AGENCIAS

La incertidumbre rodea el proceso contra el ex presidente peruano Alberto Fujimori, menos de una semana después de ser extraditado de Chile a Perú, que se resolverá en seis juicios orales y públicos aunque sin acceso a cámaras, en un procedimiento tan complejo que hace imposible saber si durará meses o años.

Chile aceptó extraditar a Fujimori, de 69 años, por siete casos, cinco de corrupción -cada uno de ellos objeto de un juicio separado- y dos de violaciones a los derechos humanos que serán agrupados en un solo proceso.

"Confío en que mi padre saldrá airoso", dijo Keiko Fujimori, hija del ex presidente peruano, y diputada de Alianza para el Futuro. La congresista, de 32 años, asegura que los peruanos creen en la inocencia de su padre, y como prueba de ello apela a su buen resultado en las urnas. "Si hubieran mostrado evidencias concretas contra mi padre, ningún peruano habría votado por mí, y tuve la votación más alta en las últimas elecciones de abril de 2006, con 602.000 votos. Si la gente creyera que mi padre es culpable no hubiera votado por Keiko Fujimori". Más allá de esas alentadoras palabras de una hija y ex primera dama, no hay muchas pruebas de que los peruanos hayan olvidado algunos excesos de sus 10 años de gobierno.

A pesar de que los juicios a esta clase de personajes, que disponen de fondos para pagar abogados de los buenos, suelen ser largos, otros ex presidentes de la región cruzan los dedos para que no se dé paso a pedidos de extradición.

Evo Morales dijo esta semana que el ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada es "un delincuente" y que debería ser "expulsado" de Estados Unidos, a donde fue a dar cuando cayó su gobierno en 2003. El 11 de setiembre, la Justicia boliviana autorizó al gobierno a que exija la extradición de Sánchez de Lozada, un presidente que hablaba en un inglés con acento anglosajón en un país mayormente indígena. Se lo acusa de genocidio (63 muertos en el alzamiento civil que lo sacó del gobierno) y de enriquecimiento personal.

Otro que reside en Estados Unidos es el ex presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, el otro gran demonio de Hugo Chávez. En abril, el Tribunal Supremo de Justicia solicitó la extradición de Pérez a República Dominicana (desde entonces, residiría en Miami y convalece de una afección cardíaca), por su presunta responsabilidad en el "Caracazo", la represión a una ola de protestas devenidas en saqueos en la capital venezolana entre el 27 y 28 de febrero de 1989. Se habla de miles de muertos. Pérez ya estuvo detenido al final de su segundo mandato por delitos de corrupción.