La oficina del olvido

Joel Rosenberg

El deshumificador está encendido ocho horas por día.

Ante la ausencia de un sistema informático ese aparato eléctrico es una pieza clave en el mantenimiento de la transparencia del Estado uruguayo. Porque el deshumificador mantiene en buen estado los 34.100 sobres sellados que guardan las declaraciones juradas de bienes e ingresos de los casi 9.000 gobernantes y funcionarios públicos que están obligados a presentar esos documentos cada dos años.

Los sobres están en un edificio de la Ciudad Vieja, en las oficinas de la Junta Asesora en Materia Económica Financiera del Estado, un organismo que comenzó a funcionar en febrero de 2000 y que es más conocido como Junta Anticorrupción.

La habitación que guarda los sobres está siempre cerrada, sólo la bibliotecóloga y el presidente de la Junta, Jorge Sambarino, tienen la llave.

Los sobres también están cerrados. Bien cerrados, siempre cerrados. Los funcionarios públicos que deben entregar la declaración jurada de bienes e ingresos lo hacen en sobres sellados que sólo se pueden abrir a pedido de la Justicia o del propio declarante.

Ninguna de las dos opciones ocurre con frecuencia. De hecho, no ocurren casi nunca.

Existe, además, una tercera opción legal para abrirlos de oficio por decisión unánime de los tres miembros de la Junta Anticorrupción, pero debe haber motivos fundados para ello. Sin embargo, como la Junta carece de potestades para investigar, es imposible que consiga "motivos fundados" para abrir un sobre. Por eso nunca se usó esa posibilidad en los cinco años de vida que tiene el organismo.

Además, si bien existen sanciones estipuladas por ley para los gobernantes y funcionarios públicos que no presentan la declaración jurada, la Junta no puede controlar si son efectivamente sancionados por sus organismos.

En la página de la Junta en internet (www.jasesora.gub.uy), se publica un listado con los funcionarios que no presentan la declaración. En la nómina publicada en setiembre hay 620 funcionarios y ex funcionarios omisos o atrasados en la entrega de su declaración. Hay diputados (como Miguel Asqueta), ex diputados (como Ruben Díaz, Glenda Rondán, Orlando Gil y María Alejandra Rivero), ediles, ex ediles, inspectores de la policía, muchos comisarios y un larguísimo etcétera. La Junta no puede hacer más que eso, poner sus nombres.

En el caso de los ex funcionarios existe un vacío aún mayor para los que no presentan la declaración: no está estipulada ninguna sanción. Se pueden retirar de la administración pública sin presentar su declaración jurada y sin sanción.

Y hay algo más: con la ley vigente, los sobres deben ser destruidos cinco años después de que el declarante abandonó su cargo público, cerrándose así toda posibilidad de investigación a largo plazo.

Pedidos ignorados

La carencia de un sistema informático para archivar esas declaraciones juradas es sólo una de las tantas deficiencias de funcionamiento del organismo que se supone garantiza la ausencia de corrupción en la democracia uruguaya.

Varias veces la Junta Anticorrupción pidió cambios para mejorar su accionar.

Lo hizo de forma sistemática en cada uno de los resúmenes anuales de su gestión, desde 2000. Además, a fines de 2003, los tres miembros de la Junta elevaron al Parlamento un anteproyecto de ley donde pidieron cambios urgentes a partir de la experiencia acumulada en tres años de trabajo y de las observaciones críticas que les había realizado la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Los cambios pedidos eran urgentes, porque había quedado claro que la Junta no puede cumplir con sus cometidos con los recursos que tiene disponibles: no puede controlar, por ejemplo, los contratos y adquisiciones del Estado, un elemento clave para garantizar la transparencia del accionar público.

La Junta pidió también que se la autorizara a controlar las declaraciones juradas que permanecen encerradas en los sobres, porque hoy no se sabe si lo que declaran los gobernantes y funcionarios es real.

Además, la Junta reclamó que algunas declaraciones de funcionarios de rango se hicieran públicas. Y que se realizara un sorteo mensual para abrir otros cinco sobres al azar.

Además, sugirió que se habiliten nuevas razones para poder abrir las declaraciones juradas, por ejemplo "la solicitud de una Comisión Investigadora parlamentaria o del organismo en que revista el funcionario, en el curso de una investigación administrativa o sumario que se le esté iniciando".

Pero ninguna de estas sugerencias prosperó porque el anteproyecto de ley no fue tratado en el Parlamento.

Por ahora, por ley, las únicas declaraciones juradas que se dan a conocer son las del presidente y vicepresidente.

Tabaré Vázquez presentó la suya y, además, la separación de bienes de su esposa María Auxiliadora Delgado, certificada por escribano público. De esta forma pudo presentar por separado y en sobre cerrado el patrimonio de su cónyuge. Lo que hizo el presidente es legal, pero Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle sí hicieron públicas las declaraciones de sus esposas.

Lo realizado por Vázquez no condice con su discurso. Por ejemplo, el 20 de setiembre, en la Intendencia de Montevideo, Vázquez dio un discurso titulado El Uruguay democrático y allí señaló que: "a la transparencia, más que invocarla hay que practicarla".

Muy ocupados

Los legisladores no sólo no trataron el anteproyecto de ley elaborado por la Junta Anticorrupción para poder salir de su existencia virtual. Tampoco prestaron atención a otro punto fundamental para la transparencia del sistema: el proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos que elaboró la Junta en 2004 de acuerdo a convenciones internacionales. Prefirieron adoptar uno menos comprometedor y "casero", y que para peor rigió exclusivamente para las elecciones pasadas.

La historia de la indiferencia hacia la Junta parece continuar. Nada de lo que pidió el organismo al nuevo gobierno fue considerado en el Presupuesto 2005: un texto de 395 artículos y 48.670 palabras que menciona dos veces el vocablo "transparencia".

La Junta Anticorrupción, que tiene independencia técnica, es una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura. Sin embargo, su presidente Sambarino aseguró que en seis meses sólo tuvo una breve reunión con Felipe Michelini, subsecretario de ese Ministerio.

Jorge Brovetto, ministro de Educación y Cultura, que encabeza la lista de autoridades de la Junta, no apareció por las oficinas ni siquiera una vez desde que asumió el nuevo gobierno. Brovetto tampoco pudo atender las múltiples llamadas que se le realizaron durante dos semanas para que brindara su punto de vista sobre este tema; su secretaria señaló que estaba "con la agenda muy complicada".

Pero, mientras a nadie parece importarle, el tiempo corre y el Estado sigue funcionando sin que su organismo anticorrupción funcione. Y la Junta cumple tareas que parecen más adecuadas a las de un archivo que a las de una oficina anticorrupción.

Investigar o no

La Junta no sólo tiene limitaciones para investigar qué es lo que contienen las declaraciones juradas que recibe. En realidad no puede investigar nada, nunca. Como su nombre lo dice (Junta Asesora en Materia Económica Financiera) fue creada para asesorar, y no para investigar.

El proyecto original del Poder Ejecutivo, remitido al Parlamento en la segunda presidencia de Julio M. Sanguinetti, era el de crear una comisión de transparencia con facultades para investigar, pero el Parlamento la transformó en una mera oficina asesora.

"No podemos investigar por iniciativa propia. En el mensaje del proyecto de Ley que elevó el Ejecutivo en 1996 eso estaba. Pero la discusión parlamentaria quitó esa posibilidad. Sería bueno rescatarla", señaló Sambarino.

La paradoja es que el mismo Parlamento que se las ingenió para quitarle la posibilidad de investigar aprobó el artículo 334 de la Ley de Presupuesto Nacional de 2000, que le encomienda a la Junta Asesora ser "el órgano de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas".

Parece de sentido común pensar que no puede "detectar" quien no puede investigar.

En noviembre se realizó en Maldonado un congreso de derecho penal que se ocupó de "la Ley 17.060, uso indebido del poder público". Allí la abogada y docente Natalia Acosta elaboró un trabajo para analizar el resultado de los seis años de actuación de la Junta Anticorrupción desde su creación hasta hoy. "La ausencia de atribuciones en materia de investigación hasta que un juez no lo disponga, le impide tomar iniciativa en la averiguación de elementos de hecho relacionados con prácticas corruptas", señaló Acosta en su trabajo.

Si un juez lo pide, la Junta debe limitarse a remitirle un informe preliminar, pero no puede contener incriminaciones en materia jurídico penal.

Desde 2000 a 2004 la Junta Anticorrupción asesoró en 13 casos a la Justicia Penal.

Este accionar, sólo como organismo asesor, tiene también sus defensores. Jacinta Balbela, quien presidió hasta el año pasado la ONG Uruguay Transparente (filial de Transparencia Internacional) y que fue presidenta de la Suprema Corte de Justicia en 1987, entiende que la Junta no debe investigar porque depende del Poder Ejecutivo. "Si lo hiciera, se vulneraría la separación de poderes", dijo.

Pero Balbela, quien fue propuesta el 27 de setiembre por la diputada Beatriz Argimón como futuro miembro de la Junta, reconoció que la corrupción no disminuyó en los últimos años y que algo hay que hacer porque la corrupción en el Estado "aumenta".

Los miembros de la Junta, a raíz de su experiencia, sí entienden que su organismo debería investigar y pidieron en sus sucesivos informes anuales la habilitación para hacerlo en forma previa a la iniciación de los procedimientos penales. Una de las razones es que, en el mundo, casi todos los organismos de este tipo investigan.

Fuera de control

La Junta no fue escuchada nunca en sus reiterados pedidos de obtener nuevas facultades.

Pero tiene problemas más graves: el organismo tampoco es escuchado cuando pide recursos para funcionar como lo exige la legislación vigente. El ejemplo más preocupante es la carencia de un sistema técnico e informático adecuado para controlar las adquisiciones y contrataciones públicas.

En la ley que creó la Junta, la 17.060, se estipuló que "los organismos públicos darán amplia publicidad a sus adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios, de acuerdo a las pautas que fije el Poder Ejecutivo".

Con lentitud, unos años después, en 2003, se creó el sitio web www.comprasestatales.gub.uy para que se difundan allí las compras oficiales.

Y en 2004 se dictó un decreto (393/004) para que la Junta Anticorrupción controle lo que se declara allí. "La Junta Asesora en Materia Económica Financiera tendrá como finalidad verificar la difusión que deben realizar todos los organismos públicos de sus adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios", dice el decreto.

Pero el decreto no se puede cumplir.

Sambarino explicó que no puede verificar que lo que se declara en esa página de internet sea todo lo que el Estado compra, o que lo declarado se ajuste a la realidad: "se necesita un programa informático que no tenemos para controlar lo que se declara. No sabemos si lo declarado es lo correcto".

Por ahora, en materia de adquisiciones y contratación de servicios todo queda supeditado a la buena fe de los funcionarios, justo en una de las áreas más sensibles del Estado, un área con problemas de transparencia comprobados.

Un estudio de la Junta y del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de la República de 2001 indicó que entre 1997 y 2000 el Estado uruguayo tramitó 3.372 licitaciones, de las cuales 1.092 fueron observadas por el Tribunal de Cuentas. De los 3.297 millones de dólares adjudicados en ese período, 855,2 millones (26%) fueron observados.

Y seguirán siendo observados por ese Tribunal, y nada más. Porque al Tribunal de Cuentas el Parlamento tampoco le presta atención (ver nota aparte).

Estos datos llamaron la atención del comité de expertos de la Convención Interamericana Contra la Corrupción que analizó la implementación de sus normas en Uruguay. Ese comité presentó un informe en febrero de 2004, en Washington, y sugirió a Uruguay "garantizar la observancia de las normas relativas a las licitaciones públicas y establecer mecanismos que aseguren que estos procesos se ajusten a las normas legales vigentes y garanticen la preservación y el uso adecuado de los recursos públicos".

Los llamados de atención y recomendaciones para controlar el uso de recursos públicos se repitieron varias veces a lo largo del informe presentado ante la Convención.

Y las conclusiones fueron duras: "el comité observa una insuficiencia de normas generales sobre preservación y uso adecuado de los recursos públicos respecto a particulares que tienen a su cargo el manejo de recursos de esa naturaleza".

Indiferencia y resignación

Las críticas del comité de expertos no deberían sorprender: es que Uruguay no cumple en la práctica con muchas de las normas que firmó en la Convención Interamericana contra la Corrupción, en 1996, en Caracas, ratificada por la Ley 17.008 de 1998.

Seguramente lo que desconocen los expertos internacionales es que los tres miembros de la Junta Anticorrupción y el organismo en sí, son ignorados desde hace mucho tiempo en Uruguay y que no pueden atender esas recomendaciones ni ninguna otra.

Sambarino explicó que hoy quedan trabajando siete de los diez funcionarios que la Junta tenía y que la nueva administración le quitó desde el 1º de marzo al secretario general, "que lo necesitamos para todo".

El presupuesto total de 2004 de la Junta fue de 205.342 dólares; el gasto en inversiones fue de sólo 60.661 pesos, lo que demuestra que nada de lo solicitado fue otorgado.

Además, Sambarino señaló que él y los otros miembros (Eduardo Piaggio y Carlos Balsa) debían haber dejado legalmente su cargo hace ya varios meses. Pero están allí sentados a la espera de una señal que nunca llega.

Una muestra de ello es que en la Comisión de Educación y Cultura del Senado no mencionaron, en siete meses de trabajo, ni una sola vez a la Junta Anticorrupción.

"En las comparecencias de Brovetto y otros jerarcas no apareció el tema. No hubo tiempo", dijo el presidente de esa Comisión, el senador nacionalista Ruperto Long.

Long, que realizó fuertes declaraciones públicas en 2004 contra la corrupción estatal, sigue pensando que en Uruguay "no existe una política de construir trabas para la corrupción". El senador aseguró que la consulta para esta nota le reavivó el interés por la suerte de la olvidada Junta Anticorrupción. "Lo voy a estudiar para llevarlo a la Comisión", dijo.

Mientras, la imagen en la Junta es de desolación. La única información que tienen de lo que sucede con ellos es por la prensa.

No les tomaron en cuenta ninguno de sus pedidos ni proyectos. Y las nuevas autoridades, cuando las designen, encontrarán los mismos problemas y una Ley de Presupuesto que no les da nuevos recursos.

Sambarino, que dijo ocupar un cargo técnico y no político, aseguró que no comprende la indiferencia general. "No le puedo responder por qué no hay interés", afirmó. "No sé, los tres partidos políticos tendrían que tener interés en ser lo más transparentes posible. No sé".