Natalie Obiko Pearson, AP

Manifestantes dinamitan un oleoducto en Ecuador, un candidato presidencial boliviano promete recuperar los yacimientos privados de gas, en tanto Venezuela amenaza echar a cualquier compañía petrolera extranjera que no se someta a un mayor control del Estado.

Las compañías de petróleo y gas como British Petroleum y Exxon (Esso), que solían buscar en América del Sur suministros estables, son ahora el blanco de una ola poderosa de sentimientos nacionalistas.

Si bien el temor a la escasez en todo el mundo derivó en un repunte histórico de los precios del petróleo, la ola nacionalista difícilmente afectará estos valores, salvo que provoque una baja de la producción o las exportaciones. Lo que sí aumenta, según los analistas, es el riesgo en una región que antaño estaba dispuesta a ofrecer mucho más para atraer las inversiones extranjeras.

Algunos advierten que tales cambios podrían poner en aprietos a algunos gobiernos si los precios del petróleo caen, si las inversiones quedan comprometidas y si disminuyen los recursos financieros para satisfacer las expectativas de los ciudadanos más pobres.

Pero muchos líderes políticos afirman que son los riesgos que hay que correr en una región donde el 35% de la población vive con menos de dos dólares (50 pesos) al día.

"Hay que recuperar el poder nacional, la soberanía para manejar nuestros recursos", dijo el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien se ha convertido en una de las voces que más fuerte aboga por desviar los fondos petroleros de los gigantes del sector a los pobres.

Venezuela aporta el 13% de las importaciones de crudo de Estados Unidos, y el gobierno de Chávez en los últimos cuatro años ha aprobado leyes que le permiten a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) obtener la mayoría accionaria en todos los proyectos de producción petrolera, incrementar las regalías que deben pagar las empresas petroleras extranjeras del 1% al 30% y elevar del 34% al 50% la tasa del impuesto a la renta que pagan las compañías petroleras.

Todas las firmas que poseen contratos operativos para extraer crudo en Venezuela tienen plazo hasta fines de este año para suscribir nuevos acuerdos bajo la figura de empresas mixtas, en las que el gobierno se reservará hasta el 80% de las acciones de las nuevas compañías.

Antes de que estos nuevos acuerdos sobre empresas conjuntas se completen, las firmas privadas nacionales y extranjeras deberán pagar 3.000 millones de dólares en tributos, cuyo pago el gobierno de Chávez estima que fue antes evadido.

Además de British Petroleum y Esso, los cambios afectan a gigantes petroleros como Chevron y Shell.

Ninguna de estas firmas, sin embargo, ha anunciado su intención de retirarse de Venezuela.

"Observamos un período transitorio en el cual las cosas son un poquito tensas, pero si lo superamos estaremos en una posición mucho mejor. Creo que hay un papel para las compañías petroleras privadas aquí", dijo Sean Rooney, presidente de Shell de Venezuela.

De norte a sur

Y lo que ocurre en Venezuela también se repite en otros lugares de América del Sur, donde los estados están controlando más al sector energético y recaudando más dinero de sus empresas, a semejanza de lo que ha ocurrido antes en los países de Medio Oriente.

En Ecuador, en agosto, manifestantes de dos ricas provincias petroleras tomaron pozos, dinamitaron oleoductos y provocaron destrozos durante unas violentas protestas que obligaron a las autoridades a declarar el estado de emergencia.

Es tiempo de que las compañías petroleras "nos den lo que nos corresponde", exigió el intendente de Sucumbíos, Guillermo Muñoz, uno de los promotores de la huelga que congeló la producción petrolera ecuatoriana durante dos semanas y causó pérdidas por unos 450 millones de dólares.

El presidente ecuatoriano Alfredo Palacio anunció luego que todos los contratos con compañías petroleras privadas serían revisados para asegurarle al gobierno al menos el 50% de los beneficios, 30% más que la ganancia actual.

Indígenas pobres bolivianos también han protestado repetidamente, exigiendo una mayor parte de los ingresos que deja la venta de gas natural.

