Uno de los temas que integran la agenda de la nueva directiva de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU) es la regulación del sector a través de una ley cuya sanción viene dilatándose. Sobre esta cuestión, sumada al impacto de la reforma tributaria, y sospechas de lavado de dinero, El Empresario dialogó con las nuevas autoridades de la gremial, Pedro Gava y Domingo Ayarza, presidente y vice, respectivamente.

La CIU está integrada por unas 400 inmobiliarias con creciente representatividad en el interior del país y es la voz de un sector amenazado por el informalismo que, prevén, recrudecerá una vez aplicada la reforma tributaria.

A juicio de la gremial, con la aplicación del nuevo esquema impositivo, los precios de los alquileres subirán y, a pesar de que habrá cierta retracción, la gran demanda de propiedades en alquiler permitirá sostener el mercado. "Los precios tendrán un incremento del 10% sobre la inflación proyectada" explicó Ayarza, pero según Gava "donde se va a complicar la cosa", será en el sector de alquiler por temporada, porque allí la informalidad es muy fuerte. Por eso, la gremial insiste en la regulación de la actividad para echar un manto de transparencia. El proyecto de ley que impulsan pretende que la actividad sea ejercida "únicamente por operadores inmobiliarios inscriptos y matriculados" en un registro a crearse.

En el horizonte cercano, la venta de propiedades entrará en un compás de espera por unos meses para luego comenzar a moverse paulatinamente. "El dinero se sigue desvalorizando y el que tiene dólares va a tener que invertirlos" aseguró Gava, porque la inversión en ladrillos sigue siendo segura, sobre todo para los que pueden esperar. "Ni qué hablar de la tierra, que cada día vale más". Para Gava, los uruguayos "estamos bendecidos" por no tener gente. "Algún día tendríamos que salir a vender el Uruguay para atraer residentes extranjeros ricos, pero no tiene que ser un hecho aislado sino formar parte de una política nacional", enfatizó.

Los mejores valores se están dando en los terrenos agrícolas que se revalorizaron, en algunos casos, hasta 10 veces. "Campos que valían U$S 300 hoy valen U$S 1.500 la hectárea", grafica.

Y se realizan buenas ventas de predios. "El Banco de Seguros vendió una propiedad de 120 hectáreas frente al Aeropuerto de Punta del Este en unos U$S 6 millones; y se vendió un predio en Rocha lindero con Maldonado en U$S 30 millones. La venta de tierras a extranjeros "es dinero fresco que entra al país" aseguró.

Reforma. La comisión que cobran las empresas por una transacción inmobiliaria es de 3%. Hasta el 1° de julio pagan el IVA (23%) y el impuesto a las comisiones (9%). Después de julio, el IVA baja al 22%, y el 9% se transforma en "un 20% o 25%", algo que todavía no está muy claro, reconocen. Los alquileres, que hoy no tributan nada, van a pagar alrededor del 12% del bruto, porcentaje que seguramente se trasladará a los inquilinos.

Por efecto de la reforma, la actividad del sector en el corto plazo va a disminuir. "Pero en el mediano plazo se va a ir acomodando para pasar luego a una situación muy buena porque a largo plazo el inmueble siempre gana, es el mejor ahorro", dijo el presidente de la CIU.

Lavado. La consultora KPMG divulgó hace unos días una encuesta realizada entre ejecutivos financieros, que arrojó datos fuertes sobre el lavado de activos en el Uruguay. Allí se mencionaba que "el sector inmobiliario y el de la construcción, en su conjunto, fueron señalados como los preferidos por las organizaciones internacionales para llevar a la práctica el ilícito".

Sobre el particular, Gava señaló enfáticamente que esa "fue una bomba que tiraron para enlodar al sector o para tapar algo que no es conveniente" y que preparan un comunicado conjunto con la Cámara de la Construcción sobre tales afirmaciones.