Chau deudas infinitas, letra chica y reclamos desatendidos

Por Stella Maris Pusino y Gabriela Rocha

Eso de que no leí la letra chica no corre más: los contratos firmados entre usuarios e instituciones financieras deberán tener como mínimo una letra de diez puntos de tamaño.

Se trata de uno de los puntos de la circular 2.016 del Banco Central del Uruguay (BCU) que comienza a regir el 1º de julio y que vela por una mayor transparencia en la relación entre clientes y empresas. Mientras, las entidades están preocupados porque se avecinan cambios importantes al funcionamiento de su negocio.

La designación de una persona que esté al frente de la oficina de reclamos -a quien los usuarios puedan acceder en caso de problemas- y que las instituciones no puedan modificar los contratos sin el consentimiento de los clientes -como el incremento del límite de crédito de la tarjeta-, son otros de los elementos destacados de la circular, disponible en www.bcu.gub.uy .

El texto también acota los pagos mínimos. No es un tema menor teniendo en cuenta que hasta ahora se podía pasar años pagando ese monto y, por tanto, aumentando cada vez más el capital adeudado y sus intereses; a partir del próximo mes se deberá acordar con el banco un plazo para llegar a un momento en que el crédito culmine.

Y hay más. La circular señala que, cuando la persona firma un contrato, la empresa le debe entregar una cartilla donde se detallan las tasas, el límite de crédito y el costo anual y que en los cajeros automáticos debe figurar si se cobra por las operaciones.

Asimismo, se prohiben prácticas abusivas como dar por sentado que, si una persona no responde a un planteo de la empresa, está tácitamente aceptándolo.

El costo del cambio

Para las empresas, la circular implica importantes cambios a su negocio y no faltan quienes consideran excesivas algunas de las disposiciones.

Si bien ya hace dos años las instituciones estaban advertidas sobre la posibilidad de su entrada en vigencia -e incluso fueron consultados al momento de su elaboración-, algunas deberán pedir prórroga porque no llegan a la fecha fijada el primero de julio. Tampoco faltan las quejas por una reglamentación que, consideran, legisla por casos mínimos.

Valentín Malachowski, gerente general de Discount Bank, da por hecho que los bancos velan por una relación fluida con los clientes, pero que una de las protestas del sector radica en el incremento de los costos al tener que adaptar los sistemas informáticos y modificar la papelería según condiciones de diagramación y tamaño -un contrato de cuatro páginas llevará ocho-.

El ejecutivo consideró también que el sumar procesos puede molestar a los usuarios y, en algunos casos, "cuando el banco le exija a la persona asistir sólo por una firma y, si no lo ubica (porque está de viaje o se mudó), posiblemente se caiga la tarjeta".

A su turno, Gerardo Sansberro, gerente de tarjetas de crédito del Nuevo Banco Comercial, opinó que algunos aspectos implican "generar información al cliente con beneficios mínimos".

La Cámara Uruguaya de Tarjetas de Crédito y Compra procura introducir algunos cambios a la normativa en los próximos días, aunque institucionalmente prefirió por el momento no dar detalles de los mismos ni del avance de las negociaciones en ese sentido.