EN PAYSANDÚ LA MALA PRAXIS médica se convirtió en tema habitual de conversación en noviembre de 2004 cuando Antonella Sueldo, una niña de seis años, falleció de púrpura. Desde entonces sus padres denunciaron errores de diagnóstico y que estuvo 15 horas sin recibir asistencia, ya que el pediatra de guardia sólo indicó una medicación por teléfono pero nunca fue a verla. Tras 40 horas de internación, otra pediatra "descubrió" la gravedad del caso y la derivó al CTI pediátrico de Salto, donde falleció horas después.

Finalmente, el mes pasado se concretó la sentencia de la Comisión Honoraria del Ministerio de Salud Pública (MSP) por el caso Antonella: suspendió el título habilitante del pediatra tratante por tres meses. Por esos 90 días el médico no puede trabajar en ningún centro de salud y otros cuatro funcionarios que también actuaron durante la internación de Antonella en el hospital recibieron distintos tipos de observaciones.

Pero hubo más casos y también marchas de silencio en la capital sanducera. En setiembre de este año el grupo Unidos por salud y justicia anunció que tras el estudio legal de 31 casos de supuesta mala praxis, siete de ellos iban a ser presentados ante la justicia penal. Cuatro de los siete reclamos involucran muertes (dos niños y dos mayores). Otros dos fueron diagnósticos equivocados y uno por lesiones producidas como consecuencia de la asistencia médica recibida. Del total, dos pertenecen a la salud privada y los otros cinco casos se produjeron en salud pública.

Con 14 meses de actividad, el grupo Unidos por Salud y Justicia afirma que encontró una serie de obstáculos. Las demoras para que el MSP se expida sobre las investigaciones administrativas -cuyos resultados son empleados como apoyo a las demandas- actúan en perjuicio de las instancias judiciales, que se pueden presentar, como máximo, cuatro años después de ocurrido el hecho.

En un caso particular, el expediente ministerial "desapareció" cuando un vehículo del MSP recogió el documento del consultorio de un médico legista que estudiaba el caso, para ser devuelto a la sede de la secretaría de Estado.

Otra dificultad común surge siempre al momento de solicitar las historias clínicas en los centros asistenciales. Con frecuencia, las carpetas están incompletas, les faltan resultados de exámenes e incluso se niega su acceso.

En abril del año pasado el presidente Tabaré Vázquez y la ministra María Julia Muñoz visitaron Paysandú y un grupo de padres, cuyos hijos habrían sido víctimas de mala praxis, les entregaron una carta solicitando el esclarecimiento de los casos. Entonces, la ministra prometió dar respuestas en quince días.