FEDERICO CASTILLO

O tra alarma tributaria sonó hace unos días. La sombra del Impuesto a las rentas de las personas físicas (IRPF) también alcanzó a las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), un sector que maneja unos 160 millones de dólares al año.

A pesar de que eso representa el 1,4% del Producto Bruto Interno uruguayo, no existen controles sobre el manejo de esos fondos y sobre las tareas que realizan las más de cinco mil ONGs que funcionan en Uruguay. Los propios interesados promueven un código que regule su funcionamiento (ver recuadro).

Además, aunque su nombre incluye claramente el concepto de "no gubernamental", el Estado gasta casi 70 millones de dólares anuales en "tercerizar" servicios con ellas.

"Uno de los mejores negocios que hay en este país es fundar una ONG. Es una industria de quedarse con el dinero, y la plata no llega a donde tiene que llegar", se despachó el senador Eleuterio Fernández Huidobro en una entrevista publicada por el semanario Crónicas el 10 de marzo de 2006.

Ahora, la derogación de todas las exoneraciones y reducciones de alícuotas de aportes patronales que gozaban hasta el momento pone en riesgo la existencia de muchas de las instituciones y quedó flotando la amenaza de que cientos de convenios que mantienen con el Estado para ejecutar programas sociales podrían ser cancelados.

Un apurado decreto del Poder Ejecutivo, cuya firma muchas organizaciones consultadas no pudieron confirmar, calmó las aguas. Se suspendió por 120 días la caída de las exoneraciones tributarias y se estableció el estudio caso a caso de cada una de las organizaciones para saber cuáles tributarán y cuáles no. Según el decreto, el criterio que se utilizará para el análisis de las ONGs será en base a comprobar el aporte cultural y educativo que realizan las instituciones a la sociedad.

Los dirigentes de la Asociación Nacional de ONGs (Anong) aguardan la decisión del grupo conformado por integrantes de los ministerios de Economía, Cultura y Trabajo, y del Banco de Previsión Social. Pero se quejan por no haber sido incluidos en la comisión que determinará cuáles organizaciones son las que seguirán gozando de la exoneración.

"No nos oponemos a que exista una revisión. Tienen sus derechos. Pero nosotros queremos que existan garantías. Nuestra intención era que se formara una comisión con los representantes de la sociedad civil", dijo la presidenta de Anong, Analía Bettoni (de la ONG, Instituto de Comunicación y Desarrollo), y agregó que pretenden que la suspensión del pago de tributos abarque a todas las organizaciones no gubernamentales y no sólo a las que tienen convenios con el Estado.

Según el vicepresidente de la Anong, Dardo Rodríguez, más del 70 % de las organizaciones que están nucleadas en la asociación trabajan en forma directa con el Estado y de ahí reciben el mayor porcentaje de sus ingresos. "Exactamente al revés que en la etapa fundacional de las organizaciones cuando los fondos provenían del exterior, a través de fundaciones, de ONGs europeas que aprobaban proyectos en el país", señaló.

Pedro Delprato, responsable de programas sociolaborales de la organización "El Abrojo", aseguró que a partir de mediados de la década de 1990 "cuando los indicadores de Uruguay comenzaron a mejorar, cambió bastante la correlación. Hoy son muy pocas las organizaciones que acceden a fondos del exterior. Sigue quedando en el imaginario popular que las instituciones viven de las cooperaciones internacionales, y eso no es para nada una realidad".

"El Abrojo", una de las más importantes, recibió en 2006 cerca de un millón de dólares del Estado, lo que significó un 85% de su presupuesto anual. En la organización trabajan 160 funcionarios, que ganan un salario promedio de seis mil pesos.

El Estado benefactor

El último informe de la Cepal sobre Tercer Sector (tal como se denomina al ámbito que ocupan las organizaciones sin fines de lucro orientadas al desarrollo) publicado en diciembre de 2005, concluyó que el Estado uruguayo es la principal fuente de financiamiento de más de 500 organizaciones no gubernamentales.

En 2003, las contribuciones del Estado se valoraban en casi 67 millones de dólares anuales, lo que representa el 42% del total de recursos captados por las organizaciones. Le sigue en valor el aporte del trabajo voluntario, que si se pagara podría estimarse en 32,4 millones de dólares anuales, y que representa el 20% del total de los recursos. A estas cifras hay que agregar los recursos propios de las organizaciones, estimados en poco más de 20 millones de dólares al año (12% del total); las donaciones recibidas desde el exterior, valoradas en casi 17 millones de dólares anuales (10% del total); el aporte de las donaciones en dinero y en especie desde las familias, empresas, y otras instituciones del Tercer Sector (algo más de 14 millones de dólares anuales, 9% del total); y las contribuciones efectuadas por los propios beneficiarios, que suman prácticamente 12 millones de dólares (7% del total de recursos).

Álvaro Fuentes, consultor de Oficina de Cepal y encargado de la investigación, explicó que un informe similar al detallado más arriba, realizado en 2005 y que aún no ha sido publicado, no arroja grandes cambios respecto de las cifras macro de 2003. "Salvo las que serían razonables debido a salida de la crisis de económica de 2002", señaló.

En Uruguay no hay ningún registro oficial que permita saber cuántas ONGs existen. Un relevamiento que realizó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el año 2004 identificó a 5.200 de esas organizaciones, pero esos números cambian día a día.