Bolivia posee la segunda reserva de gas natural en el continente después de Venezuela y la ola de protestas en los últimos dos años ya provocó la caída de dos presidentes: Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa.

El diputado Evo Morales, un indígena aymara que ha encabezado las manifestaciones y es amigo de Chávez, ha surgido como favorito para ganar la presidencia en las elecciones del 18 de diciembre. Morales ha ganado una gran popularidad en base a una plataforma intransigente opuesta a las empresas transnacionales que explotan los recursos naturales bolivianos.

"Tiene que haber la valentía, pantalones del presidente para tomar los campos petrolíferos", sostuvo Morales. "No significa la expulsión de las transnacionales, pero sí que habrá nuevos contratos".

Morales ha dicho que quiere tomar el control de yacimientos gasíferos que operan compañías extranjeras como Repsol YPF de España, Total de Francia y Petrobras de Brasil. Pero también ha expresado que está abierto a la inversión extranjera en la medida en que se negocien mejores términos.

En otras partes de la región se registraron signos de un mayor control gubernamental. Argentina acordó crear una nueva empresa energética estatal en 2004, revirtiendo la política de privatización de la década pasada. Perú aprobó una ley para asegurarse el 25% de las regalías del ducto de gas natural de Camisea, un dinero que será canalizado entre las comunidades pobres.

Como muestra de una reacción adversa, las inversiones en las industrias de gas y petróleo de Bolivia cayeron 40% en el primer semestre de 2005 comparado con el mismo período de 2004, revirtiendo una tendencia de siete años, de acuerdo a cifras de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos.

Según Roger Tissot, director para América Latina de la firma consultora PFC Energy, los países sudamericanos están respondiendo a las presiones populares "para reencauzar los acuerdos a favor de los gobiernos" ahora que los precios de los combustibles son mucho mayores que cuando se firmaron originalmente los contratos.

El presidente de Shell de Venezuela coincidió: "no esperamos un cambio profundo de los contratos existentes, pero realmente esperamos que los gobiernos adapten las condiciones a la realidad del precio de petróleo, no sólo aquí, sino en todo el mundo. Esto no es una sorpresa".

Chávez, quien culpa al capitalismo estadounidense de empobrecer a los venezolanos, ha dedicado 1.000 millones de los ingresos del petróleo a proyectos de obras públicas y programas sociales.

Los petrodólares ayudaron a transformar un abandonado depósito de combustible en un centro comunitario de tres millones de dólares en donde ahora funcionan una cooperativa textil y un centro médico, en medio de una barriada pobre.

"Me siento orgullosa de lo que Chávez hace. Nos trajo los recursos", dijo Margarita Rojas, de 44 años, una madre de tres hijos que trabaja en un programa de adiestramiento en la fábrica textil.

Chávez también ha procurado solidificar sus alianzas políticas ofreciendo vender petróleo en condiciones preferenciales a países de toda América. Y rechaza las críticas que le acusan de despilfarrar los fondos de Pdvsa para financiar su gobierno debilitando la empresa y privándola del capital necesario para la inversión.

El mandatario venezolano ha amenazado vender algunas refinerías de la filial estadounidense Citgo Petroleum, argumentando que los contratos de suministro son desventajosos y que ello constituye un subsidio para la economía estadounidense.

Tissot advirtió, sin embargo, que Citgo tiene 14.000 puntos de venta al por menor en Estados Unidos "y es un activo muy importante" porque sus refinerías son capaces de procesar el crudo pesado venezolano y asegurar un mercado para ellos.

En un mercado petrolero restringido, las empresas que operan en Venezuela hasta ahora han aceptado condiciones cada vez más rígidas. Chevron, Esso y Repsol no quisieron hacer comentarios para este artículo, pero Susana Brugada de la petrolera noruega Statoil ASA dijo que la firma mantendrá sus inversiones venezolanas.

"Venezuela es un país de oportunidades", dijo Brugada, cuya empresa bombea crudo con Chevron. "Statoil está en Venezuela para quedarse, y nuestros proyectos son para largo plazo".