EFE

Hasta 700.000 polacos están obligados a conseguir su certificado de limpieza política. Periodistas, funcionarios, directores de escuela y profesores universitarios, nacidos antes de 1972, tienen dos meses para confesar si colaboraron con los servicios secretos del régimen comunista que gobernó el país hasta 1989. El Instituto de la Memoria Nacional -utilizado por el gobierno para su campaña de depuración ideológica anticomunista- cotejará los datos con los archivos de la antigua policía política. Los ciudadanos que no envíen su currículo o mientan sobre su pasado habrán cometido un delito, y se les podrá prohibir que ejerzan su profesión por diez años. Los críticos esperan que el Tribunal Constitucional paralice la ley. Ésta es la principal iniciativa en la caza lanzada desde su llegada al poder por los gemelos conservadores Lech y Jaroslaw Kaczynski (presidente y primer ministro), y que tiene pasmada a Europa. Bautizada como Ley de Lustración, obliga a cientos de miles de polacos a responder: "¿Ha colaborado secretamente y conscientemente con los antiguos servicios de seguridad comunistas?". Esta pregunta divide a los polacos. Los partidarios alegan que da transparencia al sistema y que no hay nada que temer.