Bettoni lo reconoce. "Han aparecido muchas organizaciones civiles nuevas y con la creación del Ministerio de Desarrollo el escenario cambió. Es imposible precisar cuántas hay. Es un mundo tan diverso que cuando nosotros intentábamos hacer un directorio de organizaciones no gubernamentales, nos era muy difícil establecer los límites", sostuvo.

El universo es amplísimo. Hay organizaciones que trabajan en el tema del desarrollo, organizaciones dedicadas al servicio: comedores, merenderos, guarderías, servicios directos al beneficiario. Organizaciones en defensa de los derechos humanos, de la mujer, del ciudadano, de los consumidores. Instituciones educativas, de enseñanza, partidos políticos, sindicatos, clubes deportivos, clubes de bochas, comisiones vecinales.

Lo que sí se sabe es que Anong nuclea las más importantes del país. "Las que tienen una institucionalidad fuerte, personal técnico a su cargo, tienen proyectos, y reciben cooperación internacional o realizan convenios con el Estado. Son organizaciones más estables en el tiempo", señaló Bettoni, quien además se encargó de coordinar a través del Instituto de Comunicación y Desarrollo y con el aporte del Banco Mundial un diagnostico de situación de las 90 organizaciones socias de Anong, que fue publicado a fines del año pasado.

De las 61 organizaciones que contestaron la encuesta, 54 tienen su sede principal en Montevideo y seis en el interior. El informe destaca que en las últimas décadas las organizaciones comenzaron a brindar prestaciones sociales que antes estaban en manos del Estado. Participan desde pequeñas organizaciones locales, hasta organizaciones de alcance nacional. Y mencionan a modo de ejemplo la amplitud de la participación de la sociedad civil en el ámbito del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente (INAU) con el cual existen más de 600 convenios que atienden el 93% de los niños y adolescentes del Instituto. Por otra parte, señala que en el marco del Plan de Emergencia (Panes) del Mides, los programas "Trabajo por Uruguay" y "Construyendo Rutas de Salida" se implementaron en convenio con organizaciones de la sociedad civil. A noviembre de 2006 el total de grupos de trabajo en todo el país en el programa Construyendo Rutas de Salida llega a 239, lo que implica el involucramiento en actividades educativas y comunitarias de unos 5.975 jefes y jefas de hogar, sumando de manera acumulativa desde el comienzo del Programa unos 13.475 protagonistas que fueron convocados, que participaron o participan del mismo

En lo que se refiere a temas presupuestarios, más del 90% de las organizaciones relevadas accedió a brindar la información del presupuesto que dispusieron para 2005. El monto total de los presupuestos de 56 organizaciones en 2005, asciende a 15.762.595 dólares. Más del 70% de estas entidades tuvieron en ese año presupuestos superiores a los 50.000 dólares. Cuatro de las organizaciones relevadas tienen un presupuesto anual que supera el millón de dólares.

La frase del senador Fernández Huidobro sobre lo conveniente de montar una ONG molestó a los involucrados, aunque refleja una sospecha que puede estar más o menos generalizada.

"Ésa frase fue soltada con tanta liviandad, sin sustento real, que no tiene mucho sentido. No sé en que se basará, porqué nunca lo explicó", dijo Bettoni, aunque reconoció que no ha habido una rendición de cuentas de la sociedad civil "y eso genera desconfianza".

Y enfatizó: "No conozco casos de corrupción en la sociedad civil. No quiere decir que no la haya. La hay en todos los sectores, en las empresas, en el sector político. Estamos trabajando para ser más transparentes, para rendir cuentas".

Las cuentas claras

SEGÚN SUS ESTATUTOS, la Anong cuenta con requisitos de ingreso mínimos que garantizan cierta institucionalidad. Se exige que las organizaciones tengan personería jurídica, que pertenezcan a la categoría de organizaciones privadas sin fines de lucro u organizaciones profesionales de investigación, promoción, informativas, de asesoramiento y asistencia técnica u otras orientadas al desarrollo; también requiere que tengan como mínimo dos años de funcionamiento y sean reconocidas por dos socios fundadores como organización en funcionamiento y acorde con los objetivos. Pero más allá de estos aspectos formales, al momento del ingreso la asociación no exige el compromiso con principios éticos o de conducta, ni la adhesión a estándares de desempeño y no funciona como un ámbito de acreditación que brinde garantías sobre el desempeño de sus asociadas.

Según Bettoni, desde hace ya varios años, la Anong ha manifestado la necesidad de contar con un código de ética. "La autorregulación o autocontrol voluntario de las organizaciones es un asunto primordial en ámbitos como éstos donde la capacidad de contralor o fiscalización van más allá de las capacidades y los objetivos y metas que se plantean".

Desde esta año se está trabajando en el Proyecto "Promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas al interior de la sociedad civil".

El proyecto apunta a las acciones tendientes a transparentar la forma de trabajo y el manejo financiero de las organizaciones, según diversos tipos de rendición de cuentas: interna (gobierno interno), externa (hacia la normativa y regulación gubernamental) y también en distintas dimensiones: hacia los beneficiarios, hacia los donantes, hacia sus pares (redes, asociaciones) y hacia el público en general. "No solo es ser transparente hacia el Estado o al que te dona, sino a los propios beneficiarios y a la ciudadanía", concluyó Bettoni.