JUAN JESÚS AZNÁREZ, EL PAÍS DE MADRID

El juez español Santiago Pedraz abandonó Guatemala sin haber podido interrogar a ninguno de los ocho acusados de delitos de genocidio, torturas y terrorismo de Estado, cometidos durante los 34 años de conflicto armado (1962-1996) que sufrió el país. Seguramente tampoco logre la extradición del ex presidente Efraín Ríos Montt (1982-1983), porque puede ganar un escaño de diputado, y la inmunidad, en las elecciones generales de setiembre. Esa guerra sucia causó 200.000 muertos, la mayoría indígenas mayas.

Luis Moreno Ocampo, fiscal de la Corte Internacional, observa, sin embargo, "una nueva ola de revisión de los crímenes y abusos de los derechos humanos". Pero los trucos legales son una constante.

Argentina pidió en enero la extradición de Isabelita, segunda mujer de Perón, con cargos de detención ilegal y torturas, pero ella alega que es española. El ex presidente mexicano Luis Echeverría interpuso un recurso de amparo ante las acusaciones por su responsabilidad en la matanza de estudiantes del 2 octubre de 1968, en la plaza de Tlatelolco. La mayoría de los 2.245 asesinatos de sindicalistas colombianos ocurridos entre los años 1991 y 2006 quedó impune. Pocos militares pagaron con la cárcel. América Latina fue un excelente lugar para asesinar en nombre de la patria.

Joaquín Villalobos, ex jefe de la guerrilla salvadoreña (1980-1992) y actual investigador en Oxford, supo mucho de violencia e impunidad. "Hay dos inmunidades distintas, la de los autoritarismos y la actual, más vinculada al crimen organizado. Pero la regla es que los métodos de la primera abrieron el camino a la segunda", subraya con firmeza Villalobos.

La impunidad del crimen alcanza cotas escandalosas: el 98% de los delitos comunes cometidos en Guatemala o México no se castiga, ni el 95% de los del resto de la región. Latinoamericana es la región más violenta, con 90.000 muertos al año por armas de fuego. Sólo en Venezuela, el delito callejero se cobró 67.000 vidas en los últimos siete años; y en Guatemala, Honduras y El Salvador, las bandas suman el grueso de los 12.000 muertos anuales. Durante los últimos seis años se cometieron en México 60 millones de delitos. Sólo dos de cada diez fueron castigados.

Las cifras de la desigualdad social (el 5% más rico latinoamericano recibe el 25% del ingreso, y el 30% más pobre, menos del 7,5%) no son ajenas al aumento del delito impune y a la escasa vertebración institucional y legal de América.