Ha nacido un ñoqui

Leonardo Haberkorn

El ciclón ya se olvidó. Los diez muertos están bien enterrados. Pero todavía nadie ha sido sancionado en la Dirección Nacional de Meteorología por los graves errores cometidos aquel día en que el viento no sopló a 60 kilómetros por hora sino a 180. "El asunto está en trámite", dijo el director nacional de Meteorología, Raúl Michelini.

No es de extrañar que así sea. Los funcionarios públicos pueden cometer impunemente errores, omisiones, faltas y hasta delitos que un empleado privado pagaría muy caro sin tanto "trámite".

El 30 de abril este suplemento publicó un informe sobre el penoso estado en el que está la enseñanza pública secundaria.

En aquella nota, la inspectora Nelda Teske, que fue consejera de Secundaria hasta el 30 de marzo, relató cómo muchos profesores y directores de liceos que cometen faltas gravísimas siguen tan campantes su carrera docente.

Teske narró que mientras ella integró el Consejo de Secundaria se hacían entre cuatro y cinco sumarios al mes por faltas diversas, incluyendo muchas por "problemas morales".

"Últimamente se están dando muchísimos casos de manoseos e insinuaciones en el relacionamiento docente-alumna", dijo. Agregó también que, como los docentes tienen estatus de funcionarios públicos, es casi imposible expulsarlos de la enseñanza estatal, no importa cuántas alumnas hayan manoseado.

"Los sumarios son interminables y todo termina en un traslado, muchas veces a un sitio mejor, debido a que el cambio de lugar de trabajo no puede afectar sus ingresos de docente", explicó la ex consejera.

Esta grave denuncia no provocó efecto alguno, ni ninguna reacción política. Será porque en los liceos públicos hoy sólo estudian los pobres.

Hace unos meses, los medios dieron una pequeña noticia cuyo desenlace muestra hasta qué punto son ciertas las apreciaciones de la inspectora, y no sólo en la enseñanza pública sino en el Estado todo.

El 29 de junio El País informó que el gerente de Industrialización de Ancap había sido "separado de su cargo por facilitar información a una empresa argentina, lo que le permitió a ésta adjudicarse una importante licitación para comprar fuel-oil".

La noticia fue dada en varios medios y luego rápidamente olvidada. Nadie más habló del gerente de Industrialización de Ancap —que es ni más ni menos que la autoridad máxima de la refinería de La Teja—, ni de lo que ocurrió con él desde entonces.

Esta semana, en una carta publicada en La República, un tal "Pedrín" se preguntó si era cierto que el gerente había vuelto a la empresa, con un nuevo cargo.

Hechas las averiguaciones, lo que pasó es lo siguiente:

Ancap realizó una investigación interna y el jefe de la planta de La Teja fue sumariado. "Se recorrieron todos los caminos que hubo que recorrer, todo fue transparente", dijo el presidente de la compañía, Daniel Martínez.

Aunque la falta cometida era grave, la comisión sumariante encontró dos atenuantes: por un lado, el gerente admitió su culpa; por otro, no se constató que se hubiera enriquecido con la información que filtró a la empresa argentina. También se concluyó que, como consecuencia de la falta cometida, no hubo una pérdida de dinero para Ancap.

De todos modos, el directorio de la empresa entendió que la falta cometida por el jefe de la refinería era grave: por eso se lo suspendió por un mes y, lo más importante, se lo retiró del cargo que ejercía, uno de los principales de la compañía. "No se comprobó que haya recibido dinero, pero el simple hecho de haber hecho ese comentario a otra empresa —que él admitió— es gravísimo", dijo Martínez.

El presidente de Ancap explicó que hoy ya hay otro gerente de Industrialización en lugar del sancionado. "El ex gerente va a quedar de asesor, en una oficina. De ser un gerente que mandaba a 900 personas en La Teja, pasó a ser un empleado solo, que depende de una jefatura", explicó Martínez.

Ser gerente de Industrialización de Ancap es uno de los mejores empleos que puede soñar un uruguayo. Según el último listado de sueldos públicos difundido en la página de Presidencia en internet durante el gobierno de Jorge Batlle (la administración Vázquez retiró esa información), el sueldo del jefe de la planta de La Teja era de 63.754 pesos nominales, una cifra que con el último aumento registrado llegó a los 65.280.

"Es una vez y media mi sueldo", dijo Martínez, el presidente de la empresa.

El gerente ahora desplazado a un cargo de "asesor" en una oficina perdida difícilmente vuelva a hacer carrera en Ancap. Su mundo laboral se ha venido abajo en casi todos los aspectos, menos en uno: su sueldo permanece y permanecerá intacto.

Ahora Ancap tiene un solo gerente de Industrialización, pero dos personas que cobran su salario.

"En la administración pública no se pueden bajar los sueldos. Nos los baja nadie ni a garrotazos. Legalmente con el sueldo no se puede hacer nada", explicó Martínez. El gerente ya no tendrá gente a su mando ni responsabilidades, lo que haga o deje de hacer ya no definirá nada importante en Ancap. Sin embargo, seguirá cobrando cada mes sus 65.280 pesos.

Tenía razón Teske. Así son las cosas en el intocable y fundido Estado uruguayo.

"Es horrible —admitió Martínez—, y es parte de las reformas que hay que hacer en el Estado, para modernizarlo y flexibilizarlo".

Lo peor es que el caso está lejos de ser excepcional. En la propia Ancap hay muchos otros idénticos, funcionarios que por una falta grave arruinaron sus carreras, fueron sacados de la línea de mando y colocados como "asesores" en alguna oficina perdida.

En la interna los llaman "cadáveres".

Son los únicos cadáveres del mundo que cobran sueldo.