Carvalho: "Se necesita reformar los procesos de contralor y el Tocaf"

¿Por qué se dieron tantas vueltas para elegir a las agencias de publicidad de Antel?

Primero, la legislación uruguaya es muy compleja en materia de compras del Estado y los procedimientos son lentos porque deben ofrecer garantías. Los trámites al Tribunal de Cuentas llevan su tiempo y, cuando el objeto que se licita es una cuenta tan valiosa como la de Antel, todos quienes intervienen legítimamente interponen todos los recursos y medios que la ley pone a su disposición para defender su interés. En algunos casos, como este, lleva a demoras que lamentamos, pero no tenemos forma de evitar.

¿Qué se podría hacer para evitarlo?

Creo que el país necesita una reforma de los procedimientos legales y constitucionales de contralor. Que deberían dejarse más oportunidades de actuar a las administraciones públicas, con un control a posteriori que extreme el nivel de responsabilidad, que sancione con la mayor severidad a quienes incumplan contratos.

Pero que en definitiva desate un poquito las manos de los administradores públicos para mejorar los tiempos del Estado.

Aplicado a la adjudicación de una cuenta publicitaria del Estado ¿cómo sería este sistema?

Habría que pensar en una modificación general del Tocaf (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera). Yo creo, sin menguas de las garantías, que hay que simplificar los procedimientos. Hay que concentrar las decisiones en los directorios y hay que darles un cierto margen para que, cuando se necesite urgencia en una decisión, se pueda tomar. En el caso de Antel hemos conseguido para los servicios en competencia una habilitación de este tipo, con todas las garantías, recurriendo al procedimiento de compra directa, que nos permite además subastar y quedarnos con el precio más bajo de la forma más práctica. Y eso es público, sometido al Tribunal de Cuentas, pero abrevia procedimientos.

Igualmente querría modificar el sistema general...

Creo que ya no se adapta a las necesidades actuales de la administración pública y que debería ser objeto de una simplificación importante. Me consta que se ha trabajado, que hay destacados especialistas que han llegado a proyectar las normas. Pero sin dudas hay que aligerar procedimientos porque, de lo contrario, los tiempos del Estado no son los tiempos de la sociedad y todo esto termina con la prestación de un peor servicio que si se pudieran tomar las decisiones en tiempo oportuno. El retardo siempre es un gasto y un costo. Quien se presenta y sabe que tal vez le va a ser adjudicado el servicio dentro de un plazo indefinido tomará precauciones a la hora de fijar precios.