encaminadas a aumentar la seguridad interior, porque los principales contribuyentes de la industria química, la industria de materiales peligrosos y la industria nuclear se oponen a esas medidas. Aunque su propia Guardia Costera recomienda aumentar la seguridad en los puertos, se ha decantado por rechazar la recomendación, basándose en información que le han proporcionado los intereses comerciales que administran los puertos, que no desean los gastos e inconvenientes de implementar nuevas medidas de seguridad.

Asimismo ha socavado el programa Medicare con una nueva propuesta radical, preparada por las grandes empresas farmacéuticas, también grandes contribuyentes de su campaña.

Esta y otras actividades dejan muy claro que la Casa Blanca de Bush representa un rumbo nuevo en la historia de la presidencia. En ocasiones, parece tan ansioso por complacer a sus contribuyentes y partidarios, que a veces da la impresión de que haría cualquier cosa por ellos, aunque fuera a expensas del interés general.

Cuando asumió el cargo, el presidente George W. Bush dijo: "Juro que no he entrado en la política para hacer mi agosto o el agosto de mis amigos".

Perfil

Con un premio especial en los emmys esta semana, el ex vicepresidente estadounidense, Al Gore, sigue sumando reconocimientos. Es cierto que ninguno se compara con el Nobel de la Paz que se llevó este año por su lucha por concientizar sobre el calentamiento global, pero Gore ya tiene, además, un Oscar (precisamente por La verdad incómoda, su película sobre el cambio climático) y un Príncipe de Asturias. Todo eso ha llevado a que algunos insistan en que se presente como candidato de los Demócratas en las próximas elecciones de su país. En 2000, estuvo a punto de ser presidente pero perdió de forma controvertida contra George W. Bush. Desde entonces, Gore se volvió la cara buena y extraoficial de la política estadounidense, en contraposición con las polémicas decisiones en el rubro relaciones internacionales de la actual Casa Blanca. Gore no parece decidido a candidatearse, a pesar de que hay grandes posibilidades de que su partido gane en 2009. El texto de estas páginas está tomado de El ataque contra la razón (Debate, 2007, distribuye Sudamericana), subtitulado "Cómo la política del miedo, el secretismo y la fe ciega erosionan la democracia y ponen en peligro a Estados Unidos y el mundo".

Al Gore, 59 años

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