Claire de Oliveira, AFP

El gobierno brasileño desencadenó una operación sin precedentes contra la corrupción en el Poder Judicial, la Operación Anaconda, que apunta a desactivar una vasta red de venta de sentencias judiciales, en la que participarían jueces, policías y empresarios.

Tras varios meses de investigación secreta, que incluyó la intervención de 181 líneas telefónicas y el allanamiento de 15 departamentos, la policía detuvo el 30 de octubre a nueve sospechosos en San Pablo, incluidos tres jueces y tres policías federales.

Ese mismo día, 140 policías federales trasladados desde Brasilia, para evitar complicidades en la policía federal paulista, allanaron simultáneamente 15 apartamentos en San Pablo. En el apartamento de la ex esposa de uno de los jueces detenidos, Carlos da Rocha Mattos, la policía encontró 500.000 dólares en billetes, 100.000 euros, dos kilos de oro y varios documentos y grabaciones sobre la red de corrupción.

Este martes, la justicia decidió que la ex esposa del juez, Norma Cunha, sea transferida de San Pablo a Brasilia, por considerar que su vida corre peligro porque sabe demasiado sobre la banda dirigida por su ex marido, según la policía.

Esta operación podría tener una consecuencia inesperada: vencer la resistencia de la magistratura a una reforma del Poder Judicial, un proyecto que se arrastra desde hace 11 años en el Parlamento y que el presidente Lula quiere llevar adelante.