Democracia sin garantías

César Bianchi

—Usted mencionó que la interpelación que realizó el diputado blanco Nelson Rodríguez al ministro de Transporte, Víctor Rossi, sobre la prórroga a la concesión de Buquebús en el puerto marca la evidente necesidad de legislar sobre la financiación de los partidos políticos. ¿Por qué?

—Para evitar situaciones sospechosas. Lo que todo el mundo sabe es que Buquebús apoyó la campaña de Tabaré Vázquez, lo que no sabemos es con cuánto, de qué manera dio sus aportes, entre otras cosas porque no hay obligación de presentar rendiciones de cuentas serias. La ley 17.799 que valía para la campaña de 2004 ni siquiera requería de una firma profesional, ni un balance, nada. Era apenas una declaración bajo firma del candidato.

—¿Qué importancia tiene que en una democracia no se sepa quiénes financian a los partidos?

—Muchísima. Porque eso después puede afectar la toma de decisiones y la ecuanimidad que los dirigentes políticos tenemos que tener a la hora de evaluar intereses contrapuestos, complejidad que presentan las decisiones políticas.

—¿Habría que discutir también los aportes públicos a los partidos?

—Absolutamente. Hay que discutir si el Estado debe o no debe hacer donaciones, y si debe, cómo apoyar el funcionamiento de los partidos políticos, que son el instrumento de la democracia. Estas cosas son como tantas otras que en Uruguay van quedando para atrás. El tiempo transcurre, seguimos diciendo que es una asignatura pendiente y nunca la resolvemos.

—¿Qué garantías tiene la ciudadanía de que las decisiones de los partidos y del gobierno no estén influidas por el dinero de las contribuciones recibidas en la campaña?

—Ninguna. Esa es la realidad. Queda en creer o no creer. No tenemos lo que una democracia debe tener: un conjunto de procedimientos institucionales que den la certeza de que no están ocurriendo injerencias indebidas en la toma de decisiones públicas.

—¿Cuáles fueron las carencias de la ley 17.799, que pretendió regular la financiación de los partidos políticos?

—Era muy light. Creo que fue una señal muy poco sólida que simplemente buscaba expresar una voluntad, muy tenue, del sistema político de avanzar en esta dirección. En definitiva lo que recogió fue la incapacidad de los partidos para realizar una ley de financiamiento partidario profunda, seria, como corresponde.

—¿Hubo falta de voluntad?

—Creo que hubo y hay poca voluntad. Siempre las posibilidades de aprobar una regulación de financiamiento de campaña y de partidos es inversamente proporcional al tiempo que falta para la siguiente elección. Ahora que estamos en el primer año de un nuevo gobierno sería muy indicado que tratáramos de encarar el tema. Pero no veo voluntad ni interés de nadie.

—¿Qué sectores lo han acompañado en esta lucha?

—Hay gente que prefiere que no se legisle, y gente que sí.

—¿Y a qué atribuye que hayan políticos que no quieren que se legisle sobre la financiación de la política?

—Cuando hay pocos criterios de control es más fácil operar... Las campañas electorales hoy son operaciones muy cuantiosas en dinero, y entonces puede haber partidos, sectores o candidatos que prefieren que no haya reglas de juego para poder operar a sus anchas. Pero a la larga es un desgaste de la democracia.

—¿Qué lección deja la crisis de corrupción del gobierno de Lula?

— La lección es la obligación de autorregularnos. Urgentemente